26 de marzo de 2019 – “En América Latina hemos sufrido una regresión enorme. Ninguno de nosotros está a salvo”, dijo Moises Borges, de Brasil.
Borges es miembro de Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) -movimiento de personas afectadas por represas-, una articulación de base en Brasil que lucha por los derechos de las comunidades afectadas por represas. Borges, junto a Leticia Oliveira -también del MAB-, se reunieron recientemente en Ginebra con miembros de la comunidad internacional de derechos humanos para conscientizar sobre la difícil situación de quienes resultaron dañados por la reciente ruptura de la represa en Brumadinho, que dejó al menos 214 personas fallecidas y 91 que continúan desaparecidas.
“Los riesgos de ser activista en Brasil y en América Latina son grandes, por lo que tratamos de trabajar colectivamente donde una persona no actúe sola, sino como un grupo”, dijo Oliveira.
Los defensores de derechos humanos, particularmente quienes defienden los derechos ambientales, están en el punto de mira de una creciente violencia. El 21 de marzo, Dilma Ferreira da Silva, defensora de derechos humanos y coordinadora regional del MAB en Tucuruí, fue asesinada junto a su esposo Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes (un cercano a la familia) en un asentamiento rural en la ciudad de Baião, en el estado de Pará, Brasil. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU para América del Sur emitió una nota en la que condena los asesinatos, solicitando investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas, así como una mayor protección para las personas defensoras de derechos humanos en Brasil.
Según el MAB, hay más de 1,5 millones de personas afectadas por represas en Brasil, ya sea por desplazamientos, daños ambientales o por accidentes cuando las represas fallan. Borges comentó que se involucró en el MAB cuando se dio cuenta de que su propia familia estaba amenazada con la construcción de una represa, pero sus preocupaciones y derechos no fueron reconocidos.
“A partir de ahí comencé a comprender que la construcción de estos proyectos de represas nos fue impuesta, por lo que me involucré para contribuir a un mundo mejor y evitar que otras personas enfrenten lo que nos ha afectado”, dijo.
Oliveira también se ha visto afectada por la construcción de represas y se unió a MAB porque quiere que la comunidad comprenda mejor la relación entre ellos mismos, el medio ambiente y la situación económica.
“Necesitamos una nueva forma de reorganizar la sociedad para poder cambiar los problemas ambientales y sociales que tenemos hoy en día, y el MAB fue la forma en que yo y otras personas encontramos para poder contribuir”, dijo Oliveira.
El Consejo de Derechos Humanos ha reconocido las crecientes amenazas para los defensores ambientales. En su última sesión, que finalizó el 22 de marzo, el Consejo adoptó una resolución en la que expresó su “gran preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente en todo el mundo, y condena enérgicamente los asesinatos y todas las demás violaciones o vulneraciones de los derechos humanos contra dichos defensores”. La resolución insta a los Estados a tomar medidas concretas para proteger y defender a estos activistas, incluida la rendición de cuentas por todos los ataques y amenazas.
Borges y Oliveira, que aún asisten a reuniones en Europa y regresarán a Brasil a fines de marzo, dicen que la muerte de Dilma Ferreira da Silva les recuerda que, si bien el trabajo de un defensor de los derechos humanos en asuntos ambientales es peligroso, esto no les detendrá de segur abogando por el cambio y la protección de sus comunidades.
“Estamos tristes por el asesinato de Dilma”, dijeron en una declaración conjunta, “pero nos mantendremos firmes en la lucha, por ella y contra todas las formas de injusticia”.
Fuente: ACNUDH
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