22 de abril de 2021
En este Día Internacional de la Madre Tierra, me complace celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un tratado pionero destinado a proteger tanto el medio ambiente como a sus defensores en América Latina y el Caribe.
El compromiso de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales y de promover la armonía con la naturaleza tiene eco en el Llamamiento a la Acción para los Derechos Humanos del Secretario General, que incluye los derechos de las generaciones futuras y la justicia climática.
Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta.
Asimismo, lo saludo por ser el primer tratado ambiental regional del mundo que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Esto es especialmente importante dado que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
Sin embargo, las defensoras y los defensores de los derechos humanos siguen siendo amenazados en la región – con acosos, narrativas estigmatizantes y hasta ataques contra su vida e integridad personal. Es aberrante que las personas defensoras tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa.
Por eso que celebramos a defensoras como Osvalinda Pereira, de Brasil, Leydy Pech, de México, y Nemonte Nenquimo, de Ecuador, recientemente premiadas por su labor de protección del medio ambiente.
Cabe señalar que la fundamental defensa del medio ambiente y de los derechos humanos también aborda las desigualdades estructurales y sistémicas de las sociedades, promoviendo, así, una vida digna para todos.
La COVID-19 ha limitado la importante labor de muchas personas defensoras, incluidos activistas ambientales. También estamos asistiendo a un retroceso de las protecciones ambientales y a la erosión de los mecanismos para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones.
Una participación significativa e informada es esencial para el desarrollo sostenible, así como para abordar cuestiones urgentes y complejas como la emergencia climática, la pérdida de la naturaleza y la contaminación.
La participación no sólo es un derecho fundamental de todas las personas, sino que es esencial para garantizar la justicia. Y para poder participar efectivamente, todos deben tener acceso a la información y a la educación relacionadas con el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú proporciona una voz crítica para la democracia ambiental. Además, está en línea con el compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás. En ese sentido, celebro la significativa participación pública en las negociaciones del Acuerdo, con el importante apoyo de la CEPAL.
Al igual que la COVID-19, la emergencia climática y la destrucción en curso de los sistemas naturales de nuestro planeta es una crisis que ningún país puede abordar solo.
La cooperación internacional y el multilateralismo, incluso a través de instrumentos como el Acuerdo de Escazú, deben estar en el centro de nuestros esfuerzos para garantizar un enfoque basado en los derechos para una recuperación verde e inclusiva de la pandemia.
Saludo a los Estados que ratificaron el acuerdo y aliento a los demás Estados de América Latina y del Caribe a que lo hagan prontamente. Insto todos los Estados a que adopten las medidas necesarias para implementarlo, con la participación de la sociedad civil, y a que cumplan el derecho humano a un medio ambiente sano.
Mi Oficina seguirá apoyando su ratificación y aplicación, así como la realización de todos los derechos humanos para todas y todos.
Fuente: ONU Derechos Humanos
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