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ONU Derechos Humanos y Amnistía Internacional Argentina compartieron preocupaciones sobre centros de aislamiento en Formosa

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BUENOS AIRES (10 de febrero) – El 3 de febrero, el Representante Regional de la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, sostuvo una reunión virtual con Paola García Rey, Directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina y Noelia Garone del área de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, con el fin de compartir información y análisis de la situación en la Provincia de Formosa, Argentina.

En la reunión, los representantes de ambas instituciones intercambiaron sus preocupaciones por las medidas tomadas por las autoridades de Formosa –la política adoptada para trasladar a las personas con COVID-19 y las que tan solo estuvieron en contacto con las personas contagiadas de permanecer en centros de aislamiento sanitarios por periodos que exceden, en algunos casos los 20 días, lo que constituiría una privación de libertad de facto–. Además, las personas no contagiadas que se encuentran en los centros tendrían un alto riesgo de contagiarse de las demás, lo que comprometería su derecho a la salud y no resultaría  racional desde la perspectiva de protección de salud pública.

El Representante del ACNUDH expresó particular preocupación por las denuncias que involucran a personas pertenecientes a la comunidad indígena wichi, llevadas a los centros de aislamiento lejos de su domicilio –algunas después de haber participado en protestas–, con el aparente afán punitivo. Asimismo, expresó su preocupación sobre las represalias dirigidas a quienes denuncian esta situación.

“El control de la pandemia es de enorme importancia, pero las medidas adoptadas deben ser respetuosas de los derechos humanos”, sostuvo Jarab. “La Oficina ha desarrollado una guía sobre COVID-19 y derechos humanos a nivel global que puede servir para la orientación en estos temas”, agregó.

Destacó Jarab, que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar el cese de violaciones a los derechos humanos en todo su territorio.

En este contexto, ambas organizaciones acordaron continuar con el intercambio de información y construcción de sinergias.

FIN

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