GINEBRA (25 de junio de 2019) – El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, llamó hoy una moratoria inmediata en la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos. Realiza estas recomendaciones en su último informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la industria de la vigilancia y su interferencia con los derechos humanos.
“Las herramientas de vigilancia pueden interferir con los derechos humanos, desde el derecho a la privacidad y la libertad de expresión hasta los derechos de asociación y reunión, creencias religiosas, no discriminación y participación pública. Y, sin embargo, no están sujetos a ningún control global o nacional efectivo”, declaró el Relator Especial.
Kaye entregó ejemplos de intrusiones informáticas, piratería de dispositivos móviles, intrusiones en la red, vigilancia de reconocimiento facial y otras herramientas de vigilancia altamente sofisticadas que han sido utilizadas por los Estados y otros actores para monitorear a periodistas, políticos, investigadores de la ONU y defensores de los derechos humanos.
El informe insta a los Estados a adoptar salvaguardas domésticas de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos para proteger a las personas de la vigilancia ilegal. En particular, insta al desarrollo de mecanismos públicos para la aprobación y supervisión de tecnologías de vigilancia; fortalecimiento de los controles de exportación; y garantía de las herramientas legales de reparación.
“Los Estados no están solos en sus responsabilidades”, agregó el Relator Especial. “Las compañías parecen estar operando sin restricciones. Es fundamental que las propias empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, incluso mediante la divulgación de sus transferencias, la realización de evaluaciones rigurosas del impacto en los derechos humanos y evitando las transferencias a Estados que no pueden garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos”.
Dada la carencia actual de un marco regulatorio efectivo sobre el uso de tecnologías de vigilancia para mitigar y remediar los daños que pueden causar, Kaye agregó: “es imperativo que los Estados limiten los usos de dichas tecnologías a las legales únicamente, sometidas a los tipos de supervisión y autorización más estrictos, y que los Estados condicionen la exportación de tales tecnologías a la más estricta debida diligencia en derechos humanos”.
“La industria de la vigilancia privada es libre para todos”, señaló Kaye, ”un entorno en el que los Estados y la industria están colaborando en la difusión de la tecnología que está causando un daño inmediato y regular a las personas y organizaciones que son esenciales para la vida democrática —periodistas, activistas, figuras de la oposición, abogados, y otros—”.
“Es hora de que los gobiernos y las empresas reconozcan sus responsabilidades”, concluyó Kaye, “e impongan requisitos rigurosos a esta industria, con el objetivo de proteger los derechos humanos para todos y todas”.
FIM
David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo que abordan ya sea situaciones específicas de países o temas puntuales en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales ejercen el cargo a título honorario, no forman parte del personal de las Naciones Unidas y no perciben un sueldo por el desempeño de su mandato. Son independientes de cualquier gobierno y organización y sirven a título personal.
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Fuente: ACNUDH
Traducción: ACNUDH-América del Sur
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