SANTIAGO/QUITO (10 de marzo de 2023) – Un equipo de ONU Derechos Humanos en América del Sur se reunió este 9 de marzo con la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo de Napo, para recabar antecedentes sobre la situación de riesgo de desalojo de la comunidad indígena Tzawata-Ila-Chukapi, en la provincia de Napo.
En el encuentro, que se desarrolló de manera virtual, la Defensoría del Pueblo aportó detalles de la disputa de reconocimiento de dominio de tierras históricamente habitadas por esta comunidad, donde habitan 150 familias (alrededor de 400 personas) organizadas en tres comunidades.
Según reportes, desde 2010 la comunidad ha sufrido intentos de desalojo de sus tierras ancestrales, sin conocimiento previo.
La comunidad ha presentado alegaciones sobre violaciones a los derechos de la consulta previa libre e informada, como también a los derechos a la tierra y el territorio, producto de la adjudicación de este territorio a una empresa por parte del Estado ecuatoriano. También han reportado la irrupción de las fuerzas del orden, casos de violencia contra mujeres y afectaciones a viviendas y cultivos.
Tras documentar los antecedentes, ONU Derechos Humanos se comprometió a continuar el seguimiento a la situación de la comunidad. También subrayó que el derecho internacional –incluyendo el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas– establecen que los Estados deben tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente. Estas medidas incluyen garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión, y que no procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, entre otras. Adicionalmente, enfatizó en la necesidad de que el Estado dé cumplimiento a la normativa internacional de derechos humanos en cuanto a los desalojos forzosos.
FIN
ANTECEDENTES. En su reciente visita a Ecuador, el Alto Comisionado Volker Türk manifestó una serie de retos para el país, como los impactos de las industrias extractivas en la región amazónica, su potencial para generar conflicto social y su afectación a los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. El país también ha recibido recomendaciones en la materia de parte de mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas como el Examen Periódico Universal (2022) y la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2018).
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