En 2005, el padre y la tía de Isatou Jammeh desaparecieron durante sus labores en la granja familiar en Gambia. Isatou tenía 14 años.
Durante la siguiente década y media, ella y su familia dedicaron mucho tiempo a intentar averiguar quién les hizo desaparecer y a obtener algún tipo de justicia. No obtuvieron ninguna respuesta de las autoridades en todo este tiempo. Descubrió a los autores en 2013, cuando, durante la declaración ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, unos hombres que pertenecieron a la brigada de asesinos del anterior presidente gambiano Yahya Jammeh confesaron su asesinato y el de otras personas bajo las órdenes del presidente de aquel momento. Sin embargo, Isatou Jammeh y su familia todavía desconocen el paradero de los cuerpos de su padre y tía.
“Mi historia es una de otras tantas. La de muchos que desconocen el destino de sus seres queridos y de aquellos que, al igual que nosotros, viven en un estado de trauma continuo”, Jammeh comentó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) durante la sesión de apertura en septiembre. “Quiero que el Comité ayude a garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia mediante su asesoramiento y apoyo. Pido al Comité que ayude y apoye a las víctimas de desapariciones forzadas. Deseo que el Comité oriente a mi gobierno a tomar medidas”.
Este 23 de diciembre se celebra el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Durante casi una década, la Convención y el CED han constituido un lugar en el cual los Estados pueden buscar apoyo para luchar contra las desapariciones forzadas y las personas pueden reclamar justicia por la desaparición de sus seres queridos a escala internacional.
“Ser miembro del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) me permite reiterar mi compromiso de apoyo a las víctimas de desapariciones forzadas”, alegó el miembro del comité Carmen Rosa Villa.
La campaña para su ratificación
Pero pese a su utilidad como medio vinculante para prevenir las desapariciones y ayudar a enjuiciarlas, la Convención ha sido ratificada únicamente por 63 de los 193 Estados miembro de las Naciones Unidas.
Los motivos para un número tan reducido varían. Rosa Villa alegó que el poco tiempo que lleva funcionando la Convención podría ser un factor. Fue el último mecanismo de derechos humanos en entrar en vigor y los Estados tienden a dedicar tiempo a analizar las nuevas normas, aseveró. Otra limitación ha sido el temor a la crítica de algunos Estados, en los cuales se han producido desapariciones forzadas.
“Con esta lógica, no es posible progresar. Es importante que todos los Estados acepten la adopción de medidas para detener y evitar este delito”, explicó Rosa Villa.
Parte de esta indecisión se reduce al hecho de que los Estados no priorizan estas desapariciones, confirmó Olivier de Frouville, miembro del CED. También se debe a que consideran que las desapariciones forzadas no forman parte de su historia nacional, o que ya no se trata de una cuestión pública. Es un error, aclaró.
“Los órganos de derechos humanos suelen ser los mecanismos de alerta temprana de nuestro presente que darán lugar a los enjuiciamientos del mañana”, aclaró Frouville. “(La Convención) incluye la prestación de cooperación judicial de los Estados a fin de ayudar a las víctimas y localizar a los autores en todo el mundo, y acabar así con la impunidad”.
El CED se ha aliado con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en una campaña para alentar a más países a adoptar la Convención. La campaña insiste en que la cuestión de las desapariciones no es un problema del pasado, sino que sigue produciéndose en la actualidad, por lo que aprobar la Convención demuestra el apoyo a las innumerables miles de víctimas de desapariciones forzadas e involuntarias de todo el mundo.
“Las desapariciones forzadas se reconocen unánimamente como uno de los delitos existentes más abominables”, declaró el presidente del CED Mohammed Ayat. “Todos los Estados miembro deberían ratificar la Convención y reconocer las diversas competencias del Comité como una señal inequívoca de su compromiso con la lucha contra las desapariciones forzadas”.
De Frouville afirmó que la aprobación de la Convención también contribuye a que los Estados se unan a una comunidad y una red comprometidas con la eliminación de la práctica de las desapariciones forzadas. Independientemente de que un Estado sufra las desapariciones forzadas en el presente, en su pasado lejano o en su pasado reciente, la Convención puede ofrecer apoyo y asistencia por medio del Comité.
“Además, los Estados que tienen la suerte de no haber sufrido esta experiencia tienen que ratificar para prestar asistencia a las víctimas en sus esfuerzos por buscar a sus seres queridos y de participar en el esfuerzo global de la lucha contra la impunidad de los culpables en todo el mundo”, concluyó. “¡Unámonos!”
23 de diciembre de 2020
Fuente: ONU Derechos Humanos
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