GINEBRA (9 de abril de 2020) – Los gobiernos de todo el mundo y las instituciones financieras internacionales deben permanecer fieles a sus compromisos pactados dentro de la Agenda 2030 y a su promesa de «no dejar a nadie atrás» en su respuesta a la crisis de COVID, dijo hoy un experto en derechos humanos de la ONU.
«Estoy profundamente preocupado de que los tomadores de decisiones se aparten de sus promesas de reducir las desigualdades entre y dentro de los países durante la lucha actual contra la pandemia del coronavirus, mediante la adopción de políticas que puedan reforzar y exacerbar las vulnerabilidades que ya existen», dijo el Relator Especial de la ONU sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi.
«Al dar respuesta a la crisis, muchos gobiernos están implementando medidas para apoyar a las empresas y proteger a las poblaciones del impacto negativo de las medidas de restricción», dijo. «Sin embargo, las medidas se imponen en gran medida desde forma descendente, y los procesos regulares de consulta y participación a menudo se ven interrumpidos por el confinamiento o simplemente se eluden».
El experto en derechos humanos de la ONU señaló que, a nivel internacional, especialmente en las políticas financieras y económicas, hay pocas, si es que hay alguna, directrices para la toma de decisiones basadas en los derechos.
«A nivel nacional», agregó, «las mujeres, las minorías, las comunidades indígenas y rurales y las personas desplazadas internas, una vez más, no están en la mesa de negociación sobre cuestiones que tendrán un impacto profundo y duradero en la economía mundial y que causarán un importante retroceso en la agenda del desarrollo sostenible».
Alfarargi pidió a todos los gobiernos que permitan a las personas y grupos desfavorecidos, marginados y vulnerables a participar de manera significativa en los procesos de toma de decisiones. «Esto es esencial para superar las desigualdades estructurales y la discriminación, asegurar su lugar como actores clave en el desarrollo de los países y asegurar la distribución equitativa de los beneficios».
El experto instó a los Estados y a las instituciones financieras internacionales a garantizar que los enfoques participativos, que lleguen a todos los segmentos interesados de la sociedad, se desarrollen y se financien adecuadamente, para asegurarse de que cada decisión sobre las medidas de recuperación alcance el objetivo correcto y cumpla con el compromiso de no dejar a nadie detrás.
«Los Estados donde la necesidad es mayor, en particular los países menos desarrollados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países afectados por las sanciones, deberían recibir un apoyo internacional específico para establecer procesos participativos», indicó.
Los gobiernos y los actores internacionales deberían comenzar, tan pronto como sea posible, a recopilar datos adecuados sobre el impacto de la crisis del COVID-19, dijo el experto. “Los datos deben desglosarse al menos por género, edad, discapacidad, ingresos, raza y etnia. Estos datos desglosados son necesarios para evaluar con precisión la situación, hacer visibles las desigualdades e identificar a los que se han quedado atrás”.
“Sólo con base en dichos datos podemos desarrollar políticas basadas en evidencia que se dirijan específicamente a los más necesitados. La recopilación de esos datos debe basarse en los principios de participación, consentimiento informado y auto identificación”, dijo el Relator Especial.
FIN
Mr. Saad Alfarargi fue nombrado Relator Especial sobre el derecho al desarrollo por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2017.
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