18 de marzo de 2020 – Tener una morada nunca ha sido más que hoy una cuestión de vida o muerte, subraya una relatora de derchos humanos, quien también llama a evitar prácticas predatorias por parte de los actores financieros internacionales en vista de las medidas económicas implementadas en diversos países.
A medida que avanza la pandemia del COVID-19 son más y más los Gobiernos de todo el mundo que ordenan que la gente se quede en la casa para evitar la propagación del coronavirus, una medida necesaria pero que requiere implementarse junto con una serie de disposiciones urgentes para evitar que nadie caiga en situación de indigencia y para garantizar el acceso a una vivienda a adecuada a quienes no la tengan, apuntó este miércoles una experta de la ONU en derechos humanos.
La relatora especial sobre el derecho a la vivienda expresó especial preocupación por dos grupos de población: los indigentes, los habitantes de albergues o asentamientos informales y quienes han perdido su empleo como consecuencia del cierre de negocios debido a la pandemia y podrían ser desalojados por no pagar sus hipotecas y alquileres.
“La vivienda está en la vanguardia de la batalla contra el coronavirus. Tener una morada nunca ha sido más que hoy una cuestión de vida o muerte”, afirmó Leilani Farha.
Consideró que para las personas que han perdido su empleo y encaran dificultades económicas, los Estados deben proveer asistencia financiera directa o aplazamiento de pagos de alquileres e hipotecas, implementar una moratoria a los desalojos debidos al atraso de pagos, implementar medidas para reducir o estabilizar los alquileres, y suspender los pagos por servicios públicos, al menos mientras dure la emergencia.
Evitar prácticas predatorias
Al referirse a la reducción de las tasas de interés y a los paquetes económicos anunciados para mitigar el impacto económico del COVID-19, advirtió que existe el riesgo de que los actores financieros globales se aprovechen de dichas medidas y usen la pandemia y el sufrimiento de mucha gente para dominar los mercados de vivienda sin respetar los estándares de derechos humanos como lo hicieron después de la crisis financiera mundial de 2008.
“Los Estados deben evitar las prácticas predatorias de los inversionistas institucionales en el área de los bienes raíces residenciales”, puntualizó Farha.
Casi dos millones de indigentes
Actualmente hay cerca de 1800 personas en situación de indigencia o con una vivienda inadecuada en el mundo, de acuerdo con los datos de la experta.
Esas personas a menudo viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua y saneamiento, lo que las hace particularmente vulnerables a contraer el virus porque, además, suelen padecer múltiples problemas de salud.
Si bien unos pocos países han tomado provisiones importantes que incluyen moratorias a los desalojos por atraso de pagos de hipotecas o alquiler, aplazamientos de pagos hipotecarios para los afectados por el virus, extensiones de las moratorias de invierno sobre desalojos forzosos de asentamientos informales y mayor acceso a saneamiento y espacios de refugio de emergencia para personas sin hogar; esas medidas no son suficientes y se requieren más esfuerzos para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, indicó Farha.
“Urjo a los Estados a tomar medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la vivienda y así proteger a toda la población de la pandemia”, enfatizó.
Medidas mínimas
Poner fin a los desahucios, proveer vivienda de emergencia a los afectados con el virus que deben aislarse, garantizar que la entrada en vigor de prohibiciones no castigue a nadie por su situación de vivienda, proveer acceso igualitario a las pruebas de diagnóstico y a los cuidados de salud, se cuentan entre lo menos que los Gobiernos deben hacer para sortear esta crisis.
Para dar una vivienda adecuada a quienes más la necesitan, puede precisar de medidas extraordinarias en un estado de emergencia, lo que puede significar la ocupación de unidades vacantes o abandonadas. También se debe ofrecer la posibilidad de alquileres de corto plazo, dijo la relatora.
“Al asegurar una vivienda segura con saneamiento adecuado, los Estados no sólo protegerán las vidas de quienes ahora no tienen un hogar o viven en asentamientos informales, sino que ayudarán a proteger a la población de todo el mundo a detener la propagación del COVID-19”, concluyó la relatora especial.
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Fuente: Noticias ONU
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