GINEBRA (5 noviembre de 2026) – Paraguay debe abordar con urgencia las condiciones precarias en los centros de detención, donde no se satisfacen las necesidades básicas de algunos detenidos, señalaron hoy expertos de la ONU tras una visita al país. Asimismo, subrayaron que las reformas penitenciarias en curso no deben estar motivadas únicamente por consideraciones de seguridad, sino que deben priorizar la rehabilitación y las salvaguardias contra la tortura y los malos tratos.
Los expertos del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU reconocieron el sólido marco institucional y el trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Paraguay. También destacaron la voluntad política de las autoridades para avanzar en la separación de personas en prisión preventiva y personas condenadas, así como en la ubicación de hombres y mujeres en distintos establecimientos penitenciarios.
“Si bien reconocemos los avances, persisten desafíos estructurales que deben ser atendidos con urgencia. Las condiciones materiales en ciertos departamentos judiciales de la policía, comisarías y establecimientos penitenciarios impiden que las personas detenidas vean satisfechas sus necesidades más básicas, lo cual contraviene las obligaciones internacionales del Paraguay en materia de derechos humanos”, dijo Marco Feoli, jefe de la misión.
“El nuevo modelo penitenciario impulsado por el gobierno debe trascender un enfoque exclusivamente de seguridad, e incorporar políticas que faciliten la reinserción social, con arreglo a los estándares internacionales” señaló Feoli. “Asimismo, debe incluir salvaguardas eficaces contra la tortura y los malos tratos, así como medidas para prevenir la corrupción.”
Durante su tercera misión al Paraguay, entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre de 2026, el SPT visitó 27 lugares de privación de libertad en diversas partes del país, incluidos centros penitenciarios, comisarías, departamentos judiciales de la policía, centros de detención para adolescentes en conflicto con la ley, centros de rehabilitación por la drogadependencia y el hospital psiquiátrico, entre otros. Sus integrantes llevaron a cabo entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad y con el personal que trabajo en dichos centros. La delegación también se reunió con autoridades estatales de alto nivel, organizaciones de la sociedad civil, y entidades del Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay.
El Paraguay ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) en 2005 y en cumplimiento a dicho tratado, estableció su MNP en 2011. El SPT visitó anteriormente el Paraguay en 2009 y en 2010.
El SPT compartirá con el Estado paraguayo, en el plazo de unos meses, un informe confidencial que contendrá conclusiones y recomendaciones. La delegación anima al Estado a hacerlo público. Los informes del SPT tienen como objetivo apoyar los esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos, así como mejorar las condiciones de detención. Además, el Subcomité preparará un informe independiente y confidencial para el MNP.
La delegación del SPT estuvo compuesta por Marco Feoli Villalobos, jefe de delegación (Costa Rica), Marie Brasholt (Dinamarca), Carmen Comas-Mata (España) y Juan Pablo Vegas (Perú). Contó con el apoyo de dos funcionarias de la secretaría del SPT y dos oficiales de seguridad de la ONU.
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Antecedentes:
El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT, por sus siglas en inglés) supervisa el cumplimiento por los Estados Partes del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que hasta la fecha ha sido ratificado por 96 países. El Subcomité está integrado por 25 miembros, expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que ejercen sus funciones a título personal y no como representantes de los Estados Partes. El Subcomité tiene el mandato de realizar visitas a los Estados que han ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, durante las cuales puede visitar cualquier lugar donde las personas puedan estar privadas de libertad y ayudar a dichos Estados en la prevención de la tortura y otros malos tratos. El Subcomité comunica sus observaciones y recomendaciones a los Estados mediante informes confidenciales, cuya publicación alienta a los países.
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