RIO DE JANEIRO (16 de mayo de 2014) – El Representante Regional de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, se reunió desde el lunes 12 de mayo con autoridades en Brasilia y en Río de Janeiro para abordar temas como la respuesta a las crecientes manifestaciones en todo el país, la situación penitenciaria, la investigación sobre la reciente muerte del coronel Paulo Malhaes –que atestiguó ante la Comisión Nacional de la Verdad un mes antes- y las unidades de pacificación en Río (UPPs). Él también se reunió con organizaciones de la sociedad civil.
Incalcaterra afirmó que su oficina regional ha recibido denuncias recientes de violaciones de derechos humanos vinculadas sobre todo al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones de calle, por medio de las fuerzas de seguridad, a la situación de los defensores de derechos humanos y al sistema carcelario.
“En menos de un mes, Brasil abre sus puertas al mundo. La comunidad internacional está mirando al país, no solo esperando un evento deportivo sino también observando cómo responde a los desafíos que impone una democracia vibrante como la brasileña”, señaló Incalcaterra. “Es una oportunidad que tiene el país para privilegiar el diálogo y no la represión en busca de soluciones para las legítimas reivindicaciones de la ciudadanía”, agregó el Representante.
Durante el encuentro con las organizaciones de la sociedad civil en Río de Janeiro, estas mostraron su preocupación por lo que está sucediendo en el país en materia de derechos humanos –principalmente en el contexto del Mundial de Fútbol y de la intensificación de las manifestaciones. También destacaron que los datos oficiales sobre los llamados “autos de resistência” –muertes o lesiones a consecuencia de operaciones policiales o enfrentamientos con la policía- demuestran un aumento de este tipo de casos en este año.
Por su parte, el Mecanismo Estatal de Río de Janeiro para la Prevención y el Combate a la Tortura destacó la sobrepoblación penitenciaria, la persistencia de la práctica de tortura y de prisiones arbitrarias en diversas instituciones de seguridad en Río de Janeiro, además como durante el transporte regular de internos. Este mecanismo estatal enfrenta severas dificultades de financiamiento, debido a la no liberación de los recursos por parte de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ).
La violencia creciente en áreas de favelas de Río de Janeiro –con o sin UPP- también fue uno de los temas abordados por las organizaciones. Estas señalaron que en algunas favelas la relación de los habitantes com las fuerzas de seguridad está deteriorada, principalmente a causa de los episodios continuos de violencia policial y a la corrupción dentro de la Policía Militar. Otro reclamo de la sociedad civil es la falta de información del gobierno del estado de Río sobre el principal programa de policía comunitaria, las UPP.
Las autoridades estatales destacaron varios esfuerzos por parte del gobierno para la formación de la policía del Estado carioca en materia de derechos humanos, además de la supervisión de la acción policial en el contexto de las protestas. A pesar de los esfuerzos, el Representante destacó la necesidad de dialogar con las personas que reivindican derechos sociales, además de que es preciso revisar los protocolos de actuación policial a la luz de los estándares de derechos humanos. Para este fin, el Representante ofreció el apoyo técnico de su oficina.
Sobre la pacificación de favelas, el Representante del ACNUDH reconoció los esfuerzos realizados por el Estado para promover la seguridad de sus habitantes e incluirlos socialmente. Sin embargo, Incalcaterra destacó la necesidad de asegurar una coordinación adecuada y el fortalecimiento de los servicios sociales prestados en estas comunidades, así como de prevenir el uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego por miembros de las UPPs.
Finalmente, el Representante de la ONU enfatizó la necesidad de que la investigación sobre la muerte del coronel Malhaes avance de forma absolutamente transparente e independiente, de modo que se pueda determinar en particular si existe relación entre la muerte y el testimonio que este prestó frente a la Comisión Nacional de la Verdad.
Este viernes 16, una delegación de la ONU visitó la UPP de Mangueira, que atiende a una población de cerca de 20 mil personas en la zona norte de Río de Janeiro.
Más información:
En Brasil: UNIC Rio — Gustavo Barreto ([email protected] e 21-98185-0582/2253-2211)
En Chile: ACNUDH — María Jeannette Moya ([email protected] e 56 2 2321-7750)
Fuente: CINU Río de Janeiro: http://www.onu.org.br/representante-da-onu-se-reune-com-autoridades-e-organizacoes-de-direitos-humanos-da-sociedade-civil/
