SANTIAGO (04 de diciembre de 2014) – La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó este jueves la trágica muerte de un menor de edad interno por decisión judicial en el Instituto Luis Agote, en Buenos Aires.
Según la información recibida por el ACNUDH, el adolescente de 17 años –que tenía antecedentes psiquiátricos- falleció tras sufrir quemaduras en casi el 80% de su cuerpo, a raíz de un incendio en la celda de aislamiento donde se encontraba.
El Representante Regional para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y cuestionó el régimen de aislamiento al que se sometió al joven. “El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe absolutamente el confinamiento de menores en celdas de aislamiento, por lo que llamamos a las autoridades a respetar estas disposiciones”, expresó.
“Hechos como este dan cuenta de la necesidad de llevar adelante una reforma al actual régimen penal juvenil argentino, como lo han recomendado varios mecanismos y expertos de las Naciones Unidas. Alentamos al Estado a adecuar su legislación en esta materia a los estándares internacionales, incorporando especialmente medidas alternativas a la privación de libertad y más capacitación en derechos humanos para los agentes penitenciarios”, señaló Incalcaterra.
Asimismo, el Representante recordó que “el Estado en su conjunto es el responsable primario en materia de derechos humanos, y debe garantizar su respeto en los regímenes de privación de libertad. Por tanto, el nivel federal debe tener un rol activo en la administración y fiscalización de los lugares de detención, en coordinación con las provincias”.
“Un correcto monitoreo de los lugares de detención de menores pudo ser crucial para evitar esta lamentable muerte”, continuó el Representante del ACNUDH. “Para ello, el Estado argentino debe implementar de manera urgente su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y designar a sus integrantes sin dilaciones”, exhortó Incalcaterra.
Argentina asumió el compromiso de implementar un Mecanismo Nacional de Prevención al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2004. Estos mecanismos pueden realizar visitas a todo lugar donde se encuentren personas privadas de libertad, con el fin de supervisar el efectivo respeto a sus derechos humanos, y entre otras atribuciones pueden recomendar medidas para mejorar las condiciones del sistema de trato y detención en todo el país.
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