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Hacer las paces con el pasado para un futuro mejor

Título en Mantenimiento

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OpEd por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay

Habiendo vuelto de Brasil recientemente, he observado con interés y satisfacción que el 3º Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos del Gobierno de Brasil incluye planes de crear una Comisión de la Verdad. Dicha comisión representa un paso importante para llegar a la verdad sobre las violaciones de derechos humanos del pasado y para facilitar la reconciliación. Este es un hecho bienvenido, que demuestra el compromiso de Brasil de impulsar los derechos humanos a nivel nacional, así como en el resto del mundo.

El compromiso de realizar Planes de Acción en Derechos Humanos ha sido una recomendación que los propios Estados se hicieron en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos sostenida en Viena el 23 de Junio de 1993. Hoy día Brasil, es uno de los pocos Estados de la región que está cumpliendo con esta recomendación.

Hacer realidad un Plan de Acción es mucho más que un ejercicio de relaciones públicas, implica un profundo proceso de concertación, entre el Estado, sus instituciones y amplios sectores de la sociedad, sobre los principales temas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos. Implica además, un cronograma articulado de acciones concretas dirigidas a la superación de los obstáculos que impiden la realización de los derechos humanos de la población.

A través de los años, las Naciones Unidas ha prestado asistencia a Estados emergiendo de conflictos o gobiernos represivos para restablecer el Estado de Derecho y buscar la justicia de transición. La experiencia ha demostrado a menudo que las sociedades no pueden gozar de la paz sustentable, el desarrollo y la reconciliación sin enfrentar los abusos a los derechos humanos del pasado.

Naciones Unidas ha alentado un enfoque comprensivo a la justicia de transición, conforme con las obligaciones y normas legales internacionales. Varios instrumentos internacionales, la mayoría de los cuales Brasil es parte, consagran la obligación del Estado de iniciar investigaciones y procesamientos en torno a graves violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Los instrumentos internacionales también reconocen el derecho a reparaciones para las víctimas, el derecho de las víctimas y la sociedad de saber la verdad acerca de las violaciones, así como de recibir garantías de que estas violaciones no se repitan.

En consecuencia, estos estándares internacionales establecen límites normativos para la participación de las Naciones Unidas. Por ejemplo, las Naciones Unidas no apoyan amnistías para el genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, violaciones masivas de los derechos humanos -incluyendo la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las desapariciones forzadas, la violación u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.

Teniendo estas normas en cuenta, y basándose en la experiencia adquirida a través de los años, Naciones Unidas evita fórmulas únicas. Al contrario, busca que cada programa de justicia transicional sea basado en un análisis detallado de las necesidades y capacidades nacionales. Las consultas comprensivas con víctimas y otras comunidades afectadas han sido pasos importantes para asegurar que el programa resultante tome en cuenta las experiencias y las necesidades particulares del contexto nacional.

Mediante una planificación pausada y consultas extensivas con actores nacionales relevantes, el Gobierno de Brasil podrá establecer mecanismos para la verdad y la reconciliación como parte de un enfoque más amplio de justicia transicional que integra la gama completa de procesos y medidas judiciales y no judiciales, incluyendo procesamientos, reparaciones, y la reforma institucional.

Es alentador ver la voluntad de Brasil de promover los derechos humanos en todo el mundo, reconociendo al mismo tiempo que la única manera que estos esfuerzos rendirán fruto es en la medida que el país demuestre un verdadero compromiso de fomentar estos derechos a nivel nacional.

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