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Directrices relativas a COVID-19

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Foto: AFP

COVID-19 pone a prueba a sociedades, gobiernos, comunidades y particulares. Esta es una época de solidaridad y colaboración para hacer frente al virus y atenuar los efectos, a menudo no deseados, de las medidas aplicadas para detener su propagación. El respeto de los derechos humanos en todo su espectro, que abarca tanto a los derechos económicos y sociales como civiles y politicos, será fundamental para el éxito de la respuesta de la sanidad pública.

Acceso a la atención médica

  • Las estrategias sanitarias deberían abordar no solo las dimensiones médicas de la epidemia, sino también sus aspectos de derechos humanos y las consecuencias de género de las medidas adoptadas en el marco de la respuesta sanitaria. 
  • Los tratamientos deben estar disponibles para todo el mundo, sin discriminación. Esto quiere decir que es preciso velar por que a nadie se le deniegue el tratamiento por falta de recursos económicos para pagarlo o por motivo de estigmatización.

Medidas de emergencia

  • Los gobiernos deben tomar decisiones difíciles para responder al COVID-19. El derecho internacional permite la adopción de medidas de urgencia en respuesta a amenazas de gran entidad, pero a condición de que esas medidas sean proporcionales al riesgo previsto, sean necesarias y se apliquen de forma no discriminatoria. Esto significa que dichas medidas deben tener una orientación y una duración específicas, y que han de aplicarse de la manera menos invasiva possible, con miras a proteger la salud pública.
  • En lo tocante al COVID-19, los poderes de emergencia deberán utilizarse con fines legítimos de salud pública y no como una base para aplastar a la disidencia o silenciar la labor de periodistas y activistas de derechos humanos. Algunos derechos no pueden derogarse, entre otros el principio de no devolución, la prohibición de la expulsión colectiva, la prohibición de la tortura y los malos tratos, y la protección contra el uso de la detención arbitraria. 
  • Los gobiernos deben informar a la población afectada sobre el significado del estado de emergencia, dónde se aplica y por cuánto tiempo se supone que estará en vigor. 
  • Una vez que concluya la situación de emergencia, el gobierno debería gestionar la vuelta a la normalidad y no aprovechar los poderes de urgencia para regular indefinidamente la vida cotidiana, reconociendo que la respuesta debe ajustarse a las necesidades que planteen las diversas etapas de la crisis.

Que nadie quede atrás

  • En todas las sociedades hay personas marginadas que afrontan dificultades para acceder a la información y los servicios públicos por una amplia gama de razones, algunas de las cuales reflejan el arraigo de la discriminación o las divergencias políticas. En la información relativa al COVID-19 y los esfuerzos para combatirlo será preciso poner especial cuidado para identificar a las personas que podrían estar en peligro de omisión o exclusión, tales como los miembros de minorías nacionales, étnicas o religiosas, los pueblos indígenas, los migrantes y refugiados, las personas de edad avanzada, las que viven con discapacidad y los miembros del colectivo LGBTI. 
  • Las instituciones nacionales de derechos humanos y las entidades de la sociedad civil pueden ayudar a identificar a las personas que, de otra manera, se verían omitidas o marginadas, mediante el apoyo de la circulación de información entre esos colectivos y comunicando a las autoridades los datos relativos a la repercusión de las medidas aplicadas sobre dichas comunidades.

Vivienda

  • Cuando se pide a la población que permanezca en sus hogares, es fundamental que los gobiernos adopten medidas urgentes para ayudar a las personas que carecen de viviendas adecuadas. Las medidas de confinamiento domiciliario y de distanciamiento social aplicadas con motivo del COVID-19 deberían tener en cuenta que su aplicación es muy difícil para algunas personas que viven en condiciones de hacinamiento y para las que carecen de acceso al agua y los saneamientos.
  • Entre las prácticas idóneas para abordar la situación de los indigentes y las personas que carecen de viviendas adecuadas figuran la provision de alojamientos de emergencia (entre otros, mediante el uso de casas vacías y abandonadas y el alquiler de apartamentos a corto plazo), con prestación de servicios para quienes estén infectados por el virus y deban mantenerse aislados.
  • Las autoridades deben poner especial cuidado en prevenir el aumento del número de indigentes, por ejemplo, en los casos de deshaucios de personas que por pérdida de ingresos son incapaces de pagar el alquiler o la mensualidad de la hipoteca. Las prácticas idóneas, tales como el aplazamiento de los deshaucios y las moratorias del pago de las hipotecas, deberían aplicarse ampliamente.
  • Dondequiera que se apliquen medidas de contención de la pendemia, las autoridades deben abstenerse de castigar a los indigentes o a quienes residen en viviendas inadecuadas.

Personas con discapacidad

  • Las medidas de contención, tales como el distanciamiento social y la autocuarentena, deben tener en cuenta las necesidades de quienes dependen de otras personas para alimentarse, vestirse o asearse.
  • Muchas personas, entre ellas las que viven con discapacidades, dependen de servicios domésticos o comunitarios. Esos servicios deberían contribuir a minimizar los riesgos, y los Estados deben aplicar medidas adicionales para asegurar la continuidad del apoyo a las personas con discapacidad a lo largo de la crisis. En caso de que las limitaciones de movimiento impidieran el funcionamiento de las redes de apoyo familiar o social existentes, dichos dispositivos deberían sustituirse por otros servicios.
  • El acceso a la ayuda económica adicional también será decisivo para las personas con discapacidad y sus familias, ya que muchas de ellas dependen de servicios que han sido suspendidos y quizá carezcan de recursos para almacenar alimentos y medicinas o para pagar por entregas a domicilio.

Personas detenidas o recluidas en instituciones

  • Las personas que están privadas de libertad, ya sea porque se encuentran encarceladas, en prisión preventiva o se hallan recluidas en centros para migrantes u otros lugares de detención, corren un riesgo mayor de contraer una infección en caso de un brote epidémico. En esas condiciones existe un grave peligro de contaminación y resulta más difícil establecer la distancia social. Su situación debe abordarse de manera específica en el contexto de la planificación y la respuesta a la crisis. 
  • Los Estados deben adoptar medidas especiales para velar por el acceso a la información, la prevención y otros aspectos del cuidado sanitario de todas las personas privadas de libertad y deben examinar de manera urgente las opciones para ponerlas en libertad y las alternativas a la detención, a fin de atenuar el riesgo de que puedan enfermar en los centros de reclusión. 
  • La situación de las personas con discapacidad que viven en instituciones es particularmente grave. Las limitación del contacto con los familiares puede justificarse como parte de las medidas sanitarias de emergencia, pero también puede dar por resultado que los internos con discapacidad queden más expuestos al abandono y el mal trato.

Vea la Orientación provisional sobre COVID-19: Enfoque en personas privadas de libertad* (PDF)

Información y participación

  • La información pertinente relativa a la crisis debe llegar a todas las personas, sin excepción. Esta obligación exige que dicha información esté disponible en formatos y lenguas fácilmente comprensibles, que se adapte a las necesidades específicas de los destinatarios -comprendidos los que padecen discapacidades visuales y auditivas- y que sea accesible también a quienes no pueden leer o tienen una capacidad limitada de hacerlo. 
  • El acceso a Internet es esencial para garantizar que la información llega a todos los infectados por el virus. Los gobiernos deben poner fin a todas las restricciones que limitan el uso de Internet y velar por que el acceso a sus servicios sea el más amplio posible, y también deben tomar medidas para cerrar la brecha digital, en particular la brecha de género.
  • Las personas tienen derecho a participar en la adopción de las decisiones que afectan a sus vidas. La apertura, la transparencia y la participación de los interesados en la toma de decisiones son aspectos fundamentales para asegurar que las personas toman parte en las medidas orientadas a proteger su salud y la de la población en general.
  • Los profesionales de la medicina y los expertos competentes, entre ellos los científicos, deben tener la posibilidad de expresarse libremente y de intercambiar información entre sí y con la población. Es preciso realizar esfuerzos coordinados a escala nacional e internacional para contrarrestar toda información falsa o engañosa susceptible de fomentar el miedo y los prejuicios.
  • También es fundamental la incorporación de las perspectivas, opiniones y conocimientos de las mujeres con el fin de prepararse ante los brotes epidémicos y responder a ellos, lo que incluye velar por su representación y liderazgo en las instancias mundiales, regionales y nacionales que se encargan del COVID-19.

Estigmatización, xenofobia y racismo

  • La pandemia del COVID 19 está generando una ola de estigmatización, discriminación, racismo y xenofobia. Es preciso que aunemos esfuerzos para hacer retroceder esta tendencia, lo que incluye el uso del término COVID-19 para nombrar la enfermedad, en vez de usar una referencia geográfica. 
  • Los dirigentes politicos y otras figuras influyentes deberían manifestarse decididamente en contra de la estigmatización y el racismo que esta crisis ha generado y deberían abstenerse por todos los medios de azuzar las llamas de la discriminación. Los Estados deben actuar con celeridad a fin de contrarrestar la retórica que fomenta el miedo y velar por que sus respuestas al COVID-19 no contribuyan a aumentar la vulnerabilidad a la violencia y la discriminación de determinados grupos de población.
  • La difusión de información exacta, clara y de base empírica y las campañas de sensibilización son los instrumentos más eficaces contra la discriminación y la xenofobia, que se alimentan de la desinformación y el miedo. Es preciso realizar esfuerzos adicionales para vigilar los incidentes de discriminación y xenofobia, y las respuestas a dichos incidentes deberían ser rápidas y recibir amplia publicidad.

Migrantes y refugiados

  • Los migrantes y los refugiados se enfrentan a riesgos específicos, porque pueden estar confinados en campamentos y recintos o pueden vivir en barrios urbanos miserables, en condiciones de hacinamiento, con pocos saneamientos y servicios de salud sobrecargados o inaccesibles.
  • A menudo los migrantes afrontan obstáculos para acceder a los servicios médicos, entre los que cabe señalar las barreras idiomáticas y culturales, los costos, la falta de acceso a la información, la discriminación y la xenofobia. Los migrantes que están en situación irregular pueden ser incapaces de acceder a los servicios medicos o de aportar información sobre su estado de salud, o quizá no deseen hacerlo, por miedo a ser detenidos, deportados o multados, a consecuencia de su situación migratoria.
  • Los Estados deben aplicar medidas específicas para incluir a los migrantes y los refugiados en los esquemas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19. Entre estas medidas deberían figurar las destinadas a garantizar el acceso equitativo a la información, los análisis y la atención médica para todos los migrantes y refugiados, cualquiera que sea su condición jurídica, así como las barreras que deben separar la aplicación de las normas migratorias de la capacidad de migrantes y refugiados de acceder a los servicios de salud y a otras prestaciones esenciales. 
  • Se necesita apoyo internacional urgente para ayudar a los países anfitriones a mejorar los servicios que ofrecen -tanto a los migrantes como a las comunidades locales- y para incluirlos en los dispositivos nacionales de vigilancia, prevención y respuesta. La incapacidad de realizar esas mejoras pondría en peligro la salud de todos, con el riesgo consiguiente de aumentar la hostilidad y la estigmatización. Asimismo, deben adoptarse medidas específicas orientadas a contrarrestar la hostilidad y la xenophobia dirigidas contra los migrantes.
  • También es esencial que el endurecimiento de controles fronterizos o la limitación de la libertad de movimiento no impidan que las personas que huyen de la guerra o la persecución pueden acceder a la seguridad y la protección.

Repercusiones sociales y económicas

  • El derecho a la educación deberá protegerse en caso de cierre de escuelas; por ejemplo, allí donde sea posible, mediante el aprendizaje a distancia. Las niñas pueden verse afectadas de manera desproporcionada por estas situaciones, porque muchas de ellas ya afrontan obstáculos considerables para ir al colegio y ahora podrían exigirles una cuota mayor de trabajo doméstico. Tanto ellas como los niños podrían perder también el acceso a alimentos y otras prestaciones que las escuelas suelen proporcionar.
  • Los gobiernos, el sector público y el privado, y las organizaciones nacionales e internacionales deberían intercambiar las prácticas idóneas que realicen con miras a atenuar las repercusiones socioeconómicas negativas de esta crisis.
  • Es preciso evaluar y abordar los riesgos profesionales que la crisis plantea a la salud y la seguridad de los trabajadores que se mantienen activos durante la crisis, en particular los del sector sanitario. Nadie debería sentirse obligado a trabajar en condiciones que puedan poner en peligro su salud, por temor a perder el empleo o dejar de percibir un salario. 
  • Las medidas inmediatas de alivio económico, tales como las bajas médicas con sueldo garantizado, las prestaciones ampliadas por desempleo y la renta básica universal pueden atenuar los efectos más agudos de la crisis.

Privacidad

  • En el monitoreo de la salud se emplea una amplia gama de instrumentos que sirven para rastrear y dar seguimiento a la conducta y los movimientos de las personas. Estas medidas de vigilancia y monitoreo deben de estar vinculadas a objetivos de salud pública y usarse únicamente con este fin, y además su uso debería limitarse, tanto en duración como en alcance, a los objetivos que exige esta situación específica.

Género

  • Se necesitan medidas específicas para reducir la repercusión de la crisis sobre las mujeres. En el hogar, las niñas y las mujeres desempeñan la mayor parte de las tareas domésticas, lo que implica un estrés adicional sobre su vida profesional, y además constituyen la mayoria de la fuerza de trabajo en el sector sanitario, por lo que corren un mayor riesgo de infección. 
  • En muchos países, las mujeres también afrontan riesgos desproporcionados en la esfera laboral, ya que muchas de ellas trabajan en el sector informal (por ejemplo, como empleadas domésticas, niñeras, trabajadoras agrícolas o ayudantes en empresas familiares) y pueden ser las primeras en perder sus empleos o en padecer las consecuencias de la crisis, puesto que carecen de seguridad social, seguro de salud o permisos retribuidos. Muchas mujeres también dependen de la disponibilidad de servicios de guardería o de la posibilidad de poder pagarlos, factores que ahora se reducen, lo que limita aun más su capacidad de trabajar y generar ingresos.
  • Las mujeres de edad avanzada tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, lo que a su vez puede agravar la repercusión del virus y limitar su acceso a los bienes, los alimentos, el agua, la información y los servicios sanitarios.
  • Las restricciones relacionadas con la salud pública, tales como las cuarentenas, pueden aumentar la exposición de la mujer a la violencia de género, sobre todo a la violencia de pareja y a la que acontece en el ámbito doméstico.
  • Los servicios de apoyo y los albergues para las víctimas de violencia de género deben seguir siendo una prioridad, así como la orientación eficaz y la disponibilidad y accesibilidad de medios para llevar a las víctimas a lugares seguros. Los mensajes relativos al COVID-19 deben incluir información sobre los teléfonos y servicios de emergencia.
  • Los servicios de salud sexual y reproductiva deberían considerarse una prioridad que salva vidas y que forma parte integral de la respuesta a la pandemia; esos servicios abarcan el acceso a los anticonceptivos, la atención a las madres y los recién nacidos, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, la posibilidad de obtener un aborto seguro y la orientación eficaz de las ususarias. Deben realizarse los esfuerzos necesarios para no sustraer recursos de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, ya que eso repercutiría especialmente en los derechos y las vidas de las niñas y las mujeres. 

Agua y saneamientos

  • Lavarse las manos con agua limpia y jabón constituye la primera línea de defensa contra el COVID-19, pero en el mundo hay 2.200 millones de personas que carecen de acceso a servicios de agua potable. Para garantizar el éxito en la lucha mundial contra el COVID-19 es preciso abordar las necesidades de los grupos de población más vulnerables, entre otros los que carecen de acceso adecuado al agua. 
  • Entre las medidas inmediatas que podrían contribuir a este fin figuran la de prohibir los cortes del suministro a quienes no puedan pagar las facturas del agua, y proporcionar agua gratuitamente durante toda la crisis a los más desfavorecidos y a quienes se vean afectados por dificultades económicas sobrevenidas.

Fuente: ONU Derechos Humanos+

Información relacionada: https://acnudh.org/covid-19-y-su-dimension-de-derechos-humanos/

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