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GINEBRA (25 de abril de 2012) – La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó este miércoles su profunda preocupación por las iniciativas actuales o recientes en varios países que restringen la libertad de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otros actores de la sociedad civil para operar de forma independiente y eficaz.

En Egipto existe un proyecto de ley sobre la regulación de las ONG que “de ser aprobado en su forma actual, socavará gravemente el espíritu de la revolución de Egipto, donde la sociedad civil jugó un papel tan importante”, dijo Pillay. “Este proyecto otorga excesivo poder al Gobierno para regular, controlar y restringir la labor de las organizaciones de la sociedad civil”.

La Alta Comisionada instó a las autoridades egipcias a retirar el proyecto de ley, que describió como “un golpe potencialmente grave para las aspiraciones de derechos humanos y libertades fundamentales por los cuales tantos egipcios y egipcias han luchado durante tanto tiempo y a tan alto costo”.

Pillay señaló que la libertad de asociación está bajo una presión creciente en muchos países de todo el mundo. “La libertad de asociación es el elemento vital de las ONGs”, dijo. “Cualquier intentos sistémico, legal o administrativo para restringir sus actividades pueden ser muy perjudiciales”.

La Alta Comisionada citó leyes recientes o en proyecto, y otras medidas en una serie de países que, en diversos grados, imponen nuevas restricciones al derecho a la libertad de asociación señalando, por ejemplo, que en febrero unas autoridades provinciales en Zimbabue ordenaron la suspensión de las actividades de 29 ONGs.

También se refirió a un proyecto de ley en Camboya que permite al Ejecutivo el cierre de algunas ONG si se considera que sus actividades “dañan… la unidad nacional, la cultura, costumbres y tradiciones de la sociedad camboyana”. Según este proyecto, no cabría recurso contra una decisión como esta. Sin embargo, Pillay acogió con satisfacción el compromiso del Gobierno de Camboya de someter el proyecto a consulta y nueva revisión.

En Argelia, una nueva ley establece que los objetivos de las actividades de las asociaciones “no deben ir contra los “valores nacionales”. En caso de que algunas asociaciones no cumplan con esta disposición, sus solicitudes de registro podrán ser rechazadas. En caso de que “interfieran en los asuntos internos”, tales organizaciones pueden ser suspendidas o disueltas.

“La sociedad civil -incluyendo ONG, sindicatos, defensores de los derechos humanos, académicos, periodistas, blogueros y otros- juega un papel absolutamente crucial para asegurar que los derechos humanos estén protegidos a nivel individual”, dijo la Alta Comisionada. “Una sociedad civil dinámica y autónoma, capaz de operar libremente, es uno de los controles y contrapesos fundamentales necesarios para la construcción de una sociedad sana, y uno de los principales puentes entre los gobiernos y sus pueblos. Por tanto, es crucial que las ONG sean capaces de funcionar correctamente, tanto en los países en transición como en las democracias establecidas”.

“Los actores de la sociedad civil ayudan a que la gente se movilice y se involucre en las decisiones que afectan sus vidas. Es por ello que las Naciones Unidas tienen muy en cuenta sus contribuciones, tanto en la formulación de políticas como en las operaciones en terreno”, dijo Pillay. “Si su contribución es débil o limitada, las necesidades de la gente común pueden ser fácilmente dejadas de lado, y en particular las necesidades de las personas más discriminadas en la sociedad”.

Pillay se mostró alarmada por los intentos recientes o en curso en varios países para reforzar el control sobre las ONG mediante la restricción de sus fuentes de financiación, particularmente el financiamiento extranjero del que muchas organizaciones de la sociedad civil muy eficaces dependen en gran medida.

En Etiopía, varias organizaciones de derechos humanos se han visto obligadas a cerrar debido a una ley de 2009 que prohíbe que las asociaciones reciban más de un 10 por ciento de sus recursos totales desde el extranjero.

En Bielorrusia, una enmienda al Código Penal fue aprobada en octubre de 2011 por el Parlamento, estableciendo responsabilidades penales por recibir subvenciones del extranjero o que violen la legislación de Bielorrusia. Se cree que esto limitará sustancialmente las operaciones de las ONG. Además, varias otras enmiendas se introdujeron en al menos ocho textos normativos más, que podrían restringir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

En Israel, la recientemente aprobada Ley de Financiación Extranjera podría tener un impacto importante en las organizaciones de derechos humanos, sometiéndolas a rigurosos requisitos de información, obligándolas a declarar la ayuda financiera extranjera en todas las comunicaciones públicas, y amenazando con fuertes sanciones en caso de incumplimiento.

En Venezuela, en enero de 2012, una nueva Ley Orgánica contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada fue aprobada por el Congreso, pero aún no ha sido promulgada por el Presidente. La ley establece una definición amplia de “actos terroristas” que puede ser aplicable a los actos legítimos de protesta social o de disidencia. También coloca a las organizaciones no gubernamentales bajo la permanente vigilancia de un órgano del Estado e impone restricciones al financiamiento extranjero.

Volviendo a Egipto, la adopción de medidas drásticas por parte de las autoridades contra las organizaciones de la sociedad civil financiadas desde el extranjero, junto a la estigmatización de los activistas egipcios, han conllevado un aumento en las campañas de difamación, las amenazas e intimidaciones contra dichos activistas.

“Las mujeres activistas en varios países son particularmente vulnerables a las campañas de desprestigio, que a menudo son diseñadas deliberadamente para dejarlas fuera de juego”, dijo Pillay. “Me parece particularmente triste la situación en el norte de África y países del Medio Oriente, donde las mujeres jugaron un rol tan importante y valiente, junto a los hombres, en derrocar o desafiar a sus gobernantes represivos. Es fundamental que estos países, al elaborar nuevas leyes e instituciones, no lo hagan teniendo un solo género en mente ni que solo uno de los géneros participe plenamente en el proceso de transición. Las agresiones verbales y físicas contra las mujeres de la sociedad civil es uno de los primeros signos de que el proceso de reforma está empezando a socavarse”.

“Las ONG deben ser capaces de funcionar sin la interferencia del poder ejecutivo”, dijo la jefa de la ONU de Derechos Humanos. “Deben ser consultadas e incluidas en las decisiones de política, sobre todo cuando un Estado está pasando por grandes transformaciones o procesos de transición. Y no deben ser castigadas por criticar o cuestionar las políticas y los procesos del Estado. Los gobiernos deben entender que la colaboración con la sociedad civil no es un signo de debilidad, sino que es la manera de construir una sociedad mejor, más inclusiva -algo que todos los gobiernos deberían estar tratando de hacer, y algo que no pueden conseguir por sí solos”.

Pillay también señaló que la libertad de asociación está consagrada en una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 20) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22), que es un tratado vinculante que ha sido ratificado por 167 Estados, entre ellos todos los mencionados anteriormente.

“Afortunadamente, en muchos países, incluyendo algunas democracias emergentes, se permite a la sociedad civil funcionar al máximo de sus capacidades, como parte de un esfuerzo de colaboración con las instituciones gubernamentales e internacionales, como la mía. En Túnez, por ejemplo, la oficina de Derechos Humanos de la ONU está ahora en condiciones no solo de establecer una presencia por primera vez en su historia, sino también de construir una relación estrecha y dinámica con el Gobierno y el floreciente sector de la sociedad civil en el país”, afirmó Pillay.

“Es normal que haya tensiones ocasionales en la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades, pero estas no necesariamente debieran transformarse en desconfianza, antagonismo o represión pura y simple por parte de las autoridades”, expresó la Alta Comisionada. “A largo plazo, no se gana nada y se pierde mucho cuando los Estados intentan reprimir a la sociedad civil”.

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