La Convención Constitucional de Chile cumplió esta semana cien días desde su instalación, tiempo en que los derechos humanos han ocupado un importante lugar en la agenda del órgano constituyente. Se trata de un «indicio alentador», de acuerdo al jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, quien escribe para el medio internacional The Washington Post sobre el proceso y la asistencia técnica que brinda su Oficina a la Convención.
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La priorización de los derechos humanos en la Convención Constitucional de Chile es un indicio alentador
Opinión de Jan Jarab, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Han pasado casi dos años desde que más de un millón de personas en Chile salieron a protestar contra la desigualdad en el país. Tras ello sobrevino una crisis política, social y de derechos que, de acuerdo con nuestra documentación desde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dejó en los primeros meses más de 25 muertes y cientos de personas con trauma ocular, además de muchas otras heridas, detenidas o víctimas de violencia sexual.
Un año después, y por primera vez en estas materias en sus más de dos siglos de vida independiente, el pueblo de Chile fue consultado y, mediante el sufragio, cerca de 80% tomó dos grandes decisiones: redactar una nueva Carta Fundamental en reemplazo de la vigente —heredada de la dictadura de Augusto Pinochet—, y que el órgano encargado de esta histórica tarea sería una Convención Constitucional.
Esta semana, la Convención Constitucional de Chile ha cumplido 100 vertiginosos días desde su instalación. En tiempos críticos para la confianza en la política y sus instituciones, son pocos los procesos que gozan de tanta legitimidad de origen no solo en Chile, sino en el mundo. Pero esta legitimidad de base se debe consolidar poniendo la protección de derechos humanos como pilar de la nueva Constitución. Y estos 100 días han dado un indicio alentador de lo que podemos esperar de este proceso.
Ya en mayo pasado, la votación popular que escogió a las y los constituyentes rompió varios paradigmas del poder: además de que sobre 60% de las 155 personas elegidas no militan en partidos políticos tradicionales, la Convención se conformó según criterios de paridad de género (77 mujeres y 78 hombres) y con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, designando como presidenta del órgano a la académica Elisa Loncon, representante del pueblo indígena mapuche. Así, los pasillos que albergan a la Convención son tal vez de los espacios más diversos que se pueden encontrar en el Chile de hoy. Sin dudas, un golpe de timón.
Tras el inicio de actividades, el equipo de las Naciones Unidas en el país ofreció brindar acompañamiento y asistencia técnica a la Convención. En esa tarea, como Oficina especializada hemos sido testigos directos de la apertura de la mesa directiva, y especialmente de la Comisión Provisoria de Derechos Humanos para recibir esta cooperación, integrando por ejemplo los documentos normativos elaborados por mi Oficina (que contienen orientaciones específicas sobre los tratados, normas y estándares internacionales de derechos humanos) en el informe que compila el resultado de su quehacer, cuestión que ciertamente aplaudimos.
En otra señal alentadora, las comisiones provisorias de la Convención abrieron audiencias públicas en que la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales presentamos orientaciones concretas para la nueva Carta Magna. Estas audiencias también dieron voz a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por otro lado, también en comisión se acordó un informe sobre verdad histórica, reparación y garantías de no repetición respecto a violaciones de derechos humanos contra los pueblos originarios, así como un documento sobre ecocidio en Chile, temas largamente resistidos por sectores de la élite política, pero no por ello menos vivos en el alma del país.
Después de revisar más de 1,100 indicaciones a las propuestas de reglamento emanadas de las ocho comisiones provisorias —activas hasta fines de agosto—, la Convención terminó de aprobar, el 8 de octubre, los cuatro reglamentos necesarios para su funcionamiento: reglamento general; de ética; de participación y consulta indígena; y de participación popular. En menos de 100 días, la Convención se dio a sí misma sus propias reglas, según las cuales la recién creada Comisión de Derechos Fundamentales se encargará de abordar temas como derechos civiles y políticos; individuales y colectivos; también derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, y de grupos como pueblos indígenas y tribales, personas con discapacidad, migrantes, personas de edad, disidencias y diversidades sexuales, y personas privadas de libertad. Esta comisión se dedicará, asimismo, a los derechos económicos, sociales y culturales como al agua y saneamiento, a la vivienda o a la seguridad social y el sistema de pensiones, por nombrar algunos especialmente presentes en las demandas de la sociedad chilena y cuyas falencias han quedado en mayor evidencia a raíz del COVID-19.
Todo esto apunta a que, conforme a la expectativa ante un proceso moderno hacia un nuevo contrato social, en estos primeros 100 días los derechos humanos han estado al centro de las deliberaciones y del trabajo de la Convención, cuestión que nos llena de esperanzas.
Pese a todo lo que se está buscando, los integrantes del órgano constituyente —algunos con larga trayectoria, pero cerca de 80% de ellos recién llegados a la arena político-institucional— han debido “pagar el noviciado” frente a problemas prácticos de infraestructura, internet, contagios de COVID-19 y otros. También se han tenido que enfrentar a polémicas de todo tipo, algunas artificiales y estériles, otras sustantivas y de enorme densidad ética, moral o hasta existencial.Sin embargo, la Convención ha logrado navegar las turbulencias por medio del diálogo, los consensos y el cuidado de su legitimidad frente a la ciudadanía, que es donde reside su poder.
Con estos antecedentes, es de esperar que los derechos humanos sean el corazón de la nueva Constitución, y para ello es necesario que las obligaciones de derechos humanos asumidas por el Estado sean una realidad. Desde las Naciones Unidas continuaremos apoyando al órgano constitucional y a la sociedad chilena en su camino hacia un nuevo pacto social que reemplace la lógica de privilegios y desigualdad por una basada en dignidad y derechos, sin discriminación.
Fuente: Washington Post
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