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Oficina planteó preocupación por tensión social relacionada a proyectos extractivos.

SANTIAGO DE CHILE (13 de febrero de 2015) – La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó preocupación por la conflictividad social relacionada a proyectos extractivos en Perú, particularmente en las regiones de Loreto, Junín y Apurímac.

El ACNUDH lamentó la violencia reportada en Pichanaki (Junín), donde una persona falleció y más de 30 resultaron heridas durante un enfrentamiento con la policía. De acuerdo a información oficial, personal policial utilizó armas de fuego en dicho contexto.

“El Estado debe proteger el derecho de las personas a manifestarse, y resguardar su vida e integridad. Repudiamos los actos de violencia, particularmente el señalado uso de armas de fuego en el control de la manifestación, lo que no solo contraviene estándares internacionales sino también regulaciones internas”, expresó el Representante Regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.

Al respecto, el ACNUDH valoró las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior para investigar y sancionar a los responsables policiales por estos hechos.

Incalcaterra también llamó al Estado peruano a fortalecer sus estándares e institucionalidad en materia ambiental. “Para enfrentar la conflictividad socioambiental derivada de la actividad extractiva, el Perú debe implementar un marco regulatorio transparente e inclusivo, con normas altamente exigentes, que respete y proteja los derechos individuales y colectivos, balanceando los intereses nacionales con la protección del medio ambiente”, recomendó.

“En especial, debe respetarse el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, así como a sus tierras, territorios y recursos”, enfatizó el Representante.

Adicionalmente, el ACNUDH recordó la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. “Si bien los Estados son los encargados últimos de proteger los derechos humanos, las empresas también tienen el deber de respetar a las personas y comunidades que pudieran ser afectadas con sus actividades empresariales, así como de remediar y compensarlas adecuadamente cuando sus derechos son vulnerados”, afirmó Incalcaterra.

FIN

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