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Jefa de Derechos Humanos de la ONU en el Día en Apoyo a las Víctimas de la Tortura y aniversario 25 de la Convención contra la Tortura

GINEBRA, 26 de junio de 2012 – “Hace veinticinco años, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes entró en vigor. Desde entonces, 150 Estados han firmado y ratificado la Convención. Al hacer esto, se han comprometido a, entre otras cosas, criminalizar el uso de la tortura, entrenar a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley en la prohibición absoluta de la tortura y en prohibir el uso de confesiones obtenidas a través de torturas en procedimientos legales.

En los últimos 25 años hemos avanzado mucho en la lucha contra la tortura y contra la impunidad de quienes cometen torturas. La tortura está siendo criminalizada de manera creciente en textos legales de los Estados y los planes curriculares de formación policial está frecuentemente incorporando las provisiones de la Convención. Sin embargo, queda mucho por hacer. La práctica de la tortura está lejos de acabarse. Cada día, los distintos organismos de Naciones Unidas que trabajan contra la tortura, incluida mi oficina, continúan recibiendo desgarradores reportes de tortura en los centros de detención, ya sea para forzar confesiones o para intimidar a aquellos que son críticos de la autoridad.

“Las víctimas de la tortura son, frecuentemente, personas comunes que pertenecen a los sectores más vulnerable de la sociedad. Tal vez lo más vergonzoso de todo, es que ni los niños se salvan de esto.

En el Día Internacional de Apoyo a las víctimas de la tortura, llamo a todos los Estados a cumplir con las promesas que han hecho para prevenir, perseguir y castigar el uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Convención contra la Tortura establece de manera inequívoca que el uso de la tortura es ilegal, bajo cualquier circunstancia, sin excepciones. Hago un llamamiento a todos los Estados que aún no han introducido leyes que penalizan la tortura, a hacerlo con urgencia, y a todos aquellos que ya cuentan con esa legislación a que redoblen sus esfuerzos para garantizar su plena aplicación. También es necesario concertar esfuerzos para proporcionar a las víctimas y sus familias el apoyo y la reparación necesarias para aliviar, al menos en parte, el daño profundo y duradero que se les ha ocasionado”.

Para más información o solicitudes de prensa, por favor contactar a Rupert Colville  (141 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) o Ravina Shamdasani ( + 41 22 917 9310 / rshamdasani@ohchr.org) o Xabier Celaya (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org).

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