SANTIAGO (2 de septiembre de 2020) – El Representante para América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, se reunió virtualmente con Wilder Tayler, nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay (INDDHH).
Durante el encuentro, Jarab felicitó al titular del INDDHH por su reciente asunción como Presidente del Consejo Directivo -integrado por cinco directores-, cargo rotativo en el que estará un año.
En el diálogo, los representantes intercambiaron puntos de vista sobre diversas situaciones de derechos humanos que atraviesa el país y que son de preocupación para ambos mandatos. En este contexto, Jarab también manifestó preocupación sobre los ataques al rol y la autonomía de la institución nacional provenientes de varias autoridades y otros actores de la sociedad y afirmó que la Oficina del ACNUDH considera al INDDHH como un interlocutor cercano e importante.
En tal sentido, Jarab subrayó que las instituciones autónomas de derechos humanos del mundo, como la INDDHH, tienen un rol indispensable de la institucionalidad del Estado de derecho del siglo XXI. También se refirió al protagonismo de este tipo de instituciones en la promoción de los derechos humanos, buscando que se aseguren mejores niveles de protección a los titulares de derechos y velando porque no existan retrocesos para garantizarlos.
El Representante destacó, además, la estrecha relación existente entre ambas instituciones desde la creación del INDDHH en 2008 y puesta en marcha en 2012, así como el compromiso por parte del ACNUDH de continuar cooperando en asuntos de interés mutuo tal como lo hace la Oficina en los diversos continentes.
La INDDHH de Uruguay es una de las 80 instituciones acreditadas ante la Alianza Global para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), y cuenta con la clasificación más alta (clase A) por su conformidad con los Principios de París. Estos principios incluyen el mandato de supervisar cualquier situación de violación de los derechos humanos; ser capaz de asesorar al gobierno, al parlamento y a cualquier otro órgano competente sobre violaciones específicas en la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; mantener relaciones con las organizaciones regionales e internacionales; contar con un mandato de educar e informar en materia de derechos humanos; y finalmente tener competencias cuasi judiciales.
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