GINEBRA (17 de abril de 2020) – Los expertos y las expertas en derechos humanos de la ONU han expresado su grave preocupación por la multiplicación de relatos de asesinatos perpetrados por policías y otros actos de violencia en el contexto de las medidas de emergencia de COVID-19.
«Nos alarma el aumento de las denuncias de asesinatos y otros casos de uso excesivo de la fuerza dirigidos en particular a personas que viven en situaciones vulnerables», dijeron los Relatores y las Relatoras Especiales.
«Las personas en situaciones vulnerables, como las que viven en la pobreza y las que viven en barrios marginales, las personas sin hogar, las minorías, las personas detenidas, las mujeres y los niños víctimas de la violencia doméstica, los migrantes y los refugiados, las mujeres trans y todos los y las que defienden sus derechos, ya se ven afectados de manera desproporcionada por el virus. Las políticas de prohibición de visitas en los asilos de ancianos y de atención a domicilio exacerban el riesgo de violencia, maltrato, abuso y abandono de las personas de edad y otras personas que viven en instituciones».
«Todas estas personas, que a menudo se ven desproporcionadamente afectadas por el virus, debido a sus precarias condiciones de vida, no deberían ser todavía más víctimas, a causa de las medidas de estado de emergencia».
Los expertos y las expertas recordaron a los gobiernos y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que la prohibición de la privación arbitraria de la vida, la tortura y otros malos tratos es absoluta e inderogable en todo momento.
«Incluso durante los estados de emergencia, el uso de la fuerza sigue guiándose por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Exigen que se evite el uso de la fuerza y de las armas de fuego, y que se agoten todos los medios no violentos posibles antes de recurrir a los violentos».
Los organismos de represión, recordaron los expertos y las expertas, sólo deben utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. La fuerza letal sólo debe utilizarse para protegerse contra un riesgo inminente para la vida e incluso entonces, siempre deben tomarse precauciones razonables para evitar la pérdida de vidas.
«La violación del toque de queda, o cualquier restricción a la libertad de movimiento, no puede justificar el recurso al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; bajo ninguna circunstancia debe conducir al uso de fuerza letal».
Los expertos y las expertas insisten en que deben tomarse más precauciones para proteger el derecho a la vida y a la dignidad, dado que muchas personas no tienen un hogar donde permanecer confinadas, o viven en condiciones precarias, y no tienen los medios para mantener a sus familias en aislamiento.
«No puedes quedarte en casa si no tienes una. No puedes permanecer confinado si no tienes lo que necesitas para alimentar a tu familia», señalaron los expertos y las expertas en derechos humanos. «¿Cómo se puede ‘distanciar físicamente’ en un asentamiento urbano? ¿Cómo se come cuando se es un trabajador que necesita salir todos los días para tener entrada de dinero?»
«Además, dado el elevado número de infecciones por COVID-19 notificadas entre los agentes de policía, las interacciones con la policía pueden representar una fuente adicional de riesgo de infección, para las poblaciones que ya se encuentran en situaciones vulnerables y que no deben ser desatendidas en el despliegue y uso de la autoridad policial».
Los expertos y las expertas pidieron a los gobiernos que idearan acciones específicas para mitigar los efectos desproporcionados que las medidas de emergencia pueden tener en los grupos en situaciones vulnerables, y para protegerlos.
«Es importante que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tengan en cuenta el contexto local, las necesidades y vulnerabilidades de determinados grupos de personas, y que actúen con cautela cuando recurran al uso de la fuerza para procurar que ésta sea necesaria y proporcionada», dijeron. «Para millones de personas, las medidas de emergencia pueden constituir una amenaza más directa para su vida, sus medios de subsistencia y su dignidad, que el propio virus. Hay múltiples formas de actuar antes que llegar al uso fuerza».
«Recomendamos la discusión, la instrucción, la consulta y la participación de la comunidad – como principios operativos para la policía, al implementar las medidas de emergencia. Esto es lo que exige el derecho internacional porque es lo que requiere la protección de los derechos humanos en tiempos de contagio», concluyeron los expertos y las expertas.
NOTA PARA LOS EDITORES: La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, publica en despachos de derechos humanos para examinar cuestiones pertinentes de derechos humanos en el contexto de la pandemia de coronavirus. Otras medidas específicas recomendadas por otros Relatores Especiales pueden encontrarse aquí.
FIN
* Las expertas y los expertos: Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Víctor Madrigal-Borloz,Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género; Leilani Farha,Relatora especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; Yanghee Lee, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre las minorías; Bahame Nyanduga, Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia; Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre libertad de religión o de creencias; Urmila Bhoola, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; Maud de Boer-Buquicchio, Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias: Luciano A. Hazan (Presidente), Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Houria Es-Slami, Henrikas Mickevičius, Bernard Duhaime; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; S. Michael Lynkthe, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; David R. Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente; Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados; Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Alda Facio, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane (Presidenta), Melissa Upreti, Grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Alice Cruz, Relatora Especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares; Alioune Tine, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Malí; Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; Livingstone Sewanyana, Experto Independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Fionnuala D. Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Yao Agbetse, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana; Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Catalina Devandas-Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores; Philip Alston, Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos; José Antonio Guevara Bermúdez (Presidente), Leigh Toomey (Vicepresidenta de Comunicaciones), Elina Steinerte (Vicepresidenta de seguimiento), Seong-Phil Hong y Sètondji Adjovi, el Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; Ahmed Reid (Presidente), Dominique Day, Michal Balcerzak, Ricardo A. Sunga III y Sabelo Gumedze, Grupo de trabajo de expertos sobre personas de ascendencia africana; Chris Kwaja (Presidente), Jelena Aparac, Lilian Bobea, Sorcha MacLeod y Saeed Mokbil, Grupo de trabajo sobre el uso de mercenarios como un medio para violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Rhona Smith, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya; Alena Douhan, Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; Ikponwosa Ero, Experta independiente sobre el disfrute de los derechos humanos por las personas con albinismo.
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