BRASILIA (15 de febrero de 2021) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió este jueves (11) con representantes de organizaciones de derechos humanos para conversar sobre las repercusiones de la masacre de Pau d’Arco, ocurrida en 2017 en el interior de Pará, en Brasil.
Participaron de la reunión virtual representantes de la Comissão Pastoral da Terra, de Front Line Defenders, de la Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, de Terra de Direitos, de Justiça Global, Comissão de Direitos Humanos do Pará/OAB, del Conselho Nacional de Direitos Humanos y de la Associação de Trabalhadores/as Rurais de Nova Vitória. La delegación de la Unión Europea también estuvo presente.
“Para nuestra Oficina, el tema de las amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos es de absoluta prioridad”, destacó Jan Jarab, quien también expresó la “solidaridad y preocupación” de ONU Derechos Humanos respecto de la situación en la región.
Repercusiones de la masacre
Ocurrida en mayo de 2017 en el municipio de Pau d’Arco, en el sur de Pará, la masacre resultó en la muerte de 10 trabajadores rurales. Al día de hoy, conflictos en la región y acciones de desalojos inminentes amenazan a más de 200 familias –incluyendo familiares de las víctimas de la masacre y testigos– que viven en el campamento de Jane Júlia.
Episodios recientes también despertaron la preocupación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El 26 de enero, el trabajador rural Fernando dos Santos Araújo, sobreviviente y testigo de la masacre de 2017, fue asesinado en el campamento. Además, la detención –el 1 de enero de este año– del abogado José Vargas Sobrinho Junior, que trabaja con familias, víctimas y testigos en el caso de la masacre de Pau d’Arco, también suscitó la atención de las organizaciones presentes en la reunión organizada por la ONU.
Jarab también resaltó que es deber del Estado brasileño, a través de las autoridades locales, promover una investigación imparcial sobre la muerte de Fernando Araújo, así como la debida reparación a las familias de las víctimas de la masacre de 2017. “Es preocupante el hecho de que los policías investigados en este caso, según se nos ha informado, continúen en sus funciones mientras se espera una decisión judicial”, destacó.
«Nuestra Oficina buscará una comunicación directa con las autoridades locales para insistir en la protección de las personas defensoras», sostuvo Jarab. También se están articulando otras propuestas junto con la Unión Europea para dar visibilidad a los episodios ocurridos en la región y evitar que se produzcan nuevas tragedias.
FIN
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