SANTIAGO (9 de agosto de 2022) – El Representante para América del Sur de ONU Derechos Humanos, Jan Jarab, participó el 4 de agosto en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador en la que se discutió la objeción parcial, presentada por el Ejecutivo, al proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza en el país. El proyecto de ley contó con asistencia técnica de la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos.
En su presentación, realizada de manera virtual, Jarab destacó que el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional cumple con las obligaciones que el Estado Ecuatoriano ha contraído al ratificar los diferentes tratados de derechos humanos y que tiene un alto nivel de apego a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
Para el Representante, la legislación propuesta representa “un paso fuerte y seguro hacia el objetivo de dotar a los cuerpos de seguridad de un marco regulatorio que les permitiese emplear la fuerza con respeto pleno a los derechos humanos”.
Respecto de las objeciones propuestas por el Ejecutivo, Jarab manifestó que estas podían disminuir el nivel de apego del proyecto con los estándares internacionales.
Según el Representante, la principal preocupación respecto de las objeciones es su impacto en el principio de rendición de cuentas establecido en el proyecto de ley: además de la eliminación expresa de este principio, también se pretendía introducir una cláusula de exención de responsabilidad penal ex ante y sustituir la justificación objetiva para el empleo de la fuerza por la percepción subjetiva del personal policial, entre otras.
Jarab también previno a la Asamblea sobre la objeción que pretendía flexibilizar los requisitos y principios para la utilización de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, reiterando que debe proceder de manera extraordinaria, subordinada y complementaria, además de regulada y fiscalizada.
El Representante finalizó recordando que la regulación del uso de la fuerza, cuando se encuentra en armonía con los estándares internacionales, “permite a los agentes de orden y seguridad que han actuado en respeto a lo dispuesto por esta regulación tener la certeza no solo de que están cumpliendo su labor respetando los derechos humanos de las personas, sino también, de que su actuar se encontrará resguardado por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
El Pleno de la Asamblea Nacional, votó el 6 de agosto, para resolver las objeciones presentadas por el Ejecutivo y ratificó el texto original en 20 de 21 artículos.
“La Oficina valora la adopción de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza en Ecuador. Por su estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos, esta ley se puede convertir en un ejemplo a nivel regional”, destacó al respecto Jan Jarab. “Sin embargo, su adopción representa tan solo el primer paso: resulta esencial que su eventual reglamentación sea acorde a los mismos estándares y que el personal de la Policía sea debidamente capacitado.”
En este contexto, el Representante reiteró el compromiso de la Oficina de seguir trabajando con las autoridades ecuatorianas, entre otros ámbitos, en la formación del personal policial en materia de derechos humanos.
FIN
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