El Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó la pobreza y falta de acceso a la educación y la salud entre otros flagelos que sufren las comunidades indígenas paraguayas. El informe periódico sobre el país sudamericano también se refirió a la limitada participación de las mujeres en la vida pública y a las restricciones de los derechos reproductivos, así como a los abusos contra las garantías de la población por parte de las fuerzas de seguridad.
25 de julio de 2019 – Los pueblos indígenas de Paraguay sufren todavía elevados niveles de pobreza y tienen dificultades para acceder a servicios básicos como la salud y la educación, además de que carecen de un acceso integral a sus territorios y recursos naturales debido a la lentitud del proceso de registro y devolución de tierras, señala el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de esas garantías en el país sudamericano.
En su cuarta revisión periódica de Paraguay, el Comité encomia la reciente aprobación del Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, pero recuerda los pocos avances en la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en junio de 2015 ordenaron reparaciones relacionadas con la identificación y entrega de tierras tradicionales a las comunidades Sawhoyamaxay, Yakye axa y Xákmok kásek.
Con respecto a la comunidad Ayoreo-totobiegosode, el Comité lamenta no haber recibido suficiente información sobre el cumplimiento de la resolución para contrarrestar la deforestación causada por empresas privadas en los territorios de esos grupos originarios.
La evaluación también halló preocupante la limitada participación de los pueblos indígenas en la vida política y pública del país.
Para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, el Comité llamó al Estado a garantizar la promoción y protección de sus derechos, enfatizando la necesidad de su acceso a la educación y a la salud.
Además, recomendó que se cumpla el mecanismo nacional de consulta para asegurar el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que los afecten, y abogó por el acceso de estos pueblos a procedimientos de resolución de conflictos y por la aceleración de los procesos de devolución y registro de tierras y recursos naturales.
En este renglón, el Comité instó a asegurar la participación plena de los pueblos indígenas en la vida política de Paraguay.
Mujeres y niñas
Las mujeres paraguayas tienen una participación muy limitada en la vida pública y política del país y se encuentran subrepresentadas en los puestos de toma de decisiones y en cargos de elección popular en todos los poderes del gobierno.
El informe manifiesta preocupación por la persistencia de estereotipos patriarcales y prejuicios sobre el papel de la mujer en la sociedad. Subraya asimismo la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
La violencia doméstica y sexual contra niñas y mujeres ha aumentado y los feminicidios se incrementan de forma alarmante, por lo que el Comité exhorta a intensificar los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar estos crímenes y todos los actos de violencia de género, al igual que a investigar expedita e imparcialmente todas las atrocidades contra las mujeres y niñas para hacerles justicia y ofrecerles una reparación integral.
La revisión de Paraguay encontró limitados los derechos reproductivos de las mujeres y destacó la criminalización de la interrupción involuntaria del embarazo bajo todas las circunstancias, afirmando que esto obliga a las afectadas a recurrir a abortos que ponen en riesgo su vida y su salud. También consideró inquietante que se penalice a las madres de niñas embarazadas y a los profesionales de la salud que realicen abortos.
El Comité llamó a modificar la legislación para facilitar un acceso seguro y legal al aborto para los casos de violación, incesto, riesgo de vida de la madre o cuando el embarazo no sea viable.
Fuerzas de seguridad
El Comité denunció numerosos informes de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas de Tarea Conjunta, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, con el ejército participando en tareas de seguridad ciudadana.
La recomendación en este punto es fortalecer a la Policía Nacional e investigar los atropellos, procesar a los responsables y reparar a las víctimas, además de capacitar a las fuerzas de seguridad en una cultura de respeto a los derechos humanos.
La próxima revisión periódica de los derechos humanos en Paraguay será en julio de 2025, cuando se evaluará si se han tomado en cuenta la recomendaciones emitidas por el Comité.
Fuente: Noticias ONU
Información relacionada: Comité de Derechos Humanos de la ONU revisará a Paraguay (27/06/2019)
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