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Con apoyo del ACNUDH, gobierno peruano actualizó el manual de derechos humanos en la función penitenciaria

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LIMA (22 de julio de 2021) – En el marco del trabajo conjunto entre la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (MINJUS) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)*, se llevó a cabo la presentación de la tercera edición del Manual de Derechos Humanos en la Función Penitenciaria el 20 y 21 de julio.

En el encuentro, autoridades, servidores/as penitenciarios, de la Defensoría del Pueblo, del CICR, miembros de la cooperación, representantes de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales reflexionaron sobre la importancia de abordar la situación de las personas privadas de libertad y el Sistema Nacional Penitenciario desde el prisma de los derechos humanos, así como la aplicación de estándares internacionales en la materia.

En el espacio, se dieron a conocer las principales actualizaciones al Manual de Derechos Humanos, cuyo objetivo es constituir una herramienta orientadora del ejercicio en la función penitenciaria. En ese sentido, los contenidos abordados en la nueva edición hacen énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres y las personas LGBTI privadas de libertad. Asimismo, el Manual recoge estándares para prevenir las vulneraciones de derechos y asegurar la protección de las personas con discapacidad, pueblos indígenas y afroperuanos, personas mayores, personas viviendo con VIH, entre otros.

La inauguración estuvo a cargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna; del Vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, Leoncio Delgado; la Presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma; y del Representante Adjunto para América del Sur de ONU Derechos Humanos, Xavier Mena.

En sus palabras de bienvenida, Mena destacó que “el manual reconoce el trabajo de las y los funcionarios penitenciarios y demuestra la necesidad de trabajar en un Estado eficiente que tenga a las personas en el centro de sus funciones”.

El Representante Adjunto también ratificó la decisión de seguir contribuyendo con la nueva gestión gubernamental en este tema prioritario, como compromiso de las Naciones Unidas; y agregó que “los esfuerzos deben continuar con la sensibilización, concientización y fortalecimiento de capacidades constantes de los servidores penitenciarios. El manual debe llevarse a la acción”.

En el segundo día, se llevaron a cabo presentaciones de participantes nacionales y de Chile, Paraguay y Uruguay; de las integrantes del Subcomité de Prevención de la Tortura, Patricia Arias y Andrea Casamento; de la relatora para Perú, así como de funcionarios y funcionarias de la APT, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; quines analizaron las medidas adoptadas por la región y el Perú en el marco del COVID-19 para la excarcelación de personas privadas de libertad y se evaluaron los desafíos a más de un año de la pandemia.

(*)El pasado mes de mayo, la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, y el Instituto Nacional Penitenciario suscribieron un Carta de Intención que contempla “coordinar acciones y esfuerzos para la integración de los estándares internacionales en materia penitenciaria y de política criminal”.

FIN

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