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Oficina Regional participó en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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ONU Derechos Humanos participó en audiencias sobre Paraguay, Perú y Uruguay

SANTIAGO (23 de marzo de 2022) – El Representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, participó la semana pasada en audiencias públicas del 183º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que se trataron situaciones particulares de Paraguay, Perú y Uruguay.

Las audiencias, realizadas de manera virtual, contaron también con la participación de representantes de otros organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, representantes gubernamentales y de la academia.

Desalojos forzosos y políticas agrarias en Paraguay

En su intervención, el Representante de ONU Derechos Humanos expuso que, según lo observado por la Oficina, entre 2018 y 2021 ocurrieron en Paraguay más de 400 eventos vinculados a desalojos forzosos, destrucción de propiedad, amenazas, enfrentamientos y manifestaciones. Jarab aseguró que esto representó un aumento significativo respecto a años anteriores y que en el 2021 la problemática afectó a más de 75 mil personas en el país.

Este aumento en los desalojos y eventos relacionados “representa un riesgo para la paz social”, aseguró el Representante, citando especial preocupación por reportes de casos con presencia de civiles armados, quemas de viviendas, cultivos y centros educativos.

Sólo en 2021, se registraron 11 desalojos de comunidades campesinas y 13 de pueblos indígenas. En ese sentido, Jarab manifestó inquietud por la falta de asistencia legal a las víctimas y la no consideración de los derechos de los pueblos indígenas. Además, remarcó que los desalojos dejan a las personas en situación de calle, por lo que representan una violación al derecho a la vivienda adecuada, así como también ponen en riesgo otros derechos como la educación, el acceso al agua y la salud.

“El aumento en el número de desalojos, además de los diversos tipos de violaciones observadas, exige una mayor acción por parte de todas las partes interesadas para garantizar que los problemas de diversas poblaciones se aborden con urgencia”, subrayó.

Empresas y derechos humanos en Perú

Al cumplirse ocho meses desde la aprobación del primer Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos en Perú, el Representante Regional de ONU Derechos Humanos recalcó la importancia de reflexionar sobre su implementación efectiva hacia el futuro.

Jarab aseguró que el plan solo será significativo si se erradican las diversas formas de discriminación, se garantiza la plena participación y la consulta de pueblos indígenas y tribales, se reconoce la colaboración crítica de las personas defensoras (especialmente los pueblos indígenas, afroperuano, los sindicatos y la sociedad civil), se investigan efectivamente las violaciones a los derechos humanos de estas personas, y se adecúan y fortalecen los sistemas de reparación de víctimas de actividades empresariales.

“Las muertes, las amenazas, la criminalización y el acoso judicial de miembros de los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras evidencian que las personas defensoras de los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas aún se exponen a mayores riesgos y amenazas a raíz de la labor de defensa de los derechos humanos que realizan, denunciando los efectos perjudiciales de las actividades empresariales mal gestionadas a pesar de tener todos los permisos legales, particularmente las extractivas; así como actividades de minería ilegal, tala ilegal o invasión y tráfico de tierras, o narcotráfico.”, expresó Jan Jarab durante la audiencia.

En cuanto al acceso de las víctimas a la reparación, el Representante de ONU Derechos Humanos expresó que es necesario atender, con enfoques integrales y diferenciales y con perspectivas de género, interculturalidad, niñez y discapacidad, los reclamos de reparación de las víctimas de décadas y siglos de actividades empresariales mal gestionadas, como los afectados por metales tóxicos, metaloides, y sustancias químicas por parte de actividades mineras, de hidrocarburos y de agricultura a gran escala.

Personas afrodescendientes en Uruguay

El Representante de ONU Derechos Humanos comenzó su intervención destacando la creación de mecanismos para el reconocimiento de la situación de las personas afrodescendientes en Uruguay. Mencionó la creación del Consejo Nacional de Equidad Étnico Racial y Afrodescendencia, la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, y otros avances en política pública dirigida esta población.

También destacó que, a pesar de lo anterior, la discriminación estructural se ve reflejada en brechas de acceso a derechos y situaciones de pobreza tanto en adultos como en población infantil afrodescendiente. En ese sentido, resaltó que siguen siendo factores preocupantes las garantías y el cumplimento de derechos en la población afrodescendiente.

En relación con la violencia y discriminación racial sufrida por personas afrodescendientes, Jarab sostuvo que estas demandan un fortalecimiento de las medidas de protección para este grupo de la población y es necesaria una mayor coordinación efectiva entre los diversos mecanismos de lucha contra la discriminación racial. En la misma línea, expresó que “es prioritario promover la capacitación a funcionarios públicos y la sensibilización de las víctimas y conocimiento del sistema jurídico y vías institucionales para acceder a justicia y reparación”.

En cuanto a la situación de las mujeres afrodescendientes, Jan Jarab señaló que “es necesario que la política pública nacional o local tome en cuenta además de la raza/etnia, la perspectiva de género de manera transversal para eliminar la discriminación en todas sus formas”. También enfatizó en la necesidad de contar con presupuestos, recursos humanos y datos actualizados para poder desarrollar acciones y seguimiento que incluyan una mirada étnica en todas las instancias estatales, como también un enfoque multisectorial del tema.

FIN

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