SANTIAGO (1 de mayo de 2020) – “COVID-19 está profundizando la situación crítica de las prisiones en Perú”, alertó hoy Jan Jarab*, Representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Jarab comentó que su Oficina ha recibido “información alarmante” sobre actos de violencia, motines y otras situaciones de inseguridad en varias cárceles del país. En particular, hizo referencia a un incidente en el penal Miguel Castro Castro de Lima el pasado 27 de abril, que tuvo un saldo de nueve muertes y múltiples heridos, incluidos internos, agentes penitenciarios y efectivos policiales.
“Las autoridades peruanas deben esclarecer con urgencia lo ocurrido”, instó Jarab, recordando que según las normas internacionales, el uso de la fuerza por parte del Estado debe obedecer estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
“COVID-19 en las cárceles es un problema urgente de derechos humanos y de salud pública. Muchas prisiones en el país presentan serios problemas de insalubridad y hacinamiento, condiciones que no solo incrementan las posibilidades de contagio, sino también la tensión e incertidumbre al interior de los recintos”, enfatizó.
Además de señalar la necesidad de proteger a la población privada de libertad en Perú, el Representante se mostró preocupado por la situación que enfrenta el personal penitenciario, entre quienes se ha notificado un número significativo de funcionarios contagiados e incluso fallecidos.
“El Estado peruano debe redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho a la salud al interior de las cárceles. Para ello, junto con perfeccionar los protocolos de salud e higiene, se debe reducir el hacinamiento, incluyendo a través de liberación de detenidos vulnerables”, dijo el Representante.
Al respecto, ONU Derechos Humanos reconoció la reciente adopción de un decreto supremo que abre la puerta a beneficios penitenciarios a ciertos grupos de internos en mayor riesgo frente al COVID-19, y llamó a su pronta implementación. Sin embargo, se estima que tales beneficios alcanzarán solo a un porcentaje muy reducido de la población penitenciaria.
“Hacemos un llamado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a todas las autoridades competentes a ampliar las posibilidades de beneficios a otras categorías de internos de bajo riesgo, excluyendo a perpetradores de delitos graves y violentos”, destacó Jarab. “También es fundamental dar información relevante y oportuna a las familias de los detenidos e implementar políticas de acompañamiento tras la excarcelación”.
Dado que más de un tercio de las personas privadas de libertad en Perú se encuentran en prisión preventiva, la Oficina llamó a disminuir el elevado uso de esta medida en el país -que debe entenderse como excepcional y de último recurso-, cuestión donde el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen un rol decisivo.
Jarab concluyó saludando la apertura de las autoridades peruanas a la cooperación con su Oficina, que incluye asistencia técnica para formular medidas orientadas a mejorar el sistema penitenciario y la atención a adolescentes en conflicto con la ley. El Representante reiteró la disposición de ONU Derechos Humanos a seguir apoyando a Perú en el desarrollo de legislación y políticas basadas en los derechos humanos.
FIN
*La Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH tiene sede en Santiago y trabaja con ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Más información. Conoce más sobre el Representante Regional, Jan Jarab.
Para solicitudes de prensa, favor contactar a: María Jeannette Moya, oficial de comunicaciones ACNUDH América del Sur (+56979996907 / [email protected]).
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