El costo humano del terrorismo se ha sentido prácticamente en todos los rincones del planeta. El sistema de las Naciones Unidas mismo ha sufrido pérdidas humanas trágicas como resultado de violentos actos de terrorismo. El ataque contra sus oficinas de Bagdad del 19 de agosto de 2003 cobró la vida del Representante Especial del Secretario General, Sergio Vieira de Mello, de 21 otros funcionarios y funcionarias y lesionó a más de 150, algunos de ellos muy gravemente.
Claramente el terrorismo tiene efectos muy reales y directos sobre los derechos humanos, con consecuencias devastadoras para el ejercicio del derecho a la vida, la libertad y la integridad física de las víctimas. Además de ese costo individual, el terrorismo puede desestabilizar gobiernos, socavar la sociedad civil, poner en peligro la paz y la seguridad y amenazar el desarrollo social y económico. Todos estos tienen también efectos reales sobre el goce de los derechos humanos.
La seguridad del individuo es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, la protección de los individuos es una obligación fundamental del gobierno. Los Estados, en consecuencia, tienen la obligación de velar por los derechos humanos de sus nacionales y de otros mediante la adopción de medidas positivas para protegerlos contra la amenaza de actos terroristas y para llevar ante la justicia a los autores de esos actos.
En los últimos años, sin embargo, las propias medidas adoptadas por los Estados para luchar contra el terrorismo con frecuencia han planteado graves retos a los derechos humanos y el imperio de la ley. Algunos Estados han recurrido a la tortura y otros malos tratos para luchar contra el terrorismo, en tanto que se ha solido dejar de lado salvaguardias jurídicas y prácticas cuyo objeto es prevenir la tortura, como la supervisión periódica e independiente de los centros de detención. Otros Estados han devuelto personas sospechosas de realizar actividades terroristas a países en que enfrentan un riesgo auténtico de tortura o de otros abusos graves de derechos humanos, con lo que han violado la obligación internacional de no devolución. En algunos lugares se ha menoscabado la independencia del poder judicial, en tanto que el uso de tribunales excepcionales para enjuiciar civiles ha afectado la eficacia de los sistemas judiciales ordinarios. Se han utilizado medidas represivas para ahogar las voces de defensores de los derechos humanos, periodistas, minorías, grupos indígenas y la sociedad civil. Se han distraído recursos normalmente destinados a programas sociales y la asistencia para el desarrollo hacia el sector de la seguridad, con lo que se afectan los derechos económicos, sociales y culturales de muchos.
