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Representante Regional efectuó misión a Ecuador y participó en lanzamiento de nueva política pública de rehabilitación social

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La misión se llevó a cabo entre el 20 y 24 de febrero de 2022 e incluyó actividades con autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos.

QUITO (28 de febrero de 2022) – El Representante Regional de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, visitó Ecuador entre el 20 y 24 de febrero de 2022, por invitación del Presidente de la República, Guillermo Lasso. La misión incluyó actividades con autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos.

Lanzamiento nueva política pública de rehabilitación social

El 21 de febrero, el Representante participó en el Palacio Presidencial en Quito del lanzamiento de la nueva política pública de rehabilitación social, la cual fue elaborada con la asistencia técnica de la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos. “La política pública se ha nutrido de experiencias de otros países y estándares internacionales de derechos humanos, ha sido co-construída con las organizaciones de la sociedad civil y la academia, y ha conversado con las familias y las propias personas privadas de libertad”, destacó el Representante durante el evento.

“Esta escucha, aportes y participación complementarias son las que dan una perspectiva práctica de lo que deberían ser los servicios, atenciones, programas y proyectos al interior de los centros de privación de libertad, de manera a que las personas privadas de libertad puedan tener acceso a sus derechos que deben ser garantizados.” Por otro lado, Jarab también resaltó ciertos desafíos que presentará la implementación de dicha política pública.

El Presidente Lasso, en tanto, afirmó en el lanzamiento que las personas condenadas pueden ser privadas de libertad, pero no de sus otros derechos humanos –a la salud, educación y trabajo, entre otros– y reiteró su firme voluntad de reorientar la política pública en rehabilitación social hacía un enfoque basado en los derechos humanos. Asimismo, el Presidente anunció medidas que permitirán la liberación de unas 5.000 personas privadas de libertad.

Posteriormente, el 25 de febrero, la Sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, a través de su portavoz Ravina Shamdasani, también reconoció la calidad prometedora de la nueva política pública.

Otras reuniones

En los días siguientes, el Representante se reunió con otras autoridades ecuatorianas para profundizar en la búsqueda de las soluciones a la crisis penitenciaria que enfrenta el país, tales como la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el Director del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), General Pablo Ramírez. En esta última reunión, el Representante fue acompañado por la Coordinadora Residente de la ONU en Ecuador, Lena Savelli, quien reiteró la disposición del Sistema ONU de seguir contribuyendo a la reforma penitenciaria.

En la Asamblea Nacional, Jarab se reunió con el Presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad del órgano, Fernando Cabascango; así como con el Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Ramiro Narváez. Los encuentros se enfocaron en la necesidad de una reforma penitenciaria y en la propuesta legislativa sobre uso de la fuerza.

Mientras, en una reunión con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, el Representante abordó el tema carcelario, así como la protección de personas defensoras de derechos humanos. Por otra parte, el encuentro con el Defensor del Pueblo, César Córdova, se enfocó en la contribución a la nueva política pública hecha por el Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura, además de la necesidad de fortalecer dicho Mecanismo.

Las reuniones del Representante de ONU Derechos Humanos con la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos se enfocaron en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el contexto de actividades empresariales que afectan a pueblos afrodescendientes, indígenas y otras comunidades vulnerables. Se abordaron, entre otros, la necesidad de justicia y reparación integral para las víctimas en los casos Furukawa, Hidrotambo y Barranquilla. En dichos encuentros, el Representante expresó su máxima preocupación por las prácticas de criminalización y acoso judicial a personas defensoras de derechos humanos y su pleno apoyo para una amnistía a todas las personas defensoras injustamente criminalizadas.

FIN

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