NUEVA YORK- 20 de octubre de 2026 – Los Estados deben evitar calificar abusivamente a los cárteles de la droga y a las pandillas como organizaciones “terroristas” y abstenerse de librar una nueva “guerra contra el narcoterrorismo” que viole los derechos humanos, según un nuevo informe de Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
«La violencia organizada relacionada con las drogas y el uso indebido de estas amenazan los derechos a la vida, la seguridad personal y la salud. Los Estados deben tomar todas las medidas legales necesarias para combatirlas», dijo Saul.
«Al igual que el terrorismo, la violencia del crimen organizado puede infundir miedo o coaccionar a los gobiernos; sin embargo, se trata de un fenómeno distinto que requiere una respuesta jurídica diferente. Según las normas internacionales, el terrorismo debe limitarse a la violencia política o ideológica y excluir la delincuencia organizada motivada por el lucro».
La tendencia a calificar a los grupos criminales como “terroristas” ha ampliado el uso de poderes excepcionales y respuestas cada vez más centradas en la seguridad, lo cual también se hace evidente en la iniciativa “Escudo de las Américas”, en la que participan 19 Estados.
«Las respuestas militarizadas al denomindo “narcoterrorismo” han provocado graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas ejecuciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Los estados de emergencia o de excepción prolongados han restringido las libertades de circulación, asociación, expresión y reunión pacífica, así como los derechos de los Pueblos Indígenas», señaló el experto.
En el último año, Estados Unidos habría asesinado ilegalmente al menos a 239 personas en 71 ataques militares contra embarcaciones civiles en el mar, supuestamente para prevenir el “narcoterrorismo”.
«Estos asesinatos podrían constituir crímenes de lesa humanidad y los responsables deberían rendir cuentas. Se ha utilizado o amenazado con utilizar la fuerza militar de forma agresiva contra otros países. Los Estados también han abusado de los poderes de emergencia y han autorizado el uso de fuerza militar letal en situaciones en las que el derecho internacional humanitario no es aplicable».
Décadas de respuestas altamente securitizadas en las Américas con frecuencia no han logrado reducir el tráfico de drogas y, a menudo, han aumentado la violencia.
La clasificación injustificada de grupos criminales como organizaciones terroristas conlleva otros riesgos para los derechos humanos. Puede desencadenar congelaciones de activos, prohibiciones de viaje, deportaciones sumarias y devoluciones forzosas. Los migrantes, los trabajadores humanitarios, las empresas, la sociedad civil y las comunidades vulnerables pueden verse perjudicados por delitos excesivamente amplios relacionados con la financiación del terrorismo y el apoyo material a organizaciones terroristas.
«En lugar de invocar injustificadamente la lucha contra el terrorismo, los Estados deberían fortalecer los marcos de lucha contra la delincuencia organizada, las capacidades de aplicación de la ley y de inteligencia, las investigaciones financieras, la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional, y mejorar los controles sobre las armas de fuego de uso militar», afirmó el Relator Especial. «Deberían reducir los incentivos para unirse o brindar apoyo a grupos criminales, incluyendo a través de la reducción de la pobreza, el desarrollo, los servicios públicos y una gobernanza más receptiva».
«El mundo se enfrenta a una cantidad sin precedentes de drogas ilícitas», señaló Saul. «Décadas de esfuerzos para reprimir el tráfico de drogas han fracasado y se necesita urgentemente un nuevo enfoque. Los Estados deben reducir drásticamente la demanda mediante medidas más eficaces de prevención, educación y salud pública en materia de drogas, así como estrategias de reducción de daños y la legalización de las drogas para socavar las ganancias del crimen organizado».
FIN
Ben Saul es el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
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