Puede que el profesor de Derecho Juan Ceretta no sea albañil, pero dedica gran parte de su tiempo a garantizar el acceso de las personas a techos y paredes seguras.
Ceretta, como experto en litigios estratégicos en defensa de los derechos humanos en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, ha promovido la labor de sus estudiantes de prestar asistencia jurídica a familias pobres que tienen problemas para acceder a los derechos económicos, sociales y culturales. Ha creado un programa para exigir soluciones de vivienda, las cuales, en lugar de ser simplemente un techo sobre la cabeza, puedan llamarse viviendas. Madres solteras, migrantes y personas con discapacidades acuden a él semanalmente.
Más de 1,8 mil millones de personas en todo el mundo carecen de una vivienda adecuada según estimaciones de ONU-Hábitat. Cada año dos millones de personas son desalojadas por la fuerza, muchas más reciben amenazas de desalojo y unos 150 millones de personas de todo el mundo se han quedado sin hogar. En esta época de pandemia por la COVID-19, al pedir a las personas que se queden en casa, el desplazarse lo menos posible y aplicar el distanciamiento físico resultan extremadamente complicados para aquellos que viven en condiciones de hacinamiento, los sin hogar y para aquellos que carecen de acceso a agua y al saneamiento.
Este año, Ceretta y sus estudiantes se hicieron cargo del caso de una familia con seis hijos de edades comprendidas entre 2 y 14 años, que vivía en la pobreza extrema. La familia llevaba ocupando una casa en Montevideo los últimos 14 años, la cual estaba al borde del colapso.
Este caso representaba un desafío para el profesor y su equipo puesto que, según recuerda él, apenas se podían encontrar precedentes sobre la ejecutoriedad del derecho a la vivienda en Uruguay, a diferencia de otros derechos sociales como la asistencia sanitaria.
«Durante nuestra investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, solo encontramos cinco registros de litigios que exigían el disfrute efectivo del derecho a la vivienda. En tres de los casos, la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad promovió acciones de amparo en 2018, 2019 y la última vez en 2020», destacó Ceretta.
«Todos estos casos estaban relacionados con circunstancias extremas de personas vulnerables, tales como migrantes, mujeres y niños que no estaban inscritos en programas nacionales de vivienda, que ocupaban tierras o que habían sido desalojados por la fuerza. Sin embargo, no se conocía ningún caso con buenos resultados hasta la fecha».
En una acción inédita colaboraron con la Defensoría Pública, que les aconsejó adoptar un planteamiento más amplio en el caso. Todos los informes procedentes de los servicios sociales habían indicado el riesgo que suponía que los adultos y los niños siguieran viviendo en una casa al borde del colapso.
El camino que les esperaba al profesor Ceretta y a sus alumnos era largo y lleno de baches. Sin embargo, en pocas semanas, recibieron una noticia increíble: en un resultado sin precedentes, el tribunal consideró admisible la demanda de protección constitucional interpuesta por la Clínica de Litigio Estratégico, que exigía soluciones urgentes de vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.
El Ministerio de Vivienda de Uruguay acordó proporcionar a la familia una vivienda adecuada —por medio de un subsidio de alquiler durante dos años— en un plazo de 24 horas y garantizar su acceso a los servicios básicos, como parte de su derecho humano a una vivienda adecuada.
«Era la primera vez que el Estado podía revisar las políticas públicas para este caso concreto, con la particularidad añadida de que sucedía en el marco de los procedimientos de conciliación, y que contaba con la participación de otros agentes públicos», resaltó Ceretta. «El Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a acompañar a la familia durante el proceso, y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay seguirá de cerca la situación de los niños y buscará una vivienda adecuada acorde a las necesidades de la familia».
Desde su creación en 2015 como asignatura curricular para los estudiantes de Derecho, la Clínica se ha centrado en causas que contribuyen al avance del ejercicio de los derechos humanos, en especial de los derechos sociales y culturales. El equipo trabaja en colaboración con diversos agentes públicos y sociales, tales como el Comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, el Comité de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la Comisión de Lucha contra la Discriminación y el Racismo, la Red de apoyo de adultos mayores y la Organización de ayuda a los positivos de VIH, entre otros.
«La Clínica se creó con el fin de utilizar una metodología distinta a la del Consultorio, el cual no era capaz de atender las causas colectivas ni sociales pese a sus 60 años de experiencia», recalcó Ceretta.
«Al contrario que el Consultorio, la Clínica no trabaja a demanda de los ciudadanos. Va a buscar activamente los casos que le parecen relevantes después de superar una selección por parte del equipo docente y los mismos estudiantes. Procuramos tramitar los casos más complicados que no llegarían a la ventanilla del Consultorio por las dificultades de acceso de estas personas», añadió.
ONU Derechos Humanos -por medio de su asesora de derechos humanos en Uruguay- ha cooperado estrechamente con la Clínica por medio de varias actividades, en particular las destinadas a integrar las normas de derechos humanos y la jurisprudencia internacional en las demandas y los argumentos presentados ante los tribunales. Empezaron a colaborar en litigios en defensa del derecho a una vivienda adecuada en septiembre de 2020, y esa colaboración incluía una conferencia con estudiantes, abogados, jueces, fiscales y activistas. Durante la misma, funcionarios de ONU Derechos Humanos e invitados internacionales les impartieron las bases del derecho a una vivienda y les presentaron las normas para la exigibilidad de este derecho en un contexto en el que se fomentan leyes y marcos normativos regresivos en materia de vivienda.
Según Ceretta y sus estudiantes, esa actividad fue clave a la hora de preparar su demanda de derecho a la vivienda, puesto que presentaba un amplio análisis del marco nacional y su vinculación con las normas internacionales, el análisis de la jurisprudencia elaborada por los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas y otros foros regionales e internacionales, así como posibles estrategias a seguir para solicitar la exigibilidad del derecho a una vivienda adecuada.
«Este avance innovador no hubiera sido posible sin el apoyo para el fomento de la capacidad brindado por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», aseveró Ceretta. «Aprendimos a utilizar las leyes y las normas internacionales de derechos humanos en nuestras comunicaciones con las autoridades, así como las buenas prácticas de otros países para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales.
Este artículo forma parte de una serie para celebrar el Día de los Derechos Humanos en 2020, con el tema Reconstruir mejor: Defiende los derechos humanos. Nadie debería ser castigado por no tener hogar o por vivir en una vivienda inadecuada. La agenda de desarrollo sostenible, mediante el objetivo 11, insta a las ciudades y a los asentamientos humanos a ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La recuperación debe proteger y beneficiar a los más vulnerables, al mismo tiempo que impulsa las iniciativas para hacer efectivos los derechos humanos de todos y para cumplir con la Agenda 2030.
8 de diciembre de 2020
Fuente: ONU Derechos Humanos
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