NUEVA YORK / GINEBRA (30 de septiembre de 2020) – La Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó este miércoles que de forma consistente recibe información sobre intimidación y represalias contra víctimas, integrantes de la sociedad civil y activistas por cooperar con las Naciones Unidas, aun cuando muchas actividades de la ONU han sido canceladas desde marzo de 2020 debido a restricciones relacionadas a la COVID-19.
En un nuevo informe del Secretario General de la ONU, presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dice que ha documentado presuntas represalias en 45 países, pero que estas representan solo una fracción del número real de incidentes cometidos, principalmente por los Estados, pero también por actores no estatales.
“Este año, dado el importante cambio en la interacción con la ONU debido a la pandemia, imaginamos que las cifras bajarían, pero lamentablemente no ha sido el caso. Por el contrario, me preocupa que esto pueda ser incluso una señal de que los casos han aumentado”, dijo la Subsecretaria General de Derechos Humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, quien presentó el informe y sostuvo un debate virtual con los Estados Miembros el miércoles.
En el informe también se señalan algunos entornos represivos o restrictivos que conducen a la autocensura y, por lo tanto, a una menor cooperación con la ONU.
El informe demuestra la clara dimensión en el espacio digital que involucra a aquellos que cooperan con la ONU, mostrando que el enfoque no solo tiene lugar en las instalaciones de la ONU. En el ámbito digital, los casos van desde activistas y periodistas atacados en las redes sociales después de hablar en una reunión de la ONU, hasta ser sancionados por enviar información o comunicarse electrónicamente con la ONU. Algunas de estas comunicaciones a la ONU se pensaba que eran privadas, lo que expone el grado de vigilancia y las fisuras en la seguridad digital que enfrentan activistas y periodistas.
El Secretario General señala en el informe que: “Dado que nuestro trabajo se realiza cada vez más de manera virtual como resultado de la COVID-19, debemos asegurarnos que la participación siga siendo significativa, eficaz, fácilmente accesible y libre de intimidación o represalias de cualquier tipo”.
El informe detalla los numerosos casos de activistas que sufrieron detenciones prolongadas y penas de prisión, incluidos algunos casos particularmente graves de malos tratos y tortura. “Una de las violaciones más atroces es que las personas pueden sufrir una privación prolongada de libertad por ejercer su derecho a comunicarse con la ONU, más aún cuando esta detención ha sido declarada arbitraria por expertos de la ONU”, dijo Brands Kehris.
Muchas personas han aparecido en repetidas ocasiones en los informes anuales sobre represalias de la ONU después de haber sido blanco de ataques año tras año, como se detalla en el Anexo II del informe. El Secretario General reafirma en el informe su preocupación de que “los incidentes repetidos pueden señalar patrones”, y múltiples actores de la ONU han identificado patrones en ciertos países en el informe.
El informe completo (en inglés), con anexos que detallan los casos país por país*, está disponible en línea. Es el undécimo informe anual de este tipo del Secretario General sobre represalias.
Las tendencias en la persecución hacia mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y hacia quienes trabajan para proteger sus derechos, incluida la salud sexual y reproductiva, parecen ser particularmente pronunciadas. Se ha informado de amenazas de violación, campañas de difamación en línea, agresión sexual durante la detención y tratos humillantes y degradantes.
El informe señala que entre 2017 y 2019 hubo un aumento en las denuncias de represalias denunciadas públicamente contra mujeres o contra quienes trabajan en temas de derechos humanos de las mujeres y temas relacionados con género. Al mismo tiempo, los casos que no se denuncian públicamente o se mantienen en el anonimato por motivos de protección u otras preocupaciones son predominantemente de mujeres.
También se enfatizan los riesgos que enfrentan los jóvenes activistas y representantes de comunidades indígenas y grupos minoritarios. “Entre los muchos grupos amenazados, ahora estamos recibiendo más preocupaciones de los jóvenes involucrados en protestas y de aquellos que utilizan los foros de la ONU para defender sus derechos”, dijo Brands Kehris. “Los grupos que reclaman derechos sobre la tierra y los recursos y que hablan sobre preocupaciones ambientales y de desarrollo, en particular de las comunidades afectadas, son perseguidos año tras año”.
El informe señala el pesar del Secretario General de que “el uso de argumentos y legislación de seguridad nacional y estrategias de lucha contra el terrorismo por parte de los Estados como justificación para bloquear el acceso a la ONU o como castigo por interactuar con ella” continúa en “niveles alarmantes”. El informe incluye ejemplos de leyes antiterroristas radicales a nivel nacional, que inhiben el compromiso internacional. Además, detalla casos de personas acusadas de terrorismo, acusadas de cooperación con entidades extranjeras o acusadas de dañar la reputación o la seguridad del Estado.
“Las nuevas circunstancias en las que nos encontramos exigen más voces en la mesa, no menos. Si queremos estar a la altura de las circunstancias, debemos ser creativos en el desarrollo de nuevas formas, o la transformación de los métodos existentes, para que nuestros socios cooperen de forma libre y segura con la ONU”, dijo Brands Kehris. “Estoy comprometida a hacer esto de manera proactiva con los Estados Miembros, los actores de la sociedad civil y otras partes interesadas”.
* Los 45 países vinculados a casos enumerados en el informe principal y en los Anexos I y II son:
Argelia, Andorra, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Camboya, Camerún, China, Colombia, Comoras, Cuba, Djibouti, República Democrática del Congo, Egipto, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Irán, Israel, Kazajstán, Kuwait, República Democrática Popular de Laos, Libia, Malí, México, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Filipinas, Polonia, Federación Rusa, Arabia Saudita, Sudán del Sur, Sri Lanka, Estado de Palestina, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam y Yemen.
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Fuente: ONU Derechos Humanos
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