Es preciso reforzar la protección social antes de la próxima crisis

En su último informe, el experto ONU Olivier de Schutter afirma que los millones de personas sumidos en la pobreza extrema a causa de la pandemia de COVID-19 deberían representar una severa advertencia.

Por OHCHR - América do Sul

EmHistórias Globais de Impacto

29 de julio de 2021 – La pandemia de COVID-19 desató la peor recesión económica registrada desde la Gran Depresión de 1929. La pandemia y las medidas adoptadas para proteger a la población causaron una espiral regresiva que, en última instancia, arrojó a la extrema pobreza a unos 115 millones de personas más en 2020 y, en el año en curso, se calcula que otros 35 millones podrían correr la misma suerte, según explica el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter.  

“La realidad es que no estábamos preparados para lo que ocurrió”, dijo el Relator Especial. “El 61% de la fuerza laboral del mundo todavía está compuesta por trabajadores informales o que desempeñan empleos precarios, con poco o nulo acceso a la protección social. El 55% de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, carece de cualquier forma de protección social y un 26% adicional solo está protegido contra algunas modalidades de inseguridad económica”.

De Schutter presentó el informe en Ginebra (Suiza) el 30 de junio de 2021, durante el 47º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Cuando la crisis económica se agravó, numerosos países aplicaron medidas de protección social para que su población pudiera sobrevivir. Pero, añadió De Shutter, esas medidas fueron excepcionales y de corto plazo.

Con miras a abordar estos problemas y prepararnos para el futuro, el Relator Especial exhortó a los Estados a que establezcan un Fondo Mundial para la Protección Social (GFSP, por sus siglas en inglés), a fin de aumentar el nivel de apoyo a los países de bajos ingresos, lo que les ayudaría a fijar y gestionar umbrales de protección social en forma de derechos establecidos por ley y a mejorar la resiliencia de los sistemas de protección social contra las crisis futuras.

“En realidad, la protección social debería considerarse como una inversión con grandes dividendos potenciales, porque permite la generación de capital humano, posee importantes efectos multiplicadores en la economía local y contribuye al crecimiento inclusivo y la resiliencia en periodos de crisis”, agregó el Relator Especial. 

De Schutter añadió que antes de la pandemia ni siquiera había inversiones suficientes en materia de atención sanitaria, desempleo, pensiones, subsidios para niños o personas discapacitadas y ahora los más pobres están pagando el precio de esas carencias. El Relator Especial instó a los Estados a que apoyaran al GFSP y otras formas de inversión, de modo que todo el mundo pueda prepararse para gestionar la próxima crisis. 

Según el Informe mundial sobre la protección social 2017-2019 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se necesitarían menos de 78.000 millones de dólares estadounidenses para que los países de bajos ingresos pudieran establecer umbrales de protección social, incluidos los de atención sanitaria, que beneficiarían a 711 millones de personas.  

“Este importe es menos de la mitad de la ayuda al desarrollo que los países desarrollados otorgan cada año y representa alrededor del 0,13% del Ingreso Nacional Bruto conjunto de los países de la OCDE”, señaló De Shutter. 

“Aunque el apoyo internacional es decisivo, esos aportes no deberían considerarse como un substituto de la movilización de recursos nacionales para financiar los umbrales de protección social, sino más bien como un incentivo que aliente a los países receptores a aumentar sus capacidades e inversiones en este ámbito”, dijo De Shutter.

El Relator Especial explicó que la ayuda internacional debería considerarse como el motor de arranque de un proceso que permita a los países beneficiarios aumentar gradualmente la movilización de recursos nacionales, con miras a garantizar un “nivel previsible de apoyo a los países que se hayan comprometido a establecer umbrales de protección social y cuya capacidad de financiar esa protección mejoraría con el paso del tiempo”.  

En el informe, De Schutter aporta una hoja de ruta para crear el GFSP, aprovechando las estructuras ya existentes que se han establecido de manera excepcional para apoyar la creación de umbrales universales de protección social. 

“Ahora el reto consiste en reforzar esas estructuras -no debilitarlas ni duplicarlas- a fin de velar porque colaboren entre sí con mayor eficacia, y en ampliar el grado de apoyo, al tiempo que se garantice que ese apoyo se adaptará también a las crisis futuras”, señaló. 

De Schutter sostiene que actualmente existe una oportunidad importante para que los Estados tomen las decisiones adecuadas con miras a hacer realidad el derecho a la seguridad social, en tanto que derecho humano.

“Debemos y podemos hacerlo mejor”, terminó diciendo el Relator Especial.

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