09 de abril de 2019 – Hoy se reinicia en la Cámara de Diputados el postergado debate sobre la reforma del Sistema de Justicia Juvenil, con el objetivo de derogar el “Régimen Penal de la Minoridad”. Es una nueva oportunidad para avanzar en una deuda que la Argentina tiene pendiente hace 35 años, en los cuales se ha debatido mucho sobre el tema sin llegar a un acuerdo. Un sistema de justicia juvenil requiere ser especializado, esto significa que los Estados deben tomar medidas apropiadas para promover leyes, procedimientos, y contar con autoridades e instituciones específicas.
El sistema de responsabilidad adolescente, tal como establece la Convención de Derechos del Niño, debe ser capaz de tratar a los y las adolescentes de modo de fomentar su sentido de la dignidad personal, fortalecer el respeto por los derechos y libertades de terceros y promover su integración constructiva en la sociedad. La misma Convención establece la idea de que el sistema de justicia juvenil debe contemplar una serie de opciones en materia de sanciones.
La privación de libertad debe ser el último recurso y el interés superior del niño, y la reintegración social, los objetivos fundamentales hacia los cuales debe apuntar la legislación penal juvenil. La Convención de los Derechos del Niño, es parte de la normativa jurídica interna que cuenta con jerarquía constitucional en Argentina.En 2018 el Comité de los Derechos del Niño evaluó al Estado argentino, y fue el gobierno actual quien rindió cuentas ante dicho organismo internacional.
En su último informe, el Comité reiteró la necesidad de la reforma y fue muy claro: instó al Estado a que “ apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil, en particular en lo que respecta a garantizar que la privación de libertad solo se utilice como último recurso y por el período de tiempo más breve posible, y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”.
Hoy en el recinto de diputados, además del proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo, se presentarán otros de autoría de diversos legisladores. Abogamos para que los y las diputadas realicen un análisis en profundidad de todos los proyectos, con el objetivo de aprobar una ley que cumpla los requerimientos de los estándares internacionales de derechos humanos y que incorpore los aportes que se hicieron desde los distintos sectores de la sociedad. Instamos a los legisladores a aprovechar esta oportunidad y asumir la responsabilidad de dar una respuesta eficiente a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, sin dejar de lado el cumplimiento de sus derechos y garantías.
*Luisa Brumana es Representante de UNICEF Argentina, y Xavier Mena es Representante Regional Adjunto del ACNUDH.
**Artículo publicado en exclusiva en el periódico Clarín de Buenos Aires, en su edición del 9 de abril de 2019 (enlace externo): https://www.clarin.com/opinion/reforma-regimen-penal-juvenil_0_Hc2ZLvapJ.html
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