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Bolivia: Oficina Regional monitorea situación de Defensoría del Pueblo en Cochabamba

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Foto: ACNUDH

SANTIAGO (13 de diciembre de 2019) – La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), por medio de su Oficina Regional para América del Sur, sigue con preocupación la situación en torno a la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Bolivia.

De acuerdo a información recibida por la misión del ACNUDH en el país, durante dos semanas manifestantes impidieron a las autoridades y equipo de la Defensoría del Pueblo acceder a sus oficinas de Cochabamba. 

El 10 de diciembre, no obstante, personal de la institución logró ingresar a las instalaciones, debiendo permanecer allí contra su voluntad por temor ante las amenazas y hostilidad por parte de grupos de personas que rodean el exterior del recinto, las que podrían poner en peligro su integridad en caso de intentar salir. Estas personas han obstaculizado el ingreso de alimentos y agua al interior de la Defensoría por más de 72 horas, agravando la situación de quienes permanecen dentro. 

La Oficina ha recibido información que, en el marco de un intento de diálogo con los y las manifestantes y la Defensoría, la Policía habría arrestado una persona presuntamente armada en inmediaciones de la institución. 

Ante esta situación se insta al gobierno a reforzar el resguardo policial, y al Ministerio Público a iniciar de forma inmediata las investigaciones sobre posibles amenazas y ataques, para proteger y garantizar efectivamente la vida, integridad, libertad y seguridad de las y los funcionarios de la Defensoría.

Autoridades del gobierno han expresado a la delegación del ACNUDH su respeto y respaldo a la institución del Defensor del Pueblo y que lamentan la situación que, entienden, es entre la sociedad civil y la Defensoría de Cochabamba.

El ACNUDH continuará en diálogo con las autoridades pertinentes y abogando por que esta situación se resuelva de manera pronta, respetando el derecho a la manifestación pacífica y a su vez garantizando la seguridad y las labores del personal de la Defensoría del Pueblo. 

La Oficina Regional enfatiza que el gobierno debe adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar que la Defensoría del Pueblo ejerza sus funciones de forma adecuada y libre de intimidación, para asegurar a todas las personas el acceso a los servicios fundamentales que provee en tanto Institución Nacional de Derechos Humanos en el país, según lo dispuesto por los Principios de Paris.

FIN 

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