NUEVA YORK (25 de octubre de 2022) – Expertos de la ONU pidieron hoy a los Estados y las empresas tomar medidas para garantizar que la participación empresarial en los procesos políticos no conduzca a abusos contra los derechos humanos.
Cuando las empresas participan e intentan influir en los procesos políticos, regulatorios y judiciales, tienen la responsabilidad de llevar a cabo esta participación de manera transparente, responsable y respetuosa de los derechos humanos, dijo el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en un informe presentado a la Asamblea General.
“Del mismo modo, cuando los Estados permiten la participación política de las empresas, tienen la obligación de garantizar que esa participación esté adecuadamente regulada, a fin de evitar que sea afectada la capacidad del Estado para proteger contra daños resultantes en los derechos humanos”, dijo Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo.
En su informe, titulado “Influencia corporativa en la esfera política y regulatoria: Garantizar prácticas comerciales en línea con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”, el Grupo de Trabajo recomendó prácticas que los Estados y las empresas deben implementar para garantizar que la participación empresarial en los procesos políticos no conduzcan a abusos contra los derechos humanos.
Los expertos y las expertas explicaron que el compromiso político corporativo incluye la influencia corporativa en quienes definen las políticas, en los procesos políticos; en la academia y las ciencias; en las narrativas públicas sobre temas políticos y la influencia corporativa sobre el poder judicial.
“Si bien todas estas actividades pueden tener aplicaciones legítimas, también pueden conducir a abusos contra los derechos humanos relacionados con las empresas si se llevan a cabo de manera irresponsable”, dijo Hopenhaym.
El informe enfatizó que, como todos los demás aspectos de las operaciones comerciales, las actividades de participación política de los actores corporativos también tienen impactos en los derechos humanos. Por lo tanto, las responsabilidades de debida diligencia en materia de derechos humanos de las empresas deben incluir un enfoque sobre cómo su compromiso político se cruza con los derechos humanos.
La referencia clave para el informe son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, el marco global para los deberes del Estado y las responsabilidades de las empresas para prevenir y abordar los abusos contra los derechos humanos relacionados con las empresas.
La presentación en la Asamblea General de la ONU se complementa con los esfuerzos para implementar la hoja de ruta del Grupo de Trabajo para la implementación global de los Principios Rectores de la ONU para la próxima década, que se lanzó en noviembre de 2021 y se presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2022.
FIN
Expertas y expertos: el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus integrantes actuales son: Fernanda Hopenhaym (Presidenta), Pichamon Yeophantong (Vicepresidenta), Damilola Olawuyi, Robert McCorquodale y Elżbieta Karska.
El Grupo de Trabajo es parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertas y expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de monitoreo de derechos humanos del Consejo. El Grupo de Trabajo informa al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU. Los titulares de mandatos de Procedimientos Especiales son expertas y expertos independientes en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. No son personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Sirven a título individual y no reciben un salario por su trabajo.
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, respaldados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011 (resolución 17/4), brindan el estándar mundial autorizado para la acción para salvaguardar los derechos humanos en un contexto empresarial, aclarando lo que esperan los gobiernos y empresas para prevenir y atender los impactos en los derechos humanos derivados de la actividad empresarial.
Siga al Grupo de Trabajo en Twitter: @WGBizHRs
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Fuente: Procedimientos Especiales ONU
Traducción: ONU Derechos Humanos en Guatemala
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