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¨Las comunidades indígenas han estructurado desde tiempos inmemoriales su sistema de vida y costumbres al uso y aprovechamiento de los recursos naturales¨, explica Nancy Yañez, abogada chilena y defensora de los derechos de pueblos indígenas con la ONG Observatorio Ciudadano. ¨La globalización económica hoy en día lo que hace es discriminar en contra de estas formas tradicionales de desarrollo¨.

Yañez ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de tierras ancestrales, del derecho al agua y a otros recursos naturales, empoderando a las comunidades indígenas para asegurar el ejercicio pleno de estos derechos.

¨El obstáculo más grande tiene que ver con la inequidad con que uno se enfrenta en términos de relaciones de poder a la hora de defender derechos indígenas¨, asevera Yañez. ¨Si la contraparte es el Estado, o son grandes corporaciones, éstos acceden a recursos económicos que le permiten contar con servicios legales y servicios técnicos con los cuales nosotros obviamente no contamos y se mantiene una disparidad que al final del día se traduce en una desigualdad en el acceso a la justicia¨.

La discriminación contra pueblos indígenas es endémica en América del Sur, donde varían mucho las estimaciones del número de estas personas. En los seis países cubiertos por la Oficina Regional para América del Sur de ACNUDH (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela), hay casi 10 millones de personas indígenas, lo que representa cerca de 6% de la población. El país con la proporción más alta es Perú, donde una de cuatro personas es indígena.

Es importante asegurar que los pueblos indígenas sean ¨actores de nuestro propio cambio¨, dice Tarcila Rivera, líder indígena con el Centro Cultural Indígena CHIRAPAQ, que ha sido activo en Perú durante los últimos 25 años. El foco principal de su labor son las mujeres indígenas.

¨Somos una región todavía con mucha y fuerte presencia colonialista. Entonces hay mucho racismo y discriminación y encontramos que muchas veces se deslegitima la acción que uno emprende¨, lamenta Rivera. ¨Pero cada vez más se van ganando espacios, porque felizmente la gente va cambiando, los tiempos van cambiando. En ese sentido hay mucha esperanza.¨

Pero persisten muchos desafíos que han sido destacados por varios mecanismos de Naciones Unidas de derechos humanos: desalojos forzados de comunidades enteras; los pueblos indígenas aún carecen de mecanismos de consulta y de representación política proporcional; las reivindicaciones por tierras ancestrales muchas veces son ignoradas; las tasas de pobreza, mortalidad infantil, analfabetismo y suicidio son el doble del promedio nacional en muchos países; y muchos defensores de derechos humanos e individuos enfrentan violencia y persecución por fuerzas de seguridad.

¨En casos de violencia institucional por parte de la policía, en casos de discriminación, no solo a los pueblos indígenas sino de otros tipos de discriminación, en los casos de violaciones genéricas a los derechos económicos, sociales y culturales, no hay mecanismo locales para obligar a las autoridades al cumplimiento de sus obligaciones¨, asevera el defensor Juan Manuel Salgado. El abogado es director del Observatorio para los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, que está radicado en la provincia Neuquén, en el sur de Argentina.

Argentina, al igual que otros países en América del Sur, carece de una ley nacional que tipifica la discriminación racial como un delito. Es por ello que Salgado, Yañez y Rivera trabajan para visibilizar los derechos explicitados en herramientas jurídicas internacionales, como: la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la OIT – sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, entre otros.

La Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH trabaja con todos los poderes del Estado para asegurar que estos instrumentos internacionales se toman en cuenta. Para ello, en septiembre y octubre la oficina ofreció un curso de capacitación de dos meses en Perú, para jueces y fiscales públicos de alto nivel, sobre jurisprudencia y derechos indígenas. También ofrecieron un curso de capacitación para jóvenes líderes indígenas en Chile en noviembre.

Al mismo tiempo, el papel de ACNUDH de promover y proteger los derechos humanos necesita ser apoyado por defensores que puedan ayudar a los pueblos indígenas a llevar sus reivindicaciones a los tribunales.

¨Nuestro obstáculo principal es la excesiva demanda¨, admite Yañez. ¨En un país como Chile donde no existe la figura del ombudsman y donde el Estado no provee servicios legales a la población para proteger sus derechos fundamentales, instancias como el Observatorio u otros organismos de derechos humanos son las únicas posibilidades que tienen estas comunidades que cuentan con recursos muy exiguos para acceder a la asesoría profesional necesaria para proteger estos derechos¨.

Yañez dice que responder a esta demanda a veces tiene un alto costo personal. ¨Es de tiempo completo, de 24 horas al día y a veces eso se hace insostenible¨, admite. Al mismo tiempo, es una labor que dice que no cambiaría por ningún motivo.

¨Trabajar en el ámbito de derechos humanos supone, en términos personales, una tremenda gratificación¨, dice Yañez, sonriendo. ¨No solo desde la perspectiva de que uno haya logrado finalmente posicionar el derecho de una persona o de una colectividad vulnerable sino que además, para nosotros que trabajamos con comunidades indígenas, nos ofrece la oportunidad de conocer una cosmovisión que aporta a nuestro propio entendimiento de los seres humanos y del universo.¨

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