GINEBRA (7 de junio de 2021) – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas* han manifestado hoy su profunda preocupación por el impacto devastador que sigue teniendo en la comunidad local el vertido de residuos tóxicos realizado por una empresa sueca en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, desde hace casi 40 años.
Los residuos tóxicos, que permanecen a la intemperie y expuestos a los elementos de la naturaleza, suponen un riesgo para la salud y la seguridad dado su alto contenido en arsénico, incluso para los sistemas de agua potable.
«Los residentes de Arica siguen sufriendo graves problemas de salud causados por el vertedero», dijeron los expertos.» A la comunidad se le ha negado el acceso a la justicia durante años, ha recibido escasa o nula remediación, y aún hoy se ignora a quienes necesitan atención médica
«Los efectos sobre los derechos humanos sufridos por la comunidad no harán más que acentuarse con el paso del tiempo».
Se calcula que 12.000 personas se han visto afectadas por los residuos, y muchas han perdido la vida, señalan los expertos. Entre los efectos secundarios denunciados están el cáncer, los dolores articulares, las dificultades respiratorias, las alergias, la anemia, los abortos y los defectos de nacimiento. Algunas mujeres en edad reproductiva que jugaron en la pila de residuos cuando eran niñas no han podido concebir.
Los expertos afirman que las autoridades tanto de Suecia como de Chile son responsables.
En 1984-1985, la empresa sueca Boliden Mineral AB vertió en Arica cerca de 20.000 toneladas de residuos tóxicos, que contenían altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo. Boliden pagó a una empresa local, Promel Ltda., para que recibiera los residuos.
Los expertos afirmaron que Suecia sabía que los residuos se vertían en Chile, pero no actuó en consonancia con sus obligaciones internacionales establecidas en la Decisión-Recomendación (C(83)180) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y en el derecho consuetudinario del derecho ambiental internacional. Añadieron que en el momento del primer envío, la solicitud de importación recibida por las autoridades chilenas decía falsamente que los residuos no eran tóxicos.
En 2013, 796 residentes de Arica, entre ellos defensores de los derechos humanos, iniciaron acciones legales en Suecia contra Boliden. El Tribunal de Apelación del Norte de Norrland sostuvo que las reclamaciones de las víctimas estaban limitadas en el tiempo, y el Tribunal Supremo sueco se negó a conocer el caso.
Esto equivale a una denegación de justicia ambiental, en violación del derecho a un juicio justo reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las legislaciones medioambientales modernas tienen en cuenta los periodos de latencia de la exposición a los tóxicos (a menudo de décadas de duración), y establecen que cualquier barrera temporal debe contarse desde el momento de la manifestación evidente del daño.
Los expertos de las Naciones Unidas también criticaron a las autoridades sanitarias de Arica por permitir la importación de residuos tóxicos sin realizar análisis químicos. Las autoridades de vivienda también construyeron casas en la zona contaminada por los residuos. Estas viviendas siguen siendo ocupadas hoy por ciudadanos chilenos, migrantes y solicitantes de asilo que viven en la pobreza o la extrema pobreza.
«Las autoridades de Suecia y Chile deben cooperar y poner fin a las violaciones de los derechos humanos que se producen desde hace mucho tiempo», dijeron los expertos. Mientras se prepara la celebración del 50º aniversario de la trascendental Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, las víctimas de Arica siguen exigiendo justicia medioambiental.
«Deben tomarse medidas urgentes para devolver los residuos peligrosos a Suecia de forma segura para su correcta eliminación. Deben proporcionarse urgentemente remedios efectivos a los actuales y antiguos residentes de Arica, incluyendo una atención sanitaria adecuada, reubicación y acceso a una vivienda adecuada que pueda garantizar las condiciones para una vida digna.»
FIN
Los expertos independientes de las Naciones Unidas comunicaron sus inquietudes relacionadas con este caso en las siguientes cartas de comunicación:
CHL 1/2021 of 23.03.2021; SWE2/2021 of 23.03.2021, OTH 90/2021 of 23.03.2021
Los Expertos: Marcos Orellana, Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Olivier de Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
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Fuente: ONU Derechos Humanos
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