GINEBRA (1 de mayo de 2020) – La recesión económica causada por la pandemia de COVID-19 pone de relieve la necesidad de fomentar las inversiones en una economía respetuosa del medio ambiente para generar empleo y reducir la desigualdad, afirmó Olivier De Schutter, que ha asumido hoy el cargo de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos.
“La crisis del COVID-19 constituye un llamamiento urgente a la acción. Si ahora tomamos las decisiones correctas, tendremos la oportunidad de transformar nuestra sociedad para que llegue a ser más integradora e igualitaria”, añadió De Schutter.
Con una disminución del ingreso per cápita prevista en más de 170 países, las personas que carecen de protección social saldrán peor paradas, dijo el experto. En el mundo entero, unos 4.000 millones de personas carecen de protección social y quienes desempeñan empleos más precarios, entre los que figuran 2.000 millones de trabajadores del sector informal, suelen ser los primeros en perder sus puestos de trabajo.
“En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos abandonar un paradigma de desarrollo que otorga prioridad al crecimiento económico, con la esperanza de borrar el deterioro medioambiental y compensar luego las repercusiones sociales del aumento de la desigualdad. El modelo de crecimiento debería incorporar desde el inicio la sostenibilidad medioambiental y la justicia social”, declaró el nuevo Relator Especial.
“Cuando sobreviene una crisis de esta magnitud, resulta aún más importante y decisivo el compromiso contraído con la Organización Internacional del Trabajo de poner en vigor niveles mínimos de protección social a escala universal”, dijo De Schutter.
El experto afirmó también que los programas de seguridad social deberían considerarse como una inversión y no como un costo. “La sociedad percibe cuantiosos beneficios cuando invierte en la primera infancia y los esquemas de protección social que impiden que las familias con pocos ingresos caigan en la pobreza, como medio de vencer la recesión”.
Además, la financiación de la protección social tiene un coste asumible: “En promedio, el costo de financiar el conjunto de beneficios que proporciona la protección social representa en promedio el 4,2 por ciento del PIB en 57 países de ingresos medios y bajos. Es la mejor inversión que un país puede realizar en aras de su porvenir”, señaló De Schutter.
Los Estados se han comprometido a aportar al menos ocho billones de dólares para proteger a la economía de la repercusión del COVID-19. Estos fondos deberían orientarse hacia la construcción de una economía más integradora, basada en el derecho al trabajo y la seguridad social, así como en el derecho a la vivienda adecuada, la atención médica y la educación.
“La pobreza extrema no es solo una cuestión de falta de ingresos ni tampoco es culpa de las personas o las familias. Es un asunto de opciones políticas que excluyen, discriminan y marginan a la gente”, declaró De Schutter.
En su cargo de Relator Especial, durante los tres próximos años De Schutter examinará una amplia gama de asuntos temáticos, entre otros cómo poner en vigor niveles mínimos de protección social universal mediante los recursos nacionales y el apoyo de la comunidad internacional.
FIN
Sr. Olivier De Schutter fue designado el Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanosen marzo de 2020 y asumió sus funciones el 1 de mayo de 2020. De Schutter es profesor de Derecho en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y en la Facultad de Ciencias Políticas (SciencesPo) de París (Francia) y ha dictado cursos sobre derechos humanos en varias universidades del mundo, entre otras el Colegio de Europa y las Universidades de Columbia y Yale (Estados Unidos). En su condición de experto en derechos económicos y sociales ha sido miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2015-2020) y Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (2008-2014).
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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