GINEBRA – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, celebró este viernes la histórica decisión del máximo tribunal en Bolivia, de condenar a dos ex ministros y cinco oficiales militares de alto rango por su participación en las muertes de más de 60 personas durante las manifestaciones contra el gobierno en 2003, destacando lo que ella describió como una “muy sana tendencia hacia combatir una impunidad de larga data” en América Latina.
“Felicito a la Suprema Corte Boliviana por esta decisión, que es un paso importante en la lucha contra la impunidad”, dijo Pillay. “Además, exhorto al Gobierno a tomar todos los pasos necesarios para asegurar que las víctimas y sus familias reciban adecuadas reparaciones e indemnizaciones”.
En lo que se conoce como “Octubre Negro”, 69 personas fueron asesinadas y más de 400 resultaron lesionadas cuando, en un periodo de varios días, los soldados dispararon repetidamente contra grupos de personas que se pronunciaban contra un plan del gobierno para construir una tubería de gas a través de El Alto, cerca de La Paz.
Después de un juicio que duró dos años, y de haber encontrado numerosos obstáculos, esta semana los cinco oficiales militares recibieron sentencias a prisión, de 10 a 15 años, mientras que los ex Ministros de Desarrollo Sustentable y de Empleo fueron sentenciados a tres años cada uno. El presidente de Bolivia en el momento, Gonzalo Sánchez de Lozada, y otros dos ministros, huyeron a los Estados Unidos después de los eventos, y actualmente son sujetos de solicitudes de extradición. Otros ex ministros y oficiales militares están también huyendo del país.
“Recibo con agrado esta señal de que en otro más de los países latinoamericanos, la impunidad por violaciones de derechos humanos del pasado no volverá a ser tolerada”, dijo Pillay. “Varios países de América Latina han estado demostrando al resto del mundo de que es posible no solo pasar de la dictadura a la democracia, sino también hacer justicia – no importa cuán poderosos o influyentes puedan ser aquellos responsables de las violaciones de los derechos humanos, e independientemente de su estatus civil o militar”.
“Espero que esta tendencia continúe, y aún con mayor ímpetu”, añadió, mencionando como ejemplos los recientes avances en Argentina, Uruguay, Guatemala y Colombia. “Aquellos que cometieron tortura, asesinatos extra judiciales y otros crímenes similares en otros continentes harían bien en reflexionar sobre esta sana y acelerada tendencia hacia el combate de la impunidad de larga data en América Latina,” dijo la Alta Comisionada.
- En Argentina, a fines de 2010, 110 personas – la mayoría personal policial y del ejército y de la policía – han sido sentenciadas por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de 1973-1983. Otras 820 enfrentaron cargos miliares, y 13 juicios están en proceso.
- En Uruguay, el 27 de junio el Presidente José Mujica promulgó un decreto revocando actos administrativos en el ámbito de la Ley de Caducidad. Esta decisión permite reabrir unos 80 casos relacionados con la violación de los derechos humanos durante la dictadura de 1973-1985.
- En Guatemala, el 2 de agosto, cuatro ex oficiales militares fueron sentenciados a largas penas de prisión por la Corte de Primera Instancia en la Ciudad de Guatemala, por 201 casos de asesinato y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la masacre de Dos Erres en diciembre de 1982. También ha habido progreso en otros casos emblemáticos, incluyendo la persecución de aquellos que se cree estuvieron detrás de la desaparición forzada del líder estudiantil Edgar Fernando García.
- En Colombia, en junio de 2010, un alto oficial del ejército fue sentenciado a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas en noviembre de 1985, después de que fuerzas militares tomaran por asalto el edificio de la Suprema Corte cuando las guerrillas mantenían miles de rehenes. Más de 100 personas, entre ellas más de 60 civiles, murieron como resultado de la intervención militar. También en Colombia, el miércoles (31 de agosto), la Corte Suprema readmitió la condena de un ex ministro de justicia, Adalberto Santofimio, quien pasará 24 años en prisión por su papel en el asesinato en 1989 de su rival político y candidato presidencial, Luis Carlos Galán. Santofimio había recibido originalmente la misma sentencia en 2007, pero fue liberado por apelación después de pasar sólo un año en prisión.
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