QUITO/SANTIAGO (7 de enero de 2022) – El Representante Adjunto de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Xavier Mena, sostuvo una reunión virtual con integrantes de la comunidad de San Pablo de Amalí y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), para abordar la situación de las comunidades ubicadas en los cantones de Chillanes y San Miguel, provincia de Bolívar, Ecuador.
Durante el diálogo, ONU Derechos Humanos recibió información actualizada sobre los procesos relacionados al impacto de la hidroeléctrica San José del Tambo en el río Dulcepamba.
En particular, escuchó sobre la acción de protección presentada por la empresa Hidrotambo en contra del Recurso Extraordinario de Revisión de octubre de 2019, que estableció límites a la compañía para el uso del caudal del río y ordenó, entre otros puntos, la reconstrucción de la obra para la remediación de los daños al río y a las comunidades adyacentes.
La comunidad expresó su gran preocupación por no haber sido incluidos en el proceso constitucional como parte interesada y por la reciente resolución de primera instancia que deja sin efecto la resolución de 2019.
Al respecto, Xavier Mena subrayó la importancia de que las empresas privadas consideren urgentemente la aplicación de los Principios Rectores sobre Empresas y derechos humanos y las recomendaciones del grupo de trabajo de Naciones Unidas, como también del uso por parte de las autoridades de los estándares internacionales e interamericanos sobre el derecho al agua y sobre las fuentes de agua, como los lagos y ríos.
El Representante Adjunto reiteró el interés de ONU Derechos Humanos en seguir dando seguimiento a un caso en torno al cual, lamentablemente, se han perdido vidas humanas, viviendas, proyectos de vida por el desborde del río y que, actualmente, mantiene a las comunidades restringidas en el acceso a su derecho humano al agua y a otros derechos conexos.
“Nuestra oficina estará particularmente atenta a la decisión de la sala superior que revisará esta medida y confía en que la judicatura tome una decisión independiente e imparcial, que considere los estándares internacionales en derechos humanos y el impacto de su decisión en la vida, integridad y dignidad de más de 14 mil personas, así como en el medio ambiente”, afirmó Mena.
FIN
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