Alta Comisionada resaltó importancia de políticas basadas en derechos para lidiar con las drogas

abril 28, 2019

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Conferencia Internacional sobre la Reducción de Daños 2019. Discurso de apertura de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet

28 de abril de 2019, Porto, Portugal

Presidentes y Presidentas
Presidente Sampaio,
Ministro Duarte,
Alcalde de Oporto,
Distinguidos y distinguidas ponentes,
Excelencias,
Colegas, amigos y amigas,
Activistas de la reducción de daños y de los derechos humanos:

Me complace asistir a este encuentro de personas que trabajan en el epicentro mismo de la lucha por la reducción de daños y de las políticas relacionadas con los estupefacientes y los derechos humanos.

El lema de esta conferencia, “Las personas antes que la política”, es un llamado a movilizar nuestra energía y convicción para cambiar el enfoque mundial vigente en este ámbito, más centrado en la aplicación de leyes represivas que en la atención prioritaria al bienestar y a los derechos de los usuarios de drogas.

Resulta de particular importancia que este encuentro tenga lugar en Portugal, país en el que el uso o la posesión de estupefacientes para consumo personal ya no constituyen delitos penalizados, donde el intercambio o renovación de jeringuillas y las terapias de sustitución son ampliamente accesibles y se han redoblado los esfuerzos para garantizar que los usuarios de drogas dispongan de más y mejor acceso a la sanidad.

La principal motivación para estos cambios políticos y legales era la preocupación por el bienestar de los afectados y, en la medida de lo posible, la posibilidad de abordar los factores subyacentes que llevan a la drogodependencia. El resultado ha sido un notable descenso en los nuevos casos de infecciones por VIH, en las tasas de la mortalidad por sobredosis y en las condenas a penas de prisión.

La denominada “guerra contra las drogas” está impulsada por la idea de que, si se aplican medidas represivas sobre los consumidores o sobre quienes están involucrados en el tráfico de estupefacientes, se acabará con el consumo de estas sustancias. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que esto no es así y que, tras varias décadas, los países que optaron por esta vía no están más cerca de su erradicación. Más bien al contrario, la variedad y la cantidad de las sustancias que hoy en día se producen y consumen nunca han sido mayores.

El aumento de la oferta y el notable incremento de las muertes relacionadas con los estupefacientes vienen dadas por una combinación de factores como son la pobreza, la desigualdad de oportunidades en las comunidades marginadas y rurales y la inestabilidad política. Entre 2000 y 2015, se registró un aumento del 60% en el número de víctimas por drogas, llegándose a lamentar hasta 450.000 muertes en 2015. Por el lado de la demanda, las políticas represivas no han hecho sino obstaculizar la aplicación de otras medidas que sí podrían haber influido sobre determinados factores sociales que agudizan la fragilidad individual frente al consumo de narcóticos y sus nocivas consecuencias.

Asistimos pues a violaciones sistemáticas de derechos humanos relacionadas con las medidas de control de estupefacientes, vulneraciones que, en algunos casos, son cada vez más frecuentes. En determinados países se han documentado ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, aplicación de la pena de muerte por conductas relacionadas con las drogas -a pesar de que estas no figuran entre “los delitos más graves” con arreglo al derecho internacional-, métodos discriminatorios en la aplicación de las leyes y detención arbitraria.

La criminalización del consumo de drogas imposibilita el acceso de los afectados a tratamientos y servicios sanitarios y sociales. También fomenta actitudes estigmatizadoras y discriminatorias que, probablemente, inducen a prácticas de riesgo asociadas al consumo intravenoso y aumentan las posibilidades de sobredosis, debido a la necesidad de inyectarse rápidamente y en lugares insalubres.

La penalización del consumo de drogas dispara las tasas de encarcelamiento indiscriminado. Los informes disponibles certifican que la cifra mundial de reclusos alcanza un máximo histórico, con 10 millones de personas. De ellas, 1 de cada 5, cumple condena por un delito relacionado con el consumo personal de estupefacientes. La reclusión de un gran número de personas en centros penitenciarios masificados, sin la financiación apropiada, es un factor que termina por disparar la probabilidad de reincidencia tras la puesta en libertad. Además, las penas de cárcel son muy onerosas y menos rentables que los programas de terapia y apoyo psicológico. Vistas desde esta perspectiva, estas condenas son, la mayoría de las veces, injustas o desproporcionadas. Por si fuera poco, a pesar de que las prisiones constituyen un entorno de alto riesgo para la trasmisión de virus por la sangre, la oferta de servicios de reducción de daños en las prisiones suele ser incluso menor que en el exterior, lo que agrava los riesgos para la salud.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y numerosos órganos de tratados y relatores especiales en materia de derechos humanos, han reconocido la reducción de daños como principio fundamental para tratar a los usuarios de drogas.

Excelencias:

Los gobiernos tienen la obligación de salvaguardar y mejorar el bienestar de la sociedad. Por eso, cuando un conjunto de políticas falla claramente en la consecución de sus objetivos, es hora de cambiarlas.

Como demuestra el ejemplo de Portugal, las políticas de base empírica, guiadas por el interés hacia la salud pública y los derechos humanos, permiten abordar con mayor eficacia, tanto la cuestión de la oferta y demanda de estupefacientes, como la de sus efectos más perjudiciales sobre la sociedad.

En 2001, Portugal tenía la tasa de VIH más alta de Europa entre los usuarios de sustancias inyectables. Ese mismo año, el Presidente Sampaio y mi colega, el Secretario General Antonio Guterres, por entonces Primer Ministro del país, pusieron en marcha medidas que no penalizaban la posesión de drogas para consumo personal. Se destinaron más recursos a la prevención, al tratamiento – incluso con medidas de reducción de daños por adicciones- y a programas destinados a la reinserción social de personas drogodependientes. Los casos de enfermedades de transmisión sexual se redujeron drásticamente. Las cifras generales de consumo de drogas descendieron y Portugal tiene hoy por hoy una de las estadísticas de fallecimientos asociados a las drogas más bajas de Europa.

Excelencias, colegas, amigos y amigas:

Al estudiar con atención los programas de reducción de daños, las pruebas son claras: allí donde funcionan y reciben la financiación adecuada, se consigue reducir notablemente los daños sobre la salud y el bienestar de los usuarios de sustancias.

La distribución y el intercambio de jeringuillas, los tratamientos de calidad, la capacitación, el asesoramiento y los tratamientos sustitutivos con metadona o naloxona, han permitido mejorar los indicadores de adicción, sobredosis y contagio de VIH y hepatitis C.

Los mayores avances se producen allí donde las autoridades nacionales han gestionado el uso de drogas y la dependencia como un problema de salud pública que requiere tratamientos, medidas de orientación y colaboración de los profesionales sanitarios.

Los tratamientos a base de medicamentos y los programas de orientación no solo son más eficaces que la prisión para reducir la dependencia y el abuso de estupefacientes, sino que son más rentables. Además, optar por este tipo de medidas no perjudica a los colectivos más desfavorecidos y a las minorías en el plano social y económico, a diferencia de lo que se constata en muchos países que recurren a prácticas policiales discriminatorias y encarcelamientos masivos.

En marzo de este año, durante las reuniones ministeriales de alto nivel del 62º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes celebrada en Viena, todos los Estados Miembros expresaron de forma unánime su preocupación con respecto a las políticas de control de drogas que no se ajustan a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En noviembre del año pasado, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes reiteró con rotundidad que las medidas antidrogas adoptadas por ciertos Estados no solo transgreden derechos humanos reconocidos internacionalmente, sino que también vulneran los tratados de fiscalización internacional de estupefacientes. En junio de 2017, doce agencias de las Naciones Unidas emitieron una declaración en la que recomendaron la revisión y revocación de leyes punitivas que criminalicen, o prohíban de alguna otra forma, el uso de sustancias o su posesión para consumo personal.

Ante pruebas tan convincentes y en vista del claro consenso internacional en pro de políticas basadas en los derechos humanos, cabe preguntarse por qué se priva a tantas personas de sus derechos como seres humanos por el simple hecho de ser drogodependientes.

¿Por qué tantos países siguen empleando obstáculos legales y políticos que impiden el acceso a servicios pensados para salvar vidas y reducir los daños, por ejemplo, mediante leyes que penalizan el suministro de agujas y jeringuillas y los tratamientos sustitutivos de opiáceos?

Distinguidos presidentes, colegas, amigos y amigas:

Habida cuenta de la presencia de tan distinguidos expertos en materia de salud, querría dedicar un momento a reflexionar sobre la cuestión del acceso a los medicamentos controlados – no sólo en relación con las terapias de sustitución de opiáceos, sino también con otras necesidades sanitarias que no están relacionadas con el consumo de sustancias ilícitas.

El uso de narcóticos bajo control facultativo sigue siendo indispensable para aliviar el dolor y el sufrimiento. Resulta esencial que nos aseguremos de su disponibilidad para estos propósitos: la negación del alivio del dolor puede ser constitutiva de maltrato e incluso de tortura. Es también de vital importancia procurar que las terapias de sustitución de opiáceos ayuden a las personas que se han vuelto dependientes a mantenerse alejadas del peligro, para su vida y su salud, que representan los proveedores ilegales de narcóticos.

La disponibilidad de medicamentos controlados a escala internacional para su uso con fines médicos y científicos es uno de los objetivos principales de los tratados de fiscalización internacional de drogas, desde la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. No me cabe la menor duda de que todos los Estados Miembros son capaces de elaborar leyes que garanticen este aspecto esencial del derecho a la salud.

Paralelamente a las limitaciones excesivas al acceso a los opiáceos que se aplican en muchos países, una epidemia de dependencia de estos fármacos está generando tasas de mortalidad sin precedentes en Estados Unidos. Esta crisis viene propiciada por la excesiva prescripción de opiáceos por parte de los profesionales sanitarios.

Está claro que se precisan medidas normativas y formativas bien diseñadas en relación con la prescripción de opiáceos, así como sistemas de seguimiento y control, para cumplir correctamente el objetivo de aliviar el dolor. Los programas para tratar la dependencia de narcóticos basados en la abstinencia pueden ser mucho menos eficaces que las terapias con sustitutivos.

Hasta la fecha, el mensaje prioritario de las campañas de prevención de muchos países se centraba en la abstinencia del consumo de drogas. Sin embargo, hay pocas evidencias respecto de la eficacia de este tipo de mensajes, ya sea en relación con los tratamientos o en términos de prevención. En cambio, las campañas de información transparentes, que promueven el uso responsable en la etapa de experimentación juvenil y dan prioridad al acceso seguro e informado, tienen más posibilidades de obtener resultados positivos. Así lo subrayan todos los Estados firmantes del documento final del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el uso de drogas ilícitas, celebrado en 2016, en el que se comprometen a adoptar medidas preventivas eficaces, prácticas y con base empírica, y a proporcionar información precisa sobre los riesgos ligados al abuso de sustancias. También se reconoce la importancia de promover actitudes que no estigmaticen a las personas drogodependientes en todas las campañas de prevención y sensibilización.

Distinguido Presidentes:

En algunos países se necesitan reformas para que los sistemas de justicia penal se atengan a las leyes internacionales sobre derechos humanos en los temas relativos al consumo de estupefacientes.

Se han adoptado algunas medidas positivas en relación con la aplicación de la pena de muerte, entre ellas un descenso notable en las cifras de ejecuciones por delitos relacionados con sustancias ilegales desde 2015. Sin embargo, en la última década, al menos 3.940 personas fueron ejecutadas por delitos de drogas. Me sigue preocupando el uso sistemático de la pena capital por delitos de drogas en algunos países y los amagos de reintroducción por parte de otros gobiernos. Aún hoy en día, 35 Estados mantienen la pena de muerte como castigo a delitos relacionados con las drogas, lo que supone una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Recomendamos encarecidamente a esos Estados que modifiquen sus códigos penales y cesen en la aplicación de la pena capital para todo tipo de crímenes, también para los delitos relacionados con las drogas.

En los últimos años también se ha documentado un notable aumento en las cifras de ejecuciones extrajudiciales de personas consideradas consumidoras de estupefacientes o implicadas de un modo u otro en el tráfico de sustancias ilegales. En este punto quiero ser muy clara: toda persona acusada de haber cometido un delito tiene el derecho inalienable a un juicio justo ante un tribunal. Quienes asesinan a estas personas, independientemente de que el autor o los responsables directos sean o no agentes estatales, están perpetrando un grave delito que debe ser investigado, enjuiciado y sancionado.

Con frecuencia, las personas que consumen sustancias se ven expuestas a detenciones arbitrarias o a otro tipo de abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Los centros de detención obligatoria para toxicómanos son inadmisibles desde el punto de vista del derecho en materia de derechos humanos y deben ser objeto de una profunda revisión y conversión en centros de servicios voluntarios a la comunidad. Con frecuencia nos llega información sobre situaciones en las que la policía exige dinero o sexo a personas drogodependientes a cambio de no arrestarlas. Igualmente, los miembros de determinadas minorías, personas de ascendencia africana o pertenecientes al colectivo LGTBI, suelen ser objeto de controles policiales arbitrarios que constituyen una violación de derechos humanos.

Las personas no pierden sus derechos humanos por el hecho de consumir drogas. Tienen los mismos derechos que el resto de nosotros: a la salud y a la ida, a no ser discriminados, a no ser sometidos a arresto o detención arbitrarios, a no ser sometidos a tortura o a cualquier otro tipo de trato vejatorio, entre otros.

En este contexto, es crucial que las políticas y los programas sobre drogas tomen en consideración las circunstancias específicas de las mujeres y las niñas. Entre otras cuestiones, se observa un aumento significativo de la población carcelaria femenina en muchos países, lo que a menudo va asociado a la encarcelación de mujeres por delitos relacionados con las drogas, aunque en muchos casos, la función que ellas desempeñan no implica violencia y es relativamente secundaria. Esta alta tasa de condenas puede deberse, en parte, a que la administración de justicia no tiene perspectiva de género y no toma en consideración aspectos tales como la falta de acceso de las mujeres a una defensa legal eficaz, la pobreza y la violencia ligada a factores de género.

Excelencias:

El año pasado, 31 directivos de entidades y organismos del Sistema de las Naciones Unidas adoptaron una posición común con el fin de proporcionar a los Estados Miembros un apoyo coordinado en materia de derechos humanos, Estado de derecho, salud pública, desarrollo y seguridad en relación con los estupefacientes. Esta posición común pretende fomentar la prevención y el tratamiento, pero también la reducción de daños. Asimismo busca reforzar las actuaciones mediante sistemas judiciales y policiales que frenen el crimen organizado y protejan -en lugar de atacar- a las personas dependientes de sustancias.

Exhorto a los Estados Miembros, a la sociedad civil, a los profesionales del sector sanitario y a otros colectivos que apoyan la labor del Equipo Especial Mundial de las Naciones Unidas, a que colaboren para reconducir las políticas en materia de drogas hacia un enfoque basado en la salud pública.

Las personas que han caído en la trampa de la drogodependencia no deberían verse expuestas a otras amenazas a su bienestar distintas de las sustancias que ya consumen. Amenazas como los castigos desproporcionados e injustos solo sirven para agravar su sufrimiento y hundirles aún más, si cabe, en la marginalidad y la desesperación.

No tengo la menor duda de que unas políticas integrales y basadas en principios, que respeten la dignidad, los derechos humanos y la justicia, reducirán tanto la demanda como la oferta de sustancias, protegerán la salud y –como prevé el documento final de la Sesión Especial de 2016 de la Asamblea General (UNGASS) sobre el problema mundial de las drogas– contribuirán a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También ayudarán a construir sistemas de gobernanza y justicia más respetuosos y sociedades que contribuyan a reparar en parte el profundo sufrimiento humano que con frecuencia emerge en las experiencias de las personas drogodependientes.

Todos estamos con ellas en esta lucha.

Muchas gracias.

FIN

Fuente: ACNUDH