ASUNCIÓN (13 de diciembre de 2024) – El jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, realizó una visita a Paraguay entre el 10 y 12 de diciembre, en la que participó en actividades de conmemoración del Día Internacional de Derechos Humanos y se reunió con representantes de los poderes del Estado y de la sociedad civil.
En su primer día en Asunción, el jefe de la oficina regional intervino en un evento por el 76 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizado por la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Paraguay.
En su discurso, Jarab evaluó los avances del Sistema Internacional de Derechos Humanos desde 1948, así como los desafíos persistentes y emergentes en la región. Entre ellos mencionó los problemas de los sistemas penitenciarios, tales como el hacinamiento, el sobreuso de la prisión preventiva y la falta de programas eficaces de rehabilitación social. También expresó la preocupación de la Oficina sobre los conflictos que enfrentan los Pueblos Indígenas, los impactos del crimen organizado, el crecimiento de movimientos antiderechos y la importancia de proteger a las personas defensoras de derechos humanos.
“Los Estados no solo deben de abstenerse de obstaculizar la labor de las personas y organizaciones defensoras, sino que deben de crear mecanismos de protección de los defensores amenazados, así como periodistas”, destacó.
Reuniones con autoridades y sociedad civil
En su estadía en la capital paraguaya, Jarab sostuvo encuentros protocolares y de trabajo con autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con instituciones autónomas y la sociedad civil.
En particular, se reunió con el Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, con el Viceministro del Interior, Comisario General Oscar Pereira, y con el Director de la Unidad General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raúl Martínez, instancias en las que se discutió sobre las principales líneas de cooperación de la Oficina con el Estado paraguayo, desde el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones Internacionales (SIMORE Plus) hasta las capacitaciones en materia penitenciaria y la posible contribución al desarrollo de un protocolo interinstitucional para la prevención de desalojos forzosos y de respeto a los derechos humanos en ese contexto.
Además, Jarab se reunió con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por el Senador Mario Varela, y con la Corte Suprema de Justicia, representada por el Ministro César Diesel. En ambos encuentros se discutieron, sobre todo, los temas de derechos de las personas privadas de libertad y las perspectivas de cooperación entre las instituciones. Adicionalmente, el jefe de la Oficina expresó su apoyo a la adopción de un proyecto legislativo sobre la protección de personas defensoras y periodistas que se encuentra en el Senado.
Entre otras instituciones de Estado paraguayo, Jarab también se reunió separadamente con el Ministro de la Defensa Pública, Javier Esquivel, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el Procurador General de la República, Marco Aurelio González, y el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila.
En dichas reuniones se discutió una amplia gama de temas, los desafíos del sistema penitenciario, los riesgos que trae el proyecto de la Ruta Bioceánica en materia de trata y explotación sexual, así como la implementación de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU (Campo Agua’e y Colonia Yerutí) y sobre la sentencia de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos en el caso de Santiago Leguizamón.
Finalmente, Jarabtambién se reunió con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) para conversar sobre las preocupaciones de la sociedad civil en torno a la reciente legislación en materia de control y transparencia de la sociedad civil. En la ocasión, destacó la importancia de que la aplicación de dicha ley no resulte en restricción del espacio cívico. Reiteró además su pleno apoyo a la labor de la sociedad civil organizada en Paraguay en la defensa de los derechos humanos y al mencionado proyecto legislativo sobre la protección de personas defensoras y periodistas.
FIN
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