29 de septiembre de 2018 – Durante su reciente viaje a Uruguay, la Representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Birgit Gerstenberg, conversó con la periodista Andrea Martínez del periódico “La Diaria” sobre distintos temas de derechos humanos en el país.
Accede a la entrevista en el portal de “La Diaria”: https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/representante-de-onu-advierte-por-atrasos-en-materia-de-justicia-y-reparacion-de-crimenes-de-la-dictadura/
Lee la entrevista completa:
Birgit Gerstenberg visitó Uruguay y reconoció adelantos, pero también muchos debes en temas vinculados a los derechos humanos.
La alemana Birgit Gerstenberg asumió la representación para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en mayo de este año, después de desempeñarse durante 30 años en distintos cargos de las Naciones Unidas, incluida la representación de la misma oficina para Uganda, Sudán y Colombia.
ACNUDH monitorea distintos temas vinculados con los derechos humanos en nueve países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En la entrevista con la diaria, Gerstensberg pidió referirse únicamente a la visita que hizo a Uruguay a comienzos de setiembre, en donde se le plantearon varios asuntos, entre los cuales destacó la violencia de género, la situación del sistema carcelario y los atrasos y obstáculos en temas de memoria, verdad, justicia y reparación.
¿Cómo fue tu visita a Uruguay?
Tuvimos una agenda muy intensa, que empezó con reuniones con el equipo de las Naciones Unidas en el país y con la cancillería. También tuvimos encuentros con la Institución Nacional de Derechos Humanos, los responsables del sistema carcelario, el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, el Ministerio de Economía y Finanzas, el secretario de Presidencia para los Derechos Humanos y el prosecretario de Presidencia, así como con representantes del Parlamento y la presidenta de la Corte Suprema. También visitamos la Colonia Berro, participamos en una instancia con [la asociación de ex presos políticos] Crysol y en la celebración del 20º aniversario del Estatuto de Roma… Tuve de todo.
¿Qué temas está siguiendo ACNUDH en Uruguay?
Son los que tratamos en toda la región: memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas de las dictaduras, temas de seguridad pública que tienen que ver con los derechos humanos –como la prevención de la tortura o el uso de la fuerza contra la protesta social–, la discriminación y, obviamente, el enfoque de derechos humanos en los temas de desarrollo. También vemos algunos temas muy específicos ante pedidos puntuales. Por ejemplo, en Uruguay el sistema carcelario nos interesa en tanto prevención de la tortura y su adaptación a las normas internacionales. Ha sido un tema muy grande que hemos hablado con el gobierno, el comisionado parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
¿Qué evaluación hiciste de la situación del sistema carcelario en Uruguay?
Todavía hay mucho para hacer, hay lugares que no acatan en nada las condiciones que deberían cumplir, pero también hay progresos, como que Uruguay tenga la primera sentencia judicial que ordena al gobierno implementar las Reglas Nelson Mandela [nombre coloquial de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos]. Hablamos con el Instituto Nacional de Rehabilitación y vimos los buenos programas que está preparando, su compromiso y su enfoque estratégico para que la rehabilitación sea más efectiva. También el trabajo que se lleva adelante con las penas sustitutivas no privativas de la libertad, que es muy importante y es una vía a seguir, sobre todo con los jóvenes. En cuanto a adelantos, nos parece muy importante que se haya creado una red institucional que brinda un marco de protección, tenemos mucha esperanza de que haya más recursos para el sistema y de que la población comprenda la importancia de que la población carcelaria se rehabilite para no reincidir, especialmente cuando son jóvenes. Aunque la pobreza es muy baja en Uruguay, los que la sufren, sobre todo los jóvenes, necesitan vías de apoyo sostenibles para tener un mejor futuro.
Hace años que el sistema carcelario, en particular el que atañe a los menores de 18 años, está siendo objeto de cuestionamientos por parte de distintos órganos de las Naciones Unidas. Mencionabas algunas mejoras, ¿creés que se están produciendo al ritmo adecuado?
La reforma empezó hace unos ocho años y en este período se ha hecho mucho, pero se requiere un buen plan a seguir, con aspectos financieros, de capacitación, de comunicación con la gente y también con las instituciones, tanto el Parlamento como el Poder Judicial y la Fiscalía. El Poder Judicial tiene los jueces de ejecución, que velan por las condiciones carcelarias, una responsabilidad importante. Y la Fiscalía tiene el rol investigativo y debe atender el tema de derechos humanos y garantías para la población juvenil, tiene que buscar que se construya un buen mecanismo para rescatar a los jóvenes fuera del sistema penal.
¿Cómo ves la situación en cuanto a memoria, verdad, justicia y reparación?
Hemos hablado sobre este tema en muchas instancias con el gobierno y la sociedad civil, que lo tiene como uno de los centros de sus demandas, sobre todo en cuanto a las mujeres que fueron ultrajadas durante el régimen dictatorial. Estos casos no están integrados en las leyes de reparación tal como existen actualmente, porque para ser reconocida como víctima o recibir una reparación económica una persona tiene que probar daños gravísimos, que en muchos casos no incluyen la violación sexual porque no siempre deja los daños gravísimos previstos en el Código Penal. Sin embargo, bajo el Estatuto de Roma está observado que la agresión sexual es un crimen de lesa humanidad en el marco de un conflicto, de regímenes dictatoriales o de tortura. Es una tarea que queda un poco pendiente y depende mucho de que las propias mujeres se animen a hablar de lo que les pasó. Ahora hay un antecedente muy importante, el caso de las 28 mujeres que sufrieron abusos sexuales durante la dictadura; el mes que viene empiezan las audiencias para más de 60 testigos. Es importante que ese tipo de casos también se vea reflejado en las leyes de reparación.
¿Qué otra problemática les fue planteada en torno a este tema?
Otro problema que se denunció es que la pensión especial reparatoria fue tomada prácticamente como una alternativa a la jubilación, no se permite tener las dos. Eso confunde su naturaleza, porque por el trabajo una persona aporta para tener derecho a la jubilación, y eso no tiene nada que ver con la reparación, que debería ser aparte, no una alternativa. Esta objeción se le planteó al gobierno, que explicó que cuando se tomó la decisión [de establecer la pensión especial reparatoria] se optó por esa modalidad porque se supuso que las personas que fueron presas políticas, que fueron torturadas, no serían capaces de acumular aportes como para jubilarse. Sin embargo, más de 1.800 personas que hoy reciben la pensión especial reparatoria también tienen derecho a la jubilación. Esperamos que pueda haber una solución un poco más justa para estas personas, que hoy son obligadas a elegir, pero eso también depende mucho de los recursos que el Estado pueda adjudicar.
¿Qué dijeron desde el gobierno en ese sentido?
En el Ministerio de Economía y Finanzas nos dijeron que bajar el déficit fiscal es fundamental para lograr la confianza para obtener inversiones y créditos. Nos duele que la reducción del déficit fiscal sea un argumento para decir que no es posible brindar las pensiones especiales reparatorias a las víctimas de la dictadura, pero apreciamos que el gobierno busque esa reducción a través de la Caja Militar, por medio de la cual muchos de los victimarios reciben una pensión muy grande. Hay un desbalance ahí. Hay esfuerzos del gobierno, sabemos que hay buena voluntad, conocemos las limitaciones. El gobierno nos aseguró que está viendo la situación para buscarle una solución.
También hay críticas por la lentitud en los procesos judiciales, ¿les plantearon algo de eso?
Lamentablemente la Justicia es un tema pendiente en Uruguay: hay más de 200 casos que se han convertido en causas y muchos están pendientes de ser vistos. La creación este año de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad es un paso muy importante, porque logra una visión especializada y unifica la estrategia y el manejo de esos casos. Hay una esperanza muy grande de que se logre reducir un poco la carga que se acumuló. Esto debería ser correspondido por el Poder Judicial con un juzgado especializado, porque los casos son vistos por jueces diferentes y cada uno tiene su punto de vista y su estrategia. Es muy importante que el tema de la Justicia se termine pronto y de forma seria, porque se mueren las víctimas y se mueren los victimarios; es decir, en pocos años no habrá razones para seguir este tipo de casos, porque ya no estará ninguno de los actores. Por ejemplo, en el caso de las 28 mujeres, desde que comenzó la causa dos han muerto. Hay que hacer justicia también en el sentido de que muchos casos entraron en el sistema muy tarde porque las víctimas no fueron capaces, no se animaron, no se sentían seguras de denunciar, pero ahora que están en el sistema hay una oportunidad.
Entrando a otro tema: ¿qué desafíos enfrenta Uruguay ante la llegada de inmigrantes desde otros países latinoamericanos?
Partimos del punto de vista de que hay estándares internacionales y marcos políticos sudamericanos de los cuales Uruguay es parte y que son muy claros. Uruguay es muy bueno en otorgar al migrante una situación de normalidad y regularidad; el proceso es corto, simple y se cumple. El problema es más bien a nivel de integración laboral y otros aspectos sociales, vinculados, sobre todo, a la vivienda. Con la escasez de vivienda que hay en Uruguay, que nos dijeron que es de unas 300.000 viviendas, obviamente el migrante o la persona que llega a Uruguay está en desventaja. Hay pensiones que no reciben a mujeres con niños, entonces, ¿a dónde van? Tenemos casos que son realmente terribles. Hace poco unas diez mujeres, entre ellas seis peruanas y dominicanas, con diez niños –todos menores de diez años y algunos bebés–, ocuparon un edificio que estaba vacío desde hacía diez años, lo arreglaron un poquito y lo tomaron. Ahora fueron desalojadas por la fiscalía bajo dos procesos: el civil, de desalojo, y el penal, de usurpación. La fiscalía ha tomado este papel de seguir el proceso del desalojo y eso es terrible, porque no hubo una institución gubernamental que protegiera los intereses de esas mujeres. Esos casos son una muestra de que la voluntad política no siempre está bien entendida en todos los brazos del gobierno o en las esferas más técnicas del Estado. Hay que trabajar bastante para ser coherente como Estado en la protección de los derechos de los migrantes. Es un tema importante y que supone muchos retos a Uruguay.
¿Hay algún otro tema que te hayan planteado las organizaciones sociales?
Tanto las instituciones estatales como la sociedad civil reconocieron que en Uruguay todavía existen patrones culturales de machismo, de desprecio del lugar de la mujer. Si bien la agenda legislativa está más o menos resuelta y el Estado ha tomado muchas medidas para adoptar una ley concerniente a la violencia contra la mujer, la implementación está siendo muy difícil. Eso también hace que el nivel de violencia contra la mujer sea todavía alto y que haya un elevado índice de femicidios. Ese tema es muy importante para nosotros. Nos importa mucho que las mujeres se sientan seguras, que haya un nivel de participación en todos los órganos… por ejemplo, es terrible que el Congreso tenga sólo 17% de mujeres. Creo que son cosas que Uruguay no necesita, que puede ser mejor que eso.
¿Cuáles son los pasos a seguir por ACNUDH ahora?
Nosotros hacemos un protocolo de reuniones y armamos un plan de seguimiento que se presenta al gobierno. En la próxima visita, en noviembre, se va a finalizar un plan de equiparación con el gobierno sobre los temas que quiere priorizar y en el que nosotros vemos también una oportunidad para apoyar al Estado.
FIN
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