SANTIAGO/GINEBRA (12 de diciembre de 2016) – En el marco de su sesión 91 celebrada en Ginebra (Suiza) los días 22 y 23 de noviembre de 2016, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés)* evaluó las obligaciones de Argentina sobre esta materia y presentó diversas observaciones y recomendaciones al país.
Argentina es uno de los 177 Estados que han ratificado la Convención CERD, por lo cual debe presentar informes periódicos al Comité sobre el cumplimiento a nivel nacional y las medidas que han sido adoptadas para implementar las disposiciones de dicho tratado internacional de derechos humanos.
Teniendo en cuenta los informes periódicos combinados 21º a 23 presentado por el Estado argentino y los antecedentes entregados por organizaciones de la sociedad civil, el Comité CERD presentó sus observaciones finales luego de dialogar con una delegación de alto nivel del gobierno argentino liderada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, y por representantes del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Misión Permanente de Argentina ante la ONU en Ginebra y con representantes de organizaciones civiles.
Observaciones y recomendaciones
En el informe final, se realizan recomendaciones para que la legislación argentina, en consulta con los pueblos indígenas y personas afrodescendientes, refleje su carácter pluriétnico y multicultural implementando iniciativas para la lucha de la discriminación racial y la promoción de los derechos humanos. Del mismo modo, el Estado debe recopilar datos estadísticos sobre la composición demográfica de la población, nombrar al Defensor del Pueblo y al representante de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Entre los principales temas planteados en este documento, se insta a tipificar como delitos los actos de discriminación racial y a promover la inclusión social de los indígenas, afrodescendiente y migrantes con el fin de reducir los altos niveles de pobreza, la malnutrición infantil y la falta de acceso a servicios básicos. Asimismo, se recomienda al Estado a fortalecer las instituciones de lucha contra la discriminación y asegurar que las poblaciones afectadas participen de las mismas.
Como parte de las recomendaciones, se solicitó a las autoridades a realizar consultas previas de manera sistemática con los pueblos indígenas, en temas tales como proyectos de infraestructuras y explotación de recursos naturales; así como a garantizar que puedan poseer y disponer de sus territorios y recursos naturales. De este modo, se debe proteger a las comunidades frente a desalojos forzosos y velar por la seguridad ante amenazas, persecuciones y otros actos violentos por parte de funcionarios públicos y de particulares.
El Comité, también insta al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger a los defensores de los derechos humanos, incluidos los líderes y miembros de las comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes. En este contexto, se exhorta a investigar la muerte de Massar Ba, líder de la comunidad senegalesa, y garantizar el acceso efectivo a la justicia en los casos de Félix Díaz y Milagro Sala, en este último caso, el Comité invita al Estado a implementar las medidas sugeridas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria.
Además, se pidió al Estado incrementar los esfuerzos para entregar educación de calidad a todos los niveles para los niños indígenas, incluso en su lengua materna. Por otro lado, se insta a reconocer y respetar los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas y a permitirles asistencia jurídica y también promover la formación continua de profesionales del sistema judicial.
Para finalizar, el Comité insta al Estado argentino a implementar medidas que promuevan la plena participación e integración de los migrantes y no introducir prácticas y normas que representen un retroceso frente al marco normativo vigente, como la privación de libertad de migrantes en situación irregular. En esta línea, se impulsa a generar mayor acceso al sector formal de la economía con condiciones equitativas y satisfactorias, así como incluir una perspectiva de género en todas las estrategias y políticas públicas.
Además de Argentina, el Comité CERD evaluó en su reciente sesión las medidas para implementar la Convención en Uruguay, Togo, Portugal, Turkmenistán e Italia.
El Comité CERD requirió a Argentina presentar los informes periódicos 24 a 26 a más tardar el 4 de enero de 2020.
FIN
Para ver el documento completo con las observaciones finales, visite el siguiente enlace: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1080&Lang=en
Información adicional
*Los miembros del CERD son expertos independientes en derechos humanos procedentes de distintos países del mundo, que sirven a título personal y no representan a los Estados partes. Las observaciones finales del Comité son evaluaciones independientes del cumplimiento de los Estados con sus obligaciones en materia de derechos humanos con arreglo al tratado. Si desea información adicional sobre el CERD, pulse aquí: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965. Si desea información adicional sobre el 50º aniversario de la Convención, pulse aquí: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/50/Pages/Icerd50.aspx
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