“Tan pronto como la Observación General 37 se publicó, la compartimos con el gobierno e hicimos una oferta de apoyo de asesoramiento técnico sobre cómo lidiar con las protestas de un modo tal que sea respetuoso con las normas de derechos humanos,” declaró Fiona Adolu, Asesora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Zimbabwe. “(Esto) también viene a demostrar que Naciones Unidas observa atentamente cualquier novedad acerca de las protestas en el país.”
En julio de 2020, el Comité de Derechos Humanos publicó la Observación General 37 (OG 37) sobre el derecho de reunión pacífica, un derecho consagrado en el Artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Artículo 21 establece que «se garantizará el derecho de reunión pacífica,» y permite ciertas circunstancias limitadas en las que se podrá restringir este derecho. No obstante, organizadores, manifestantes, gobiernos, las fuerzas del orden y miembros del público a menudo entran en conflicto sobre cómo ejercer este derecho, y de qué modo puede quedar limitado.
En lugares como Zimbabwe, la OG 37 supone un cambio radical, ya que viene a establecer directrices sobre los derechos y obligaciones de todas las partes implicadas.
«Tras la salida del poder del difunto Presidente Mugabe, se creó un ambiente de gran entusiasmo y, por ende, la esperanza de que se produjeran cambios positivos en los derechos civiles, incluyendo el derecho de reunión pacífica,» afirmó Adolu. «Pero la primera prueba real sobre como el nuevo orden lidiaría con las protestas llegó con las manifestaciones de agosto de 2018 que tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones… las fuerzas de seguridad emplearon un uso excesivo de la fuerza lo que llevó a la muerte de seis personas. Los informes de operativos de seguridad entrando en comunidades con el fin de amedrentarlas para que no participen en protestas han disuadido a otros de salir a las calles para expresarse.»
«La OG es una herramienta muy completa que podemos usar ahora para ofrecer asesoramiento y orientación a las autoridades sobre sus obligaciones de proteger este derecho,» continuó. «También va a desempeñar un papel clave para orientar a las organizaciones de la sociedad civil para defender el derecho (de reunión pacífica).»
La llegada de la OG 37 ha sido muy oportuna. Este año pasado ha sido testigo de un aumento enorme en las protestas, en todo el planeta la gente se ha lanzado a las calles en movimientos como el Black Lives Matter, en protestas contra el cambio climático y para oponerse a las restricciones por la COVID-19. Aun así, los gobiernos impusieron a menudo considerables barreras a las protestas, y muchas de ellas derivaron en violencia.
Aun así, los gobiernos impusieron a menudo considerables barreras a las protestas, y muchas de ellas derivaron en violencia.
«Es evidente que la reunión pacífica desempeña una función crucial en la construcción de la sociedad actual,» declaró. «La OG supuso una oportunidad para que el Comité ofreciera mayor claridad sobre las normas de intervención para reuniones, para la policía, autoridades, participantes, transeúntes, .. para todo el mundo.»
La OG 37 deja claro que los Estados tienen obligaciones no solamente de abstenerse de interferir de manera indebida en las reuniones pacíficas, sino también de facilitar de forma activa las reuniones y de proteger a los participantes. También viene a clarificar cuestiones relacionadas con movimientos recientes. Reconoce que la protección de los derechos se extiende a las reuniones en línea y concentraciones en espacios privados. Como regla general, los participantes pueden llevar mascarillas. También trata de cuándo y cómo se pueden imponer las restricciones, tales como la protección de la salud pública durante una pandemia. En combinación con las Directrices de Naciones Unidas sobre Armas Menos-Letales, Heyns declaró, «se han vuelto a expresar y actualizar las normas fundamentales sobre la gestión de reuniones.»
Para los activistas, las directrices prácticas disponibles en la OG 37 suponen una importante herramienta para cualquier defensa o litigio a nivel nacional que puedan emprender, explicó Francesca Fanucci del Centro Europeo para la Ley Sin Fines de Lucro.
«El reto consiste ahora en garantizar que los activistas conocen su existencia, pero también que los abogados, jueces y responsables políticos sean conscientes de su existencia además del hecho de que tienen una obligación que cumplir,» indicó.
Volviendo a Zimbabwe, Adolu es optimista sobre la oportunidad de seguir usando la OG 37 para promover los derechos humanos.
«El Tribunal Constitucional ha determinado que el gobierno debe promulgar leyes con el fin de establecer un mecanismo para que el público pueda interponer denuncias contra la conducta inapropiada de las fuerzas de seguridad, las cuales incluirían denuncias acerca de su conducta durante las protestas,» explicó ella. «Hemos compartido la OG y otros recursos con el Ministerio de Justicia, y haremos lo mismo con el Parlamento una vez que la ley sea publicada oficialmente, con el fin de ofrecer asesoramiento técnico sobre el aspecto que debe tener este mecanismo si tiene voluntad de respetar los derechos humanos.»
15 de diciembre de 2020
Fuente: ONU Derechos Humanos
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