El consumo de drogas -especialmente de crack- en las calles de las ciudades brasileñas ha generado un gran debate público sobre cuál sería la respuesta más eficaz para el problema. Propuestas de acciones destinadas a la internación involuntaria se han multiplicado tanto en las calles como en la esfera legislativa.
Sin embargo, evidencias científicas apuntan hacia la dirección contraria: la lógica de la salud puede ser más efectiva en la reducción del uso problemático de drogas.
Según directrices de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención y el tratamiento deben estar de acuerdo con los principios de ética del cuidado en la salud y respetar la autonomía y la dignidad individuales. Además, los tratados internacionales de los derechos humanos exigen garantías procesales para la detención y la privación de libertad de cualquier persona.
Recientemente, el Ministerio Público de Río de Janeiro, la Defensoría Pública de São Paulo y dos misiones de las Naciones Unidas expresaron gran preocupación por la forma violenta, inhumana y degradante que los usuarios de drogas han sido recogidos de las calles brasileñas en nombre de una perspectiva sanitaria.
La tendencia mundial creciente de propuestas de tratamiento sin consentimiento generó un posicionamiento de la ONU en 2012 contra centros de detención/tratamiento compulsorio, destacando que la privación arbitraria de libertad es una violación de las normas internacionales de los derechos humanos.
Del mismo modo, un editorial del 2012 de la revista “Addiction”, una de las más respectadas del mundo sobre este tema, afirma que las internaciones involuntarias cayeron en desuso en países desarrollados, puesto que son ineficaces en el tratamiento de la dependencia de drogas y favorecen la violación de los derechos humanos de los consumidores.
La internación sin consentimiento debe aplicarse en situaciones de absoluta emergencia y tener como justificación la protección, cuando exista riesgo para la seguridad del sujeto y/o de terceros, y ser proporcional. En otras palabras, la internación debe ser la excepción, y no la regla.
Inclusive en esos casos, es esencial observar principios éticos y legales para que no se produzcan violaciones de los derechos garantizados por las convenciones internacionales. Los procedimientos deben ser transparentes y estar legalmente establecidos, para evitar una aplicación amplia y arbitraria de este recurso.
Por lo tanto, las personas en internación involuntaria deben tener el derecho de recurrir a un tribunal para que se decida rápidamente la legalidad de la privación de libertad. Los casos judicialmente autorizados deben ser periódicamente revisados para determinar la necesidad de que la internación continúe.
Es cierto que el uso problemático de drogas está vinculado a condiciones sociales de vulnerabilidad y riesgo. Sin embargo, existen pocas investigaciones e informaciones confiables respecto del número de consumidores que realmente necesitarían internación.
La experiencia internacional demuestra que la rehabilitación y la reintegración de los usuarios de drogas tienen mucho más que ver con intervenciones que respeten los derechos humanos de estas personas y que sean adecuados a sus necesidades sociales y de salud, que con su segregación en centros de tratamiento.
RAFAEL FRANZINI es Representante de la Oficina de Enlace y Colaboración del UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en Brasil.
AMERIGO INCALCATERRA es Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
*Publicado por el diario brasileño Folha de S. Paulo (17/04/2013):
