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Perú: nueva ley de protección policial “abre espacios de impunidad”, alerta ONU Derechos Humanos

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Foto. ONU

SANTIAGO (1 de abril de 2020) – Perú debe revisar su nueva ley para la protección de la policía nacional, por cuanto abre espacios para la impunidad, alertó el Representante en América del Sur* de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

De acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Perú, el Estado debe investigar todas las denuncias de violación del uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, la reciente Ley No. 31012 -adoptada por la anterior legislatura en julio de 2019, y promulgada hace unos días- contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, los que deben regir toda actuación de las fuerzas de orden y seguridad.

“Hacemos un llamado urgente al Congreso del Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Es un retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia de uso de la fuerza”, lamentó Jarab.

Preocupa a la Oficina Regional que por medio de la nueva norma se deroga el principio de proporcionalidad, que impide que las y los funcionarios policiales actúen de forma excesiva o arbitraria; como también que se siga legitimando la exención de responsabilidad penal a las y los funcionarios policiales que hagan uso de la fuerza.

Sobre la prohibición -también establecida en la nueva ley- de dictar mandatos de detención preliminar judicial u ordenar prisión preventiva para policías investigados por delitos, Jarab explicó que “la adopción de una medida cautelar debe ser resuelta exclusivamente por un juez, con base en los antecedentes de la causa y audiencias de las partes”.

El Representante de ONU Derechos Humanos se mostró especialmente preocupado pues la norma entra en vigor mientras el país ha decretado medidas de emergencia, incluyendo el especial despliegue de personal policial y militar, para afrontar la pandemia de COVID-19.

“En el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente a COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, explicó.

Jarab recordó que su Oficina ha acompañado al país en el desarrollo de normativa sobre uso de la fuerza y que ha seguido de cerca el proceso de esta nueva ley, trasladando a las autoridades peruanas sus preocupaciones al respecto en diversas oportunidades.

“Como Oficina del Alto Comisionado en América del Sur seguimos a disposición para apoyar en la armonización de las leyes con el derecho internacional de los derechos humanos, así como para compartir las mejores prácticas de los Estados en materia de uso de la fuerza”, garantizó.

El Representante concluyó instando a las autoridades nacionales a volcar sus esfuerzos a dotar de capacidades adecuadas a las fuerzas policiales, a invertir en su profesionalización y en la mejora en sus condiciones laborales, como también a nivel de rendición de cuentas.

FIN

*La Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH tiene sede en Santiago y trabaja con ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Más información. Conoce más sobre el Representante Regional, Jan Jarab.

Para solicitudes de prensa, favor contactar a: María Jeannette Moya, oficial de comunicaciones ACNUDH América del Sur (+56979996907 / mmoya@ohchr.org).

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