BUENOS AIRES (30 de marzo de 2022) – El Representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, participó esta semana en un evento de intercambio de buenas prácticas y desafíos en la aplicación del Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. La actividad buscó fortalecer las capacidades de las defensorías públicas en los países de América Latina.
El encuentro, realizado en el marco del 40° aniversario de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, se llevó a cabo en Buenos Aires entre el 28 y el 30 de marzo y contó con la participación de representantes de las defensorías públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay, además de especialistas internacionales en ciencias forenses.
El Protocolo de Minnesota establece una norma común para la indagación de muertes potencialmente ilícitas y un conjunto de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la pesquisa.
La organización del evento estuvo a cargo del Proyecto PRADH del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín (CIEP-UNSAM); la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitraria; la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y el Ministerio Público de la Defensa de la Argentina.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Verónica Gómez, Directora de Educación CIEP UNSAM y jueza de la Corte IDH; Stella Maris Martínez; Coordinadora General del Ministerio Público de la Defensa; Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Jan Jarab, Representante Regional de la Oficina para América del Sur de ONU Derechos Humanos.
En su presentación, el Representante de ONU Derechos Humanos destacó que toda muerte en circunstancias sospechosas es en potencia una vulneración del derecho a la vida, por lo que la prontitud, imparcialidad y eficacia de la investigación resulta fundamental para que no prevalezca la impunidad y se imponga una cultura de rendición de cuentas.
“Las obligaciones de los Estados de respetar y proteger la vida y la obligación procesal de investigar las muertes sospechosas tienen bases firmes en el derecho internacional”, señaló Jarab.
El Representante también mencionó la experiencia que se está desarrollando en Argentina junto con la Defensoría General de la Nación para promover el conocimiento y uso de los protocolos de Estambul y de Minnesota en cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos de Argentina.
FIN
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