SANTIAGO (12 de septiembre de 2024) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con la nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y con la organización Acción Ecológica, quienes expresaron su preocupación por los obstáculos en la implementación del resultado de la consulta popular que determinó el fin de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
Durante el encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual, las partes además identificaron como altamente problemático el hecho de que la nacionalidad Waorani no está incluida en las deliberaciones emprendidas por las autoridades para preparar el retiro progresivo de las operaciones petroleras en la zona.
“La nacionalidad Waorani tiene un rol clave en la implementación del resultado de la consulta, como sujeto de derechos colectivos y no como mero objeto de decisiones desde arriba”, resaltó Jarab. “Excluirla de las decisiones que se van a tomar no se puede justificar, ya que estas afectarán de forma directa el futuro de este pueblo indígena”, agregó.
Durante la reunión, también se comentó el hecho de que las autoridades estiman que el retiro de las operaciones petroleras en el Yasuní podría tardar hasta cinco años, lo que resultaría poco satisfactorio frente a la decisión democrática del pueblo ecuatoriano e implicaría la continuación de los impactos nocivos en el medio ambiente y en la salud humana. En esa línea, se informó que tras una reciente asamblea, la NAWE declaró el Estado de Emergencia en su territorio debido, entre otros, a un aumento en las muertes relacionadas con enfermedades derivadas de la contaminación.
Además, la NAWE, que también aboga por los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) en el Yasuní, destacó los impactos de las actividades extractivas en estos pueblos. En ese contexto, Jarab citó a expertos internacionales que han resaltado la urgencia de proteger a los PIAV del contacto no deseado y del potencial impacto de actividades económicas.
En esa línea, el Representante recordó que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecen que los Estados deben adoptar “medidas adicionales” de protección por operaciones de su propiedad o bajo su control, exigiendo la debida diligencia en materia de derechos humanos y la reparación del daño causado.
“Desde la Oficina insistimos en un enfoque de desarrollo basado en derechos humanos. De ninguna manera se puede condicionar avances tales como servicios de salud o educación por el consentimiento a la actividad extractiva”, remarcó Jarab. “Los servicios de salud y educación deberían ya estar realizados, después de tantos años de actividad extractiva, y de hecho sin ella, porque se trata de derechos. No es aceptable aprovechar las asimetrías de poder para exigir apoyo al extractivismo, particularmente en una situación donde el pueblo votó de manera contundente en su contra”, añadió.
En una segunda parte, la reunión trató de las crecientes amenazas que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra, territorio y medio ambiente en su legítima insistencia por la implementación del resultado de la consulta popular.
En ese contexto, la Oficina recibió con máxima preocupación la información sobre divisiones dentro de las comunidades Waorani, que se han intensificado debido a la intervención de la industria petrolera y de otros actores externos, así como sobre reiteradas amenazas digitales y presenciales, que han llevado a las personas defensoras a presentar denuncias ante la fiscalía.
En respuesta, el Representante de ONU Derechos Humanos se comprometió a seguir de cerca la situación en el Yasuní y a exigir al gobierno ecuatoriano medidas urgentes y efectivas a favor de las personas defensoras de los derechos humanos.
FIN
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