SANTIAGO (17 de enero de 2022) – Un grupo de expertos y expertas independentes de la ONU* manifestaron, a través de una comunicación dirigida a las autoridades gubernamentales de Brasil, su preocupación por episodios de violencia política, particularmente contra representantes afrodescendientes democráticamente electas que han liderado campañas contra el racismo, la discriminación de género y la transfobia.
Durante las elecciones municipales de 2020 en Brasil se reportaron una serie de hechos de violencia electoral y política. Sin embargo, la violencia política no se ha limitado a las elecciones y se ha convertido en un tema más generalizado.
“La violencia política y electoral no es aislada y, según los informes, se ha utilizado como una herramienta para obtener y mantener el poder, impidiendo el acceso de grupos subrepresentados, incluidas las mujeres afrobrasileñas y las mujeres LGBTI”, dijeron las y los expertos en la comunicación.
Las y los expertos citaron tres casos emblemáticos de representantes que han recibido constantes amenazas de muerte e intimidaciones, supuestamente con el objetivo de impedir el ejercicio de sus derechos políticos.
El primer caso es el de Benny Briolly, primera mujer afrodescendiente y transgénero en ser electa como concejala de la ciudad de Niterói. En 2020, una autoridad de la ciudad pronunció un discurso racista y transfóbico contra Briolly e incitó a atacarla de diversas maneras, lo cual provocó que la concejala recibiera diversas agresiones y amenazas a través de redes sociales.
Por su seguridad, en mayo de 2021 Briolly decidió abandonar el país hasta su aceptación en el Programa de Defensores de Derechos Humanos y la implementación de medidas de protección y seguridad. Sin embargo, según información recibida por el grupo de expertos, la concejala continúa en alto riesgo, ya que dicho programa no ha logrado brindarle una protección adecuada debido a una falta de recursos económicos.
El segundo caso es el de Ana Lucia Martins, activista social que se convirtió en la primera concejala afrodescendiente de la ciudad de Joinville en 2020. Desde el anuncio de los resultados, la concejala Martins habría recibido ataques racistas y amenazas de muerte a través de Internet. La policía de Joinville identificó a un sospechoso, sin embargo, la investigación aún no ha concluido.
En respuesta a esta situación, en junio de 2021 la Coordinación General de Protección de Testigos y Defensores de Derechos Humanos incorporó a la concejala Martins en el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Ecologistas. No obstante, se alega que su inclusión en el programa no ha sido efectiva y permanece en una situación de inseguridad y sin protección garantizada.
El tercer y último caso citado es el de Taliria Petrone, mujer afrodescendiente y feminista, quien en 2016 fue elegida para integrar el Ayuntamiento de Niterói. Petrone informó que durante 2017 fue diariamente objeto de amenazas y delitos de carácter racista y sexista. En marzo de 2018, tras el asesinato de la concejala Marielle Franco, las amenazas contra Petrone aumentaron. Asimismo, después de su elección para la Cámara de Diputados en 2019 recibió más amenazas y se convirtió en el foco de un discurso de odio incendiario. Desde entonces, Petrone ha tenido que desplazarse y no cuenta con una protección adecuada y efectiva por parte del Estado.
“Según la información recibida, el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos en Brasil está marcado actualmente por la incertidumbre sobre su continuidad. Veinte estados de la Federación no cuentan con programas de protección, a pesar del creciente número de denuncias de amenazas y ataques contra personas defensoras de derechos humanos”, manifestaron las y los expertos.
“Observamos especialmente que las acusaciones anteriores involucran un discurso de odio perpetuado e instigado por actores públicos. Según la información recibida, tal discurso de odio ha provocado que las mujeres afrobrasileñas políticamente activas, y en particular las mujeres afrobrasileñas transgénero, teman por su seguridad física, reduzcan sus actividades políticas, cambien de residencia e incluso huyan de Brasil. Es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos que todas las personas tienen derecho a participar en los procesos políticos sin discriminación”, agregaron.
La comunicación del grupo de expertos y expertas fue enviada de manera reservada al gobierno brasileño en octubre de 2021 y se hizo pública a fines de diciembre.
FIN
Fuente: ACNUDH – Comunicaciones
* Las y los expertos: Emily Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Dominique Day, Presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Melissa Upreti, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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