GINEBRA (13 de julio de 2023) – Expertos de la ONU* advirtieron hoy que un considerable aumento en los niveles de salinidad está afectando la calidad del agua potable en Uruguay, afectando a más del 60 por ciento de su población.
«La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas», dijeron los expertos.
Las autoridades de salud han reconocido el riesgo y han instado a los grupos vulnerables a comprar agua embotellada para beber.
«Pero esto crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua», dijeron los expertos.
Preocupa especialmente a los expertos la situación de las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua.
«Reconocemos los esfuerzos del gobierno para reducir los impuestos al agua. Sin embargo, es necesario profundizar las medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida», dijeron los expertos.
Si bien el gobierno ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares, estas restricciones no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción.
Los expertos advirtieron que, aunque los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica, agravada por períodos anormalmente largos de estrés hídrico, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
«Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos», dijeron.
Expertos han estado advirtiendo durante años que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaba llevando a la contaminación y escasez de agua en el país.
«El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable», dijeron los expertos.
Los expertos recordaron que el derecho humano al agua implica que el agua debe ser físicamente accesible, libre de contaminantes y gestionada de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. «Las empresas, incluidas las empresas estatales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento, y los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al garantizar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias», dijeron.
Los expertos se han puesto en contacto con el Gobierno de Uruguay con respecto a estos problemas.
FIN
Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; Damilola Olawuyi (Presidente), Robert McCorquodale (Vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Elżbieta Karska y Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o temas temáticos en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan en su capacidad individual.
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